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La designación por decreto de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Decreto de necesidad y Urgencia para aprobar un crédito con el FMI, decidida por el presidente Milei, son resoluciones políticas que vulneran la institucionalidad. Ambas decisiones pusieron a prueba a oficialistas y opositores, que optaron por dar muestra de racionalidad política para neutralizar la política de impedir del kirchnerismo en el Senado y dotar de los instrumentos al gobierno para sortear una situación económica compleja y de difícil resolución.
Los últimos cinco miembros de la Corte Suprema de justicia de la Nación fueron designados uno por el expresidente Eduardo Duhalde, dos por el expresidente Kirchner y dos por el expresidente Mauricio Macri, manteniendo un equilibrio que alentaba a pensar en la ecuanimidad de la justicia en Argentina.
En la Corte
El 1 de noviembre de 2021 renuncia a la corte la Dra. Elena Highton de Nolasco y el 29 de diciembre de 2024 el Dr. Juan Carlos Maqueda. El gobierno del expresidente Alberto Fernández no logró el consenso en el Senado para proponer un nuevo juez para la corte. En consecuencia, el gobierno del presidente Javier Milei quedó habilitado para proponer dos nuevos magistrados por medio del mecanismo previsto en la Constitución Nacional, por el cual, los jueces de todos los rangos deben ser designados por acuerdo del senado.
"La racionalidad es un imperativo en un país agobiado por agravios, sin presupuesto ni controles institucionales".
En este contexto, el presidente Milei nombra por decreto como miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Dr. Manuel García Mansilla y al Dr. Ariel Lijo. La designación por decreto, vale reiterarlo, es anticonstitucional y contraria a la mejor tradición política argentina.
Los argumentos del gobierno no son jurídicos – por más recursos leguleyos que se esgriman – sino políticos, es decir, tienen que ver con la correlación de fuerzas existente en el Senado de la Nación, en el cual el kirchnerismo no discute, impide, imponiendo su mayoría. Ejemplo de esta disposición política de impedir, es el caso de la propuesta para designar un nuevo Procurador General de la Nación realizada por el expresidente Fernández, paralizada por más de tres años sin lograr el acuerdo del senado.
Desde la renuncia de la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, el 30 de octubre de 2017, el Ministerio público está a cargo en forma interina del veterano funcionario Eduardo Casals.
De todos modos, la designación por decreto de los miembros vulnera su independencia y coloca a la corte a merced del poder político.
¿Por qué los miembros de la corte suprema deben ser designados por este mecanismo de acuerdos en el senado de la nación?
Porque está pensada como un contrapoder, es decir, controla al poder político: al ejecutivo que gobierna y al legislativo que dicta las leyes. Velando por la vigencia de la Constitución Nacional y de impartir justicia resolviendo sobre si las leyes son constitucionales o no.
También, porque sus cargos no tienen otro plazo que la edad del magistrado, para asegurar que la continuidad de sus miembros no dependa de intereses económicos o partidarios.
No podrían ser reemplazados por un decreto presidencial, sólo por juicio político.
Otra razón que este procedimiento prevé la difusión pública de los nombres propuestos y sus antecedentes judiciales.
Poniendo a consideración de la comisión del Senado la opinión de Fundaciones, ONG, Asociaciones por los derechos civiles, los colegios profesionales, las universidades, los gremios judiciales, que promueven el mejoramiento de la justicia; la opinión de estos miembros de la sociedad civil respecto de las ideas y calidades personales de los candidatos son esenciales, para conocer los apoyos y objeciones de quienes interactúan en el diálogo público.
El DNU por el acuerdo con el FMI
En la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, el presidente Javier Milei dijo "que dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, en los próximos días" le pediría al Congreso "que apoye al gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario", pero el 10 de marzo publica en el Boletín Oficial el DNU que justifica y sella la toma de crédito en el acuerdo con el FMI, salteando a las cámaras de diputados y senadores, es decir, se renegocia la deuda sin discutir en ningún ámbito legislativo. La aprobación de una sola de las Cámaras es una innovación de dudosa constitucionalidad, dispuesta por Cristina Kirchner se convirtió en un pírrico triunfo libertario la semana pasada, en Diputados.
La decisión de dictar el DNU, viola la ley La Ley 27.612 del año 2022 de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, en su artículo 2 afirma que "todo programa de financiamiento u operación de crédito realizado con el Fondo Monetario Internacional, así también como cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente", es decir, obliga al poder ejecutivo a obtener la aprobación del Congreso para contraer deuda pública.
Esta ley es producto de los recaudos que se tomaron ante el antecedente del crédito de 50 mil millones de dólares, dado a la Argentina durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y por sólo la voluntad de dos personas: los entonces presidentes Donald Trump y Mauricio Macri; oportunidad en que se violaron los estatutos del FMI y se dejó al margen de la decisión a todo el arco político de argentina.
El crédito referido, ubica a la Argentina como el país más endeudado con 44 mil millones, seguidos por Egipto (11 mil millones), Ucrania (9 mil millones), Pakistán (7 mil millones), Ecuador (6 mil millones), respectivamente y sitúa al país con una notable fragilidad financiera y sin crédito en los mercados financieros.
En el contexto actual; en que las reservas cayeron u$s1000 millones en cuatro días, suba del riesgo país que nuevamente perforó los 700 puntos básicos, alzas del 4,9% - la mayor suba del año - en los contratos de dólar futuro; fue aprobado el DNU, sin conocer los plazos, tasas, ni montos, que habilita al gobierno del presidente Milei a proseguir las negociaciones y acordar con el FMI.
Esta decisión -la de aprobar el DNU- tomada por oficialistas y opositores puso a prueba a los legisladores que optaron por dar una muestra de racionalidad política, teniendo en cuenta los antecedentes mencionados y el contexto descripto.
Redes
La racionalidad es necesaria en un país lleno de palabras agraviantes desde todos los estamentos del gobierno y la legislatura, que se trasladan en tono procaz a los operadores políticos de redes digitales, sin presupuesto por segundo año consecutivo y debilitado en sus controles institucionales y, desprovisto de procedimientos que auspicien la discusión de ideas que dan asertividad y legitimidad a las políticas.
Asertividad y legitimidad basadas en controles y equilibrios que generan los consensos y políticas apegadas al cumplimiento de la ley y la Constitución Nacional, única garantía de progreso y convivencia política.