inicia sesión o regístrate.
Rodrigo Andrés Gómez tenía veintiún años y era soldado del Ejército Argentino. La madrugada del dieciséis de diciembre del año pasado, mientras estaba de guardia en su puesto, en la Quinta Presidencial de Olivos, se suicidó de un disparo en la cabeza.
Hubo una investigación penal, con fiscal y juez federal, en la que después de un análisis de los mensajes que el soldado había recibido en su teléfono celular, se determinó que había sido engañado por una banda que operaba en el penal de Magdalena, Buenos Aires. El modus operandi fue comunicarse por un teléfono móvil y hacerse pasar por policías, para convencer al joven que la madre de una menor de edad lo estaba denunciando por acosar a su hija usando una app de citas. Lo extorsionaron y le hicieron pagar, hasta que simplemente no pudo continuar haciéndolo y decidió terminar con su vida.
Ese fue apenas uno de los hechos cometidos desde una cárcel por internos. Otro se hizo desde una unidad penal de Mendoza, a una persona que vivía en Chubut, a la cual intentaron hacerle lo mismo que a Gómez. Por fortuna, en este caso el hecho se denunció y no llegó a consumarse. Vaya uno a saber cuántos más se habrán cometido y lo que es peor, seguirán cometiéndose.
También ha pasado que el teléfono móvil es empleado dentro de una cárcel para luego subir imágenes en las cuales un grupo de internas festeja el cumple de una de ellas, en un local bastante grande, con mesas, manteles, comidas, bebidas, globos rosas y regalos. Hay otras en las cuales otros internos hacen saludos tumberos no amigables desde el interior de una celda y más videos escandalosos, de esos que indignan a los ciudadanos decentes.
"Batayon militante"
¿Cómo pudo llegarse a todo esto? Dicen los que saben que durante el aislamiento en la pandemia de Covid-19, una resolución del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, del 31 de marzo del año 2020, autorizó la entrada de dispositivos móviles a las unidades penales, para garantizar la comunicación de los internos con sus familiares. No se fijó ninguna fecha de duración de la medida, por lo que sigue vigente.
En otras provincias, como por ejemplo Santa Fe, las autoridades hacen requisas en las celdas de los penales y, entre otros objetos, secuestran teléfonos móviles en poder de los internos, lo cual permite decir que se trata de una prohibición que se hace cumplir. El problema es mucho más grave, porque sólo en la Provincia de Buenos Aires, según cifras oficiales hay cerca de cincuenta mil líneas de telefonía celular habilitadas. La cifra no incluye los aparatos que ingresan por cualquier otro modo ilegal a las prisiones.
La última información disponible sobre cantidad de detenidos en las unidades penales de esa provincia dice que son más de sesenta y dos mil. En las comisarías, estarían alojados más de dos mil ochocientas personas. Estamos hablando de un área sensible de la seguridad bonaerense, que, si se ha distinguido por algo durante los últimos veinte años, fue por su notoria ineficacia y por un relato de escasa conexión con la contundencia de hechos como el que empezamos esta nota.
Con un breve intervalo de cuatro años, durante los cuales otro sector político gobernó la Provincia de Buenos Aires, el resto del tiempo lo hizo el que todavía hoy cumple otro mandato. De ese sector -creador del auto denominado "Batayón (sic) Militante"- proviene un relato más cercano a los internos de las cárceles que a las víctimas y concluye en que sería prácticamente imposible privarlos del celular con el que hablan con sus familias. Rápidamente, el mismo relato adquiere un tinte apocalíptico y sugiere que si eso se hiciera, habría un motín tras otro. Además, la fuente del relato, como si fueran espectadores de un gran problema que no les incumbe, desliza que hubo una oportunidad para ir por los móviles y fue cuando terminó la pandemia, pero que se dejó pasar. El cinismo no tiene límites, porque desde el mismo sector que sigue gobernando, se asegura que desde que los internos pueden tener celulares en las prisiones, bajaron los niveles de conflictividad intramuros.
En Salta
Mientras tanto, en nuestra provincia, se tramita en la Legislatura un proyecto de ley para regular el uso de teléfonos y redes en las cárceles; propone bloquear las señales con equipos tecnológicos; dice que está inspirado en normas similares de otras provincias, como Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. Permitiría el acceso a las comunicaciones por teléfonos comunes instalados en las cárceles y en casos excepcionales, permitir las comunicaciones desde otros dispositivos supervisando las llamadas.
La nuestra es otra realidad, para una población carcelaria muy inferior a la de Buenos Aires. Aun así, es un sistema carcelario con problemas de superpoblación; convive con detenidos en dependencias policiales, en condiciones todavía peores a las de las cárceles. Según datos oficiales, Salta tendría tres mil novecientos noventa y cuatro (3994) internos en sus cárceles. Claro que como éstas pueden alojar como máximo dos mil setecientos setenta y siete (2777), hay un exceso de mil doscientos (1200) internos. En esos establecimientos no está permitido el uso de teléfonos celulares.
Respecto de las comisarías no hay datos coincidentes. Oscila entre quinientos cincuenta (550) detenidos como mínimo y ochocientos (800) como máximo.
Una ley categórica
En algún momento del trámite que antes mencionamos, habrá que analizar el tema de las atribuciones para legislar sobre el problema carcelario. Las penas -entre ellas, las privativas de libertad, como reclusión y prisión- están previstas en el Código Penal, para todo el territorio nacional.
Dicho Código tiene varias leyes conocidas como complementarias, destinadas a regular los detalles.
Entre éstas, una de las más importantes es la Ley Penitenciaria Nacional, aprobada por el Decreto-Ley 412/58, luego ratificada por Ley 14467. Con distintas modificaciones parciales, rigió hasta el año 1996, en que fue derogada y reemplazada por otra, conocida como de Ejecución de Penas Privativas de Libertad.
En uno de sus artículos, el que lleva el número 160, que modificó el texto original, en el año 2017, la ley prohíbe expresamente el uso de teléfonos celulares, de la siguiente manera: "Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles. A tal fin se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal. La violación a la prohibición prevista en este artículo será considerada falta grave en los términos del artículo 85 de esta ley". En el mismo sentido, el Reglamento de Comunicaciones de los Internos -Decreto 1136/97-, en su artículo 129, se refiere a las comunicaciones telefónicas y dice: "Estas comunicaciones se efectuarán exclusivamente mediante los teléfonos públicos habilitados en el establecimiento entre las ocho (8) horas y las veinte (20) horas. En todos los casos, el importe será satisfecho por el interno."
Uno de los principales problemas argentinos es nuestro escaso apego a la ley, lo que es previo a la seguridad jurídica que se invoca como mantra para -entre otras cosas- promover inversiones. El tema objeto de esta nota lo ilustra muy bien. El hilo muy delgado de la extraña concesión de una comunicación prohibida por la ley, está en una resolución judicial poco conocida. Nadie sabe si alguien la recurrió; si llegó a la Corte Suprema, etc.
Con estos antecedentes, el Congreso de la Nación -el único órgano del poder que puede crear y modificar el Código Penal- podría resolver la gran conectividad de los internos no ya con sus familias, sino también para impedir o al menos dificultar que un número indeterminado de ellos siga activo cometiendo delitos, incluido el narcotráfico, dentro de las cárceles. No vendría mal un profundo examen de los contratos de concesión del servicio de telefonía móvil y por qué no, del listado de los titulares de cada línea habilitada.