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Descartada la hipótesis de una intervención militar directa cuyas posibles consecuencias incluyen una estampida de millones de refugiados que podría desestabilizar a toda la región, la fuerza aeronaval desplegada por Estados Unidos en aguas del Caribe en la cercanía de la costa venezolana presagia que el presidente venezolano Nicolás Maduro y los más altos funcionarios de su gobierno tendrán que abandonar el país para refugiarse en Nicaragua o en Cuba antes de ser capturados y trasladados a territorio norteamericano para ser enjuiciados por cargos de narcotráfico en causas que se tramitan actualmente ante los tribunales de Nueva York y de Florida o, en el peor de los casos, muertos como resultado de un misil disparado contra alguna de sus residencias o escondites secretos por resistirse a sus perseguidores.
La prensa internacional tiende a equiparar el episodio a lo sucedido con la invasión ordenada por el presidente George Bush padre para derrocar y detener al presidente panameño Manuel Noriega, acusado por los fiscales estadounidenses de complicidad con el Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Noriega fue detenido y transportado a Estados Unidos donde fue juzgado y condenado a 40 años de prisión, una pena reducida luego a la mitad por supuesta buena conducta, aunque algunas versiones indicaron que esa rebaja obedeció a la colaboración brindada para delatar a otros socios políticos del narcotráfico.
La causa penal sobre el llamado "Cártel de los Soles", catalogado como "organización terrorista" por la administración de Donald Trump, es una investigación judicial cuya profundidad no reconoce ningún antecedente semejante con algún gobierno extranjero. La Fiscalía de Estado ofreció 50 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro, 25 millones por su lugarteniente Diosdado Cabello y otras cifras astronómicas por la detención de una lista de jerarcas del régimen de Caracas. Recientemente la fiscal Pam Bondi anunció la incautación de 700 millones de dólares pertenecientes a sociedades vinculadas con la familia de Maduro.
Maduro y los suyos se empeñan en negar la existencia misma del "Cartel de los Soles", una red criminal que involucra a la cúpula gubernamental, altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), jefes de los organismos de seguridad del Estado y encumbrados magistrados judiciales. Pero la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas acreditó la existencia de la organización.
La primera acusación formal contra el cártel se registró en 2020 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, durante el gobierno de Joe Biden pero el procedimiento fue congelado tras una negociación entre Washington y Caracas que incluyó el canje de unos de los principales testaferros de Maduro, Alex Saab, por tres estadounidenses presos en Venezuela, así como el compromiso del régimen "chavista" de convocar a elecciones presidenciales en 2024.
La denominación de "soles", que alude al distintivo que ostentan en la solapa de sus uniformes los generales venezolanos, surgió en 1993 cuando dos generales de la entonces Guardia Nacional (hoy Guardia Nacional Bolivariana, GNB), entre ellos el jefe de la unidad antinarcóticos, Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron acusados de facilitar el traslado de estupefacientes por las rutas del territorio venezolano.
Las fuentes de inteligencia remontan el origen del cártel a ese episodio de 1993, ocurrido seis años antes del ascenso al poder de Hugo Chávez. En su conformación inicial habría estado integrado por oficiales de las Fuerzas Armadas vinculados con el tráfico de drogas, pero a partir de 1999 creció exponencialmente con la llegada de Chávez a la presidencia y el vertiginoso aumento de las cuotas de influencia política y económica de las recién creadas FANB, amparadas constitucionalmente en la concepción "cívico-militar" de la Revolución Bolivariana, luego apodada "socialismo del siglo XXI".
La coordinación operativa del "Cártel de los Soles" estaría a cargo del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, cuyo nombre de pila identifica la filiación ideológica de su progenitor. Padrino López ocupa ese cargo desde 2014, un año después de la muerte de Chávez, quien en julio de 2012 lo nombró vicecomandante del Ejército y jefe del Estado Mayor. Durante el gobierno de Maduro, Padrino López asumió el control del llamado Arco Minero, que comprende los estados sureños de Bolívar y Amazonas, en la zona fronteriza con Colombia, una región estratégica para los desplazamientos del narcotráfico.
Las acusaciones judiciales otorgan también un papel protagónico a Cilia Flores, esposa de Maduro y oficialmente designada "Primera Dama Combatiente". Flores ya había desempeñado funciones relevantes en la trama de poder en el gobierno de Chávez. Fue presidenta de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011 y Procuradora General de la República entre 2012 y 2013. Su nombre apareció asociado al escándalo de los "narco-sobrinos", Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Fleitas, detenidos por la DEA en Haití en 2015 por tráfico de drogas, sentenciados por la justicia estadunidense y liberados en 2022 tras otro intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
Los investigadores recibieron un aporte de inestimable valor con las revelaciones suministradas por el general Armando Carvajal Barrios, más conocido como "Pollo Carvajal", ex Director General de Contrainteligencia Militar en el período 2002-2011 con Chávez y 2013-2014 con Maduro, que huyó de Venezuela y fue extraditado en 2023 a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Según la DEA, Carvajal participó de una reunión en 2005 entre Chávez y varios de sus lugartenientes, a quienes ordenó que ayudaran al tránsito de la cocaína traficada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Otro testimonio significativo de un "arrepentido" provino del general Cliver Alcalá Cordones, a quien en 2011 la justicia esta dounidense acusó de pertenecer al "Cartel de los Soles" y que en 2019 rompió su lealtad a Maduro, cuando reconoció la legalidad del presidente interino Juan Guaidó, nominado por la Asamblea Legislativa. En 2020 Alcalá se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses que habían ofrecido 10 millones de dólares por su captura. En retribución por sus servicios, en 2023 fueron retirados los cargos por narcotráfico y resultó condenado por delitos menores.
La información proporcionada por Carvajal Barrios y por Alcalá coincidió en destacar la activa colaboración entre el régimen de Caracas y las organizaciones de guerrilleros colombianos, intensificada luego de la materialización de los acuerdos de paz entre el gobierno de Bogotá y la conducción oficial de las Fuerzas Armada Revolucionarias Colombianas (FARC) que motivó la irrupción de diversos grupos disidentes que se volcaron plenamente al narcotráfico.
En los últimos tiempos Maduro apostó por una cierta liberalización de la economía que beneficia a la "boli-burguesía", un neologismo que alude a los grupos económicos surgidos del narcotráfico, que incursionan también en el contrabando y la minería clandestina. La legalización en 2014 de las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE), a imagen y semejanza del modelo implementado en China a partir de la apertura de 1979, y la creación de las llamadas "Zonas de Paz", bajo el control de las FANB, promovieron el desarrollo de "zonas liberadas" para las actividades ilícitas.
Un estudio de Transparencia Venezuela, versión local de Transparencia Internacional, consigna que "el seguimiento a las economías ilícitas y de las organizaciones criminales en Venezuela, el análisis del entorno político y social en que se desarrollan, la estimación del poder que detentan, así como la investigación sobre su capacidad de adaptación permiten corroborar la relación simbiótica que existe entre agentes delictivos e instituciones del Estado venezolano, una fase a la que se llega cuando la interdependencia del crimen organizado con el sistema político y económico es tal que las fronteras son tenues y los actores participan como una corporación política-burocrática-económica-criminal".
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico