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Las gravísimas acusaciones de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández merecen la intervención digna y eficiente de todo el poder judicial. No puede quedar en entredichos o largos años de litigio un suceso que afecta al orden público cuando la víctima es una primera dama y el acusado un presidente en funciones al momento de hecho.
El contexto en el cual se describen los posibles hechos delictivos concuerda con el desastroso periodo en el cual el gobierno del Frente de Todos estaba sumido en una profunda división, arrastrando también a la gestión y a la inhabilidad de solucionar los varios problemas del país. Llegar a la verdad debe ser prioritario para darle justicia a la víctima, proteger el derecho de cualquier mujer a animarse a denunciar a quien las violente, sea quien sea, y también devolver a la figura presidencial la idoneidad que demanda.
Somos testigos de una degradación interna que nos sacude con preguntas de qué otros sucesos no estaremos enterados. Las órbitas del poder suelen ser espacios celosos, cuidados, privados y plagados de secretos que sirven como fuentes de negociación y como salidas de escape a demandas de la realidad.
Los sótanos de la democracia
Los famosos sótanos de la democracia existieron y existirán a medida que quien ocupe cargos públicos piense en sí mismo y no en lo que el deber manda. El expresidente Fernández logra incluirse en la lista de máximos mandatarios con presunto o confirmado prontuario. Desde el retorno de la democracia hasta acá, con la excepción de Alfonsín, los demás expresidentes han tenido graves problemas con la justicia – ya sea procesado o condenado. Si el trabajo está bien hecho, las condenas o procesamientos no suelen llegar. Pero cuando el máximo mandatario afronta denuncias fundadas, es justo que sea investigado y, si es probado culpable, condenado. Como en este caso particular de violencia de género o malversación de fondos por irregularidades en las contrataciones de seguros atribuida a Fernández, la Justicia debería encarar con la misma atención los otros casos pendientes, que incluyen a mandatarios recientes. Si el peso de la ley es desigual, entonces no es la ley lo que se aplica.
El foco en la Justicia
Por eso debemos también poner foco en la Justicia argentina. Según el Índice de Confianza en la Justicia de mayo 2024 de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, solo el 28,4% de los encuestados a nivel nacional está de acuerdo con que el poder judicial tenga los atributos de imparcialidad, honestidad y eficiencia. Las casualidades en Comodoro Py parecen digitadas cuando jueces federales salen sorteados sucesiva y sorpresivamente en causas de relativa importancia política.
En este caso, el juez Julián Ercolini instruye la causa, no sin dudas sobre su imparcialidad política. El ser y parecer es un todo en la administración de la Justicia. Sin el resguardo de idoneidad y de perfecta separación de intereses, aquello que es la búsqueda de la verdad para con la víctima, puede terminar siendo otro instrumento político más que agrava la situación original.
El juez Ercolini fue nombrado por el expresidente Néstor Kirchner en 2004 y fue colega de cátedra en la UBA con Fernández bajo el mando del exprocurador Esteban Righi. También fue el juez instructor en las causas Hotesur y Los Sauces y el expediente conocido como "Vialidad", el único en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión. También fue Ercolini quien procesó al técnico informático Diego Lagomarsino en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
¿Bolillas atascadas en los sorteos? ¿falta de jueces federales?
El análisis crítico de la Justicia nacional no es para disminuir la gravedad de la acusación a Fernández. Es todo lo opuesto: si el poder tiene que ser condenado por delitos, necesitamos el mejor sistema y personas en la justicia. Por ejemplo, una Corte Suprema completa, con balance de pericia, y con mujeres ministras. La idoneidad del juez es clave porque también es sabido que Fernández, siendo presidente, y en cadena nacional, acusó al juez Ercolini de participar del viaje al Lago Escondido donde junto con otros jueces federales, funcionarios porteños, ex agentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín viajaron a la casa del magnate ingles Joe Lewis ubicada en la provincia de Río Negro. La acusación de Fernández fue que el viaje sirvió para conspirar contra la vicepresidenta de turno. La causa iniciada en 2022 concluyó en sobreseimiento por ausencia de delito en diciembre 2023, a pocos días de la asunción del gobierno de La Libertad Avanza.
Los servicios de Inteligencia
Al prontuario presidencial argentino y las dolencias del sistema judicial podemos sumar el uso indebido e impresionante de los servicios de inteligencia. El mismo caso del Lago Escondido fue público después de un hackeo al celular del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro en aquel momento. Hoy vemos cómo la causa contra Fernández es básicamente filtrada al mismo tiempo que suceden las declaraciones, se entregan escritos o se citan a los testigos.
¿Será casualidad el giro discrecional de 100 mil millones de pesos en fondos reservados a la nueva encarnación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)? El objetivo de la pregunta no es buscar la calumnia o prenderse del sensacionalismo antiético del rumor y falta de pruebas. Es simplemente una pregunta que lleva a pensar con qué tipo de calidad democrática queremos ser como país cuando partes del mismo sistema vive a las sombras y no rinde cuentas.
Rendir cuentas ahora que se acusa a la SIDE de maniobras ilegales sería lo mejor para el país. También es necesario preguntarse y exigir saber qué inversión es necesaria para gastar $100 mil millones en un contexto donde un millón de niños duermen diariamente con hambre en la Argentina. Y valga la crítica a todos los gobiernos democráticos de los últimos 20 años: Néstor Kirchner dedicó a los gastos reservados, a valores de julio de 2024, $540 mil millones (2003-2007), Cristina Fernández de Kirchner, $680 mil millones (2008-2015), Mauricio Macri $151 mil millones (2015-2019) y Alberto Fernández, $28 mil millones.
Si la jubilación mínima en agosto 2024 fue de $230.000, los $100 mil millones alcanzarían para cubrir 72.000 jubilaciones mínimas. Puesto de otra manera, los fondos serían más útiles compensando la caída del 22,9% del salario docente universitario de noviembre a julio, o la recontratación del 38% del personal despedido en la línea 144 de asistencia a la víctima de violencia de género. O a motivar la reactivación económica después del esfuerzo sobrehumano de la sociedad al absorber un ajuste cercano al 5,4% del PBI, con una reducción del gasto en 35% según la Fundación Mediterránea.
Un ajuste que causa una recesión con números pandémicos donde en el periodo de seis meses las provincias -con la mayoría en situaciones de pobreza extrema, como Salta- dejaron de recibir 98% en transferencias de capital y 74% en transferencias corrientes de Nación. Números impactantes cuando el ajuste se está haciendo sobre la inversión pública (-71%), los subsidios económicos (-43%), y las jubilaciones (-27%).
Entonces, que la Justicia avance, que el poder de la ley sea aplicable de manera igualitaria e imparcial, que los presidentes honren su cargo, y que el gobierno de turno justifique sus acciones. Ser espectadores de un gran espectáculo de chimentos no es la solución cuando los problemas estructurales del país urgen.