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Continuidad y cambio son dos caras de una misma moneda: uno es condición de posibilidad del otro y viceversa. Esta paradoja explica la seguridad jurídica como fundamento central de cualquier política de transformación.
Una vez más se ha instalado en la Argentina la necesidad de un cambio sin tener en cuenta los límites y potencia de su contracara, la continuidad. Es una propuesta con forma de dogma, porque con mucho de irracionalidad pontificia, expresa que todo lo que se le oponga es una antinomia carente de sentido común.
El peligro queda expuesto en su plenitud con la discusión parlamentaria de la Ley de Bases. Pocos niegan virtudes y necesidades perentorias que incluye el proyecto. Casi ninguno esgrime datos y argumentos; los griegos dirían: mucha doxa (opinión) y poca episteme (conocimiento).
Uno de los capítulos más relevantes es el régimen para grandes inversiones ("RIGI"). En prieta síntesis, todas aquellas por un valor superior a los 200 millones de dólares gozarían de beneficios impositivos, aduaneros y estarían libres de controles de cambio. Una zona franca para la inversión que apunta especialmente a los recursos naturales.
Tiene todo el sentido: somos uno de los países con mayor riqueza minera y de petróleo y gas. Como sostiene el argumento común: un despropósito que quede "enterrada". Pero es aquí donde debiera aparecer la razón, que deje de lado las antinomias "pueblo que quiere el cambio versus casta que se opone", y emerger la división de poderes a pleno, junto a la enriquecedora teoría del punto de vista.
Para ser más precisos, como enseña el maestro José María Fanelli, al menos dos teoremas debieran ser tenidos en cuenta como filtro que de consistencia al RIGI: Hartwick y Hotellilng.
El primero plantea el "kairos" griego, es decir, cuándo conviene extraer los recursos, atento a factores como la tasa de interés, la tecnología y el precio proyectado del commodity. Que quede claro: no plantea no explotar los recursos naturales, sino hacerlo al ritmo más conveniente para los intereses del país. Parece algo elemental, pero la verdad sea dicha, nadie hasta acá ha presentado ni un dato cuantitativo que facilite una decisión fundada.
El segundo refiere al cómo gastar la renta extraordinaria de recursos que no son infinitos. "Nihil nuovo sub sole": ya vimos lo que pasó con las privatizaciones… la enseñanza es que hay generaciones futuras que hay que tener en cuenta; la otra, que hay forma de que no sea el Estado el que la gaste mal y arbitrariamente; y que se puede lograr que parte de la renta vaya a donde tiene que ir: empleo, infraestructura, educación, pymes. Fondos soberanos de inversión, son la respuesta; desde Chile a Noruega lo han hecho.
El gobierno ha hecho un aporte enorme. Volteó tótems de irracionalidad, como que la emisión no causa inflación o que el Estado debe desplazar a la inversión privada. Es un éxito cultural mayúsculo. Queda la parte más ardua, que es empezar a hacer política desde la racionalidad y no desde el dogma. Y sin contradicciones: cambiar el porcentaje de las regalías no ayuda a la seguridad jurídica que el RIGI pretende instalar.