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La arquitecta Laura Caballero, presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, analizó el rol del IPV en el desarrollo urbano de la provincia, el déficit habitacional, la importancia de la planificación y los desafíos para el 2026. Destacó que la gestión provincial logró reactivar casi todas las obras paralizadas y entregar más de 6.500 escrituras.
¿Qué lugar ocupa el IPV hoy en el desarrollo urbano de la provincia?
Creemos que, en este concepto que estamos viviendo, debemos reconocer que hemos tenido que reestructurarnos de acuerdo con las políticas del Gobierno nacional. Antes teníamos un lineamiento muy marcado desde la política nacional, y ahora, al tener que tomar decisiones desde el punto de vista provincial, debemos adaptarnos a las políticas que hoy se plantean a nivel país, donde no es prioridad resolver viviendas desde el Estado. Como Provincia, creemos que todavía tenemos una gran responsabilidad en esto, hasta que el sector privado pueda o no absorber a toda esta gran masa de familias que aún no pueden acceder a la vivienda. Ese es el concepto que maneja hoy el Gobierno nacional. En ese contexto, hemos decidido prestar colaboración y apoyo a todos los municipios -los 60-, con un concepto de poder ayudarlos en este ordenamiento urbano. Es real y es una problemática que venimos sufriendo hace muchos años: la falta de suelo urbano. Quizás se nota más en zonas como el área capital o metropolitana, donde los límites geográficos hacen que esto se marque aún más que en otras ciudades pero también vemos que hay que prestar colaboración a los municipios más alejados, porque quizás no tienen las capacidades técnicas para resolver estos crecimientos y este ordenamiento de las ciudades, que, queramos o no, van creciendo, a veces a una velocidad que supera la capacidad técnica para resolver estos temas.
¿Cómo trabaja desde el IPV para dar respuesta al déficit habitacional?
Tenemos dos datos. Uno es el déficit que se establece a través de los censos y de todas las estadísticas. Pero nosotros tenemos nuestra propia demanda, y eso se basa en los requisitos que tiene el IPV, que quizás no son los mismos en todos los contextos. Nosotros tenemos requisitos muy establecidos, y eso hace que nuestra demanda sea en función de la gente que tenemos activa e inscripta. Por ejemplo, tenemos una demanda habitacional en la provincia con fichas activas de casi 15.000 familias, porque esa es una condición importante: estamos hablando de familias. Además, tenemos otras más de 10.000 que hicieron una primera preinscripción pero no terminaron el trámite. A esas también las consideramos dentro del número general, porque reflejan la misma situación.
¿Se están ejecutando proyectos?
Constantemente estamos reformulando proyectos y estamos preparados con los equipos técnicos en la medida de las posibilidades de financiamiento. Es cierto que el financiamiento se ha reducido, y ahora toda la ejecución de viviendas que estamos afrontando es con fondos propios y provinciales. En ese marco, se han desarrollado algunos programas. Pero nosotros lo que hacemos es generar desarrollo y posibles soluciones, no solo viviendas, sino también suelo urbano, es decir, lotes con servicios. Venimos trabajando junto a muchas municipalidades para tratar de desarrollar y brindar una forma de solución habitacional. Dar el puntapié inicial facilitando un lote con servicios a una familia nos ayuda a avanzar en ese proceso. También creemos que en este contexto es muy importante el tema de la regularización dominial. Teníamos una deuda de muchos años con muchas familias que no podían recibir sus escrituras, y en esta gestión del gobernador Sáenz llevamos más de 6.500 escrituras entregadas en toda la provincia. Lo que conseguimos es que la seguridad jurídica que da este título de propiedad brinda la oportunidad de pedir un crédito, ampliar, mejorar las viviendas o venderlas en buenas condiciones para acceder a una unidad mayor, más grande, y acorde a las necesidades familiares.
¿Qué otros desafíos tienen hoy para seguir construyendo viviendas?
En este contexto, el desafío más grande es el tema financiero: poder darle accesibilidad a las familias, entendiendo que ahora el lineamiento nacional se basa en el crédito hipotecario. Sin embargo, nosotros tenemos una gran demanda que todavía no puede acceder a esos requisitos. Vamos a tener que buscar mecanismos de trabajo entre el sector público y el privado, generando fuentes de desarrollo inmobiliario que sean más accesibles para las familias. También estamos trabajando en esas políticas y buscando formas de desarrollo, sin dejar de lado que siempre vamos a asistir a las familias más necesitadas, en la medida de nuestras posibilidades. Fue un año muy difícil. Debemos reconocer que poder reiniciar todas las obras que estaban paralizadas, muchas de ellas con meses de atraso en los pagos, y renegociar cada contrato, no fue fácil. Algunas provincias directamente abandonaron o paralizaron obras, pero nosotros reactivamos casi el 98% de todas las obras que estaban detenidas. Seguimos trabajando en ese contexto para resolver la situación. Algunas obras no se reiniciaron, más por cuestiones técnicas que financieras, pero lo hemos hecho con el objetivo de dar respuesta tanto en capital como en el interior, que para nosotros también es muy importante.
¿Cuáles fueron las últimas viviendas que entregaron y cuáles son las próximas?
Entregamos casas en El Galpón, Luracatao, Cachi y Animaná, y hace muy poco sorteamos las de Apolinario Saravia, que estaríamos entregando hacia fin de año. Los próximos sorteos serán en Coronel Moldes y Rosario de la Frontera, donde las obras están en sus detalles finales. También tenemos obras en ejecución en Río Piedras, Copo Quile, Capital y Tartagal. Estas últimas representan el número más importante: en Capital tenemos 1.170 unidades en ejecución y en Tartagal 252 unidades.
¿Qué importancia tiene la planificación urbana en los proyectos?
La planificación urbana es un punto fuerte. Trabajamos de manera conjunta con los municipios y entidades de servicios para definir objetivos claros y proyectar a distintos plazos. Anticipar la infraestructura necesaria permite ordenar el crecimiento y evitar problemas futuros, garantizando que nuevas urbanizaciones cuenten con servicios esenciales como agua y energía.
¿Qué expectativas tienen para el 2026?
Planeamos continuar con la política del Estado provincial en el desarrollo de viviendas y seguir trabajando en conjunto. Cuando hablamos de lo público y lo privado, uno de los proyectos que pusimos en marcha en Capital es el "Ahorro previo". Si bien es un aporte individual de las familias, forma parte del trabajo conjunto con empresas o desarrolladores privados. Creemos que esa es la forma de avanzar en este tema de la vivienda, que sigue siendo una gran demanda en nuestra sociedad. En este momento, el gobernador tiene el concepto de vivienda y desarrollo urbano como un punto clave de su gestión. Vamos a seguir asesorando y colaborando, porque hay una perspectiva de continuidad: seguir desarrollando y aportando siempre al salteño la posibilidad de acceder a la vivienda, de darle la oportunidad y el puntapié inicial, que es lo que más cuesta hoy a cada familia.