inicia sesión o regístrate.
El día cuatro de este mes de febrero, a eso de las 11 y 30, unas veinte personas, bastante organizadas, algunas con la cara cubierta y todas exhibiendo cuchillos, llegaron a una vieja fábrica abandonada de las calles Pueyrredón y Cerrito, en San Martín, Provincia de Buenos Aires. No era un tour de turistas. Tampoco fue una visita protocolar.
En esa vieja fábrica funcionan varios juzgados penales de la Provincia. Sucedió que esas personas intentaron copar el Juzgado de Garantías N° 5 del distrito, a cargo del juez Nicolás Schiavo, a quien exigieron ver y contra quien profirieron toda clase de amenazas. No había custodia policial visible en el lugar, por lo que otro de los jueces que estaba en funciones en el edificio, llamó al 911 de la Bonaerense. Mientras tanto, los violentos fueron contenidos por varios empleados del juzgado de Schiavo, quienes improvisaron una barricada para impedir que accedieran al segundo piso, donde está la oficina del magistrado.
Los violentos estuvieron media hora en el lugar y todo hace pensar que, si se lo proponían, pasaban por encima a los empleados y llegaban al juez y vaya uno a saber lo que sucedería. Hicieron saber que estaban molestos con recientes medidas del juez, en especial, con el allanamiento a un lugar donde un grupo narco ya identificado tenía un pequeño pero importante arsenal de armas largas y de puño, de calibres importantes, proyectiles y hasta chalecos antibalísticos como los que usan la Policía de la Ciudad y la Bonaerense.
Poco tiempo después, al menos diez de los violentos estaban detenidos. Incluso, se publicaron sus fotografías de frente.
Era previsible que, apenas conocido el hecho, la asociación que dice representar a los magistrados de la Provincia de Buenos Aires emitiera un comunicado condenando lo sucedido y pidiendo más seguridad para jueces y fiscales que cumplen sus funciones en condiciones sumamente precarias.
Este columnista recordó que, en su última nota del año pasado, escrita y publicada por este medio, se trató un caso que tuvo como víctima a otro juez bonaerense y a su familia. Se llama Fernando Pinos Guevara y también es juez de garantías, pero en La Matanza. Intervino en "el triple crimen", el caso de las tres jóvenes de La Matanza que fueron asesinadas salvajemente en Florencio Varela. En pocas semanas, le robaron su camioneta mientras él y su familia estaban en el interior del rodado; a uno de sus hijos le robaron el celular en la calle, cerca de su domicilio; y en la pasada Nochebuena, ingresaron a su casa forzando una reja y sólo se llevaron cosas de poco valor. Quienes hicieron todo eso querían intimidar al juez, que por esos días analizaba seriamente la posibilidad de renunciar e irse del país.
Un clima de intimidación
Estos dos casos no son los únicos, sino los más recientes y los más conocidos. Hay un clima de intimidación en contra de magistrados y fiscales en Buenos Aires. Así como hubo otro más intenso, no hace mucho en Rosario, porque ahí se atacaron a balazos edificios judiciales y hasta viviendas de los jueces y de los fiscales.
Los efectos de ese clima trascendieron los límites de las provincias mencionadas y llegaron a San Juan. Fue noticia que, por decisión del Fiscal General -cargo equivalente al de Procurador General, como tiene Salta-, desde el 5 de febrero pasado, todos los fiscales coordinadores de caso y ayudantes fiscales, usarán obligatoriamente chalecos de protección balística durante el desempeño de sus funciones.
El Fiscal General, al anunciar la medida, dijo que con ella se buscaba fortalecer la seguridad de quienes lideran investigaciones penales sensibles y se encuentren expuestos a situaciones de riesgo. También dijo que se vive en una sociedad cada vez más violenta, cada vez más peligrosa, por lo que quienes defienden a la gente, deben tener herramientas ante posibles agresiones físicas en la calle.
Se anunció que, ya desde diciembre pasado, se firmó un convenio entre la Secretaría de Seguridad de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal, mediante el cual la primera entregó a las fiscalías cuarenta chalecos marca Seatle S.A., modelo Force 10, unisex, de poliéster negro con material balístico de Keyler, con nivel de protección 12 B-3, bajo normativas nacionales.
Advertencias para todos
La medida tiene un claro sentido de prevención de daños futuros. No tiene antecedentes, tal como fue dispuesta, dentro del país. Sorprende, porque San Juan es la segunda provincia argentina en la que se cometieron menos homicidios, cada cien mil habitantes: apenas tiene 1,2 -cifra oficial del año 2024-. La Rioja es la primera de todas. Allí fue donde se cometieron menos homicidios, de todo el país.
Nuestra provincia de Salta tiene una de las tasas más altas de homicidios -la segunda- cada 100.000 habitantes: 4,6 -también del 2024-. Comparte ese lugar con Chaco y ambas sólo son superadas por Santa Fe. Sin embargo, fue otra provincia, la que, aunque los números la respaldan, decidió invertir en los primeros chalecos de protección antibalística para sus fiscales.
En los despachos salteños, ¿se estará pensando en alguna medida igual?