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La peor forma posible de iniciar la recomposición política de la relación entre Nación y Provincias, mediante una mesa federal de gobernadores, anunciada por el presidente de la Nación luego de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, ha sido sin duda el veto total al recientemente sancionado Proyecto de Ley 27.794, de coparticipación de fondos que integran los aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sobre llovido, mojado.
Frente a semejante proyecto federal, impulsado casi de forma inédita, por todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, de consuno y con la intención de reconducir estos recursos tributarios de asignación discrecional de Presidencia hacia un esquema de distribución objetiva y automática conforme a los coeficientes de coparticipación de impuestos general, el Presidente ha opuesto un incomprensible veto, que complica la relación con las provincias, con el mismo fundamentalismo, cerrazón y unitarismo conceptual con que se viene manejando desde el inicio de la gestión presidencial.
Resulta curioso que entre los fundamentos del decreto de veto (652/2025) se cite el artículo 75°, inciso 2 de la Constitución Nacional de 1994, que es un artículo posterior en el tiempo al régimen de los ATN que data de 1988 y en mi modesta opinión, dado ese atraso conceptual - no es el mismo Federalismo el de 1988 que el de 1994-, la configuración del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no responde precisamente a dichos criterios constitucionales.
Estos -bueno es recordarlo-, hablan de criterios objetivos de reparto, para que la Coparticipación sea equitativa, solidaria y de prioridad al "logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".
La historia ha demostrado un uso, más que discrecional sino arbitrario en verdad, de reparto de esos Fondos ATN para premiar a Gobernadores políticamente amigos y castigar a díscolos, no siendo en modo alguno un instrumento de asignación equitativa y solidaria de fondos del Estado Nacional (salvo alguno que otro caso de emergencia) a las provincias, en verdad pobres y desiguales entre ellas, pero con un grado tan diferente o tan inequitativo de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades, que lastima de sólo observarlo. Tomemos a guisa de ejemplo, un trabajador de Urundel o una poceada ruta hacia los Valles Calchaquíes o por Taco Pozo, con el bienestar de un trabajador de Puerto Madero, las oportunidades en Palermo o la obra de autopista de trinchera abierta, en el Paseo del Bajo Porteño.
Dice el presidente, además en el decreto de veto que "en ese espíritu, y con el objetivo de alcanzar el tan postergado acuerdo federal, este Gobierno Nacional impulsó la firma del Pacto de Mayo, por medio del cual el Presidente de la Nación y una pluralidad de gobernadores expresaron su compromiso con la reconstitución de las Bases de la Argentina y la reinserción de nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad".
Sin embargo los gobernadores recientemente en distintas alineaciones (Provincias Unidas) o incluso nuestro gobernador de Salta en solitario han salido a denunciar precisamente las faltas a ese compromiso por parte del propio presidente, que a sus fieles -entre los que no me incluyo- en gráfica metáfora ha fallado como "paloma de iglesia" y con ello a todo el pueblo de las provincias en materia básicamente de obras públicas, como saneamiento (para no defecar en baldes) y transporte vial (como el puente de Vaqueros) para citar sino dos ejemplos de obras federales.
Frente al centralismo reinante, exacerbado en tiempos libertarios, en el que los gobernadores deben mendigar los recursos que pertenecen a las provincias - las únicas que generan la riqueza de la Nación-, y especulan con la foto en la Rosada o la asistencia y firma de pactos inverosímiles, se opone esta reacción de tardío federalismo, que alguna desmirriada luz de esperanza permite abrigar para la puesta en marcha del proyecto federal todavía diseminado en cláusulas incumplidas. Ya vamos para los 30 años de incumplimiento de la cláusula transitoria sexta de la reforma del año 1994, que establece que un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso segundo del art. 75 "serán establecidos antes de la finalización del año 1996".
Pero como bien lo señala en X, Andres Gil Dominguez, "No se trata de una puja fiscal, sino de una decisión sobre el modelo de país que queremos habitar: uno donde las provincias sean socias activas en la construcción del desarrollo nacional o bien otro donde sean meros engranajes subordinados a la lógica del centralismo unitario". Nos ubicamos en la primera de las opciones y esperamos que el Congreso, sede de la democracia federal en Argentina ratifique con su insistencia frente al veto, el desarrollo del programa trazado ya desde el artículo 1 de la Constitución: "La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal".