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Greenpeace ya no busca yaguaretés que mugen y, por ahora, parece haber olvidado su obsesión por encontrar desechos radioactivos tirados por los basurales. Sin embargo, vuelven a dejar liberada su imaginación orientada al catastro de bosques y a detectar desmontes imaginarios.
Hace unos días publicaron un nuevo informe sobre la situación de la deforestación en el bosque norteño, que fue desmentido por las , autoridades provinciales del Chaco. Su imaginativo registro de imágenes satelitales dio cuenta de supuestos desmontes de 59.557 hectáreas en la región durante el primer semestre: en Chaco serían 27.148 hectáreas; en Santiago del Estero, 21.047 hectáreas; en Formosa, 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas.
La entidad - en su sucursal argentina, históricamente anti productivista-, consideró que "es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema", dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Pero Gustavo Vázquez, director de Bosques de la provincia del Chaco, dijo al diario chaqueño Diario Norte que la medición de Greenpeace incluye "una visión amplia que contempla no sólo los desmontes ilegales sino también actividades autorizadas como los sistemas silvopastoriles y los deslindes". "Ellos toman, por dar un ejemplo, en los cambios de cobertura los silvopastoriles y los deslindes. Es decir, todas esas cuestiones que hacen al trabajo propio de un establecimiento, pero que no se podría considerar un desmonte", añadió. Y puntualizó que Greenpeace sumó hectáreas autorizadas.
La deforestación de la región chaqueña forma parte de un escenario complejo. Si se considera incompatibles la producción con la preservación del monte, el bosque nativo habrá perdido la batalla, porque los fundamentalismos solo pueden conducir por el peor de los caminos. Hay enormes extensiones en las que pueden convivir la ganadería y la agricultura con el monte nativo. Un programa positivo de desarrollo sustentable, desarrollado por los gobiernos de la región con acuerdos, también con Bolivia y Paraguay, haría posible reforestar las áreas degradadas, por múltiples razones. También, recuperar corredores forestales y ecosistemas con su fauna y su flora. Además, facilitaría la evolución de las economías de subsistencia y mejorar la calidad de vida en toda la región.
El informe de Greenpeace vuelve a coincidir con un momento crucial para la integración de la economía argentina al intercambio global. Presionados por los productores rurales de sus países, los gobiernos europeos sancionaron la norma EUDR 2023/1115, para evitar que ingresen a la Unión Europea productos agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas a partir de 2021. Esta norma entrará en vigor el 1 de enero de 2025
El productor, ingeniero agrónomo y ex jefe de gabinete del Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca Santiago del Solar considera que "la docilidad que el país viene mostrando frente a la UE es un gran error y una gran ingenuidad". El experimentado productor ve un negocio detrás de ese reclamo: "Argentina ya tiene un sistema de certificación que es el RENSPA. Pero hay un negocio atrás: el de certificar los 16 millones de hectáreas de soja". Teniendo el RENSPA bastaría con certificar las 3.000 o 5.000 hectáreas que se desmontaron desde aquella fecha.
Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, el Estado nacional y los gobiernos provinciales del Norte Grande no llegaron a conciliar las necesidades productivas con los compromisos ambientales. Mientras esto no ocurra, el conflicto seguirá construyendo otra grieta, insalvable. Una grieta que crece con la desidia y es atizada por intereses comerciales ajenos a la región y a las necesidades de su gente. (Fuentes: diario Norte, de Chaco, y página Bichos de Campo).