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La Justicia salteña dictó la prisión preventiva para un hombre de 31 años, integrante de la Policía Federal Argentina, acusado de distribuir material de abuso y explotación sexual infantil a través de internet. En sus dispositivos electrónicos se encontraron más de 60.000 archivos, entre fotos y videos, con imágenes de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso.
La medida fue dispuesta por el juez de Garantías 3 del distrito Centro, Antonio Pastrana, quien hizo lugar al pedido formulado por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, durante una audiencia flexible y multipropósito realizada esta semana en la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu).
La resolución se adoptó en función de los riesgos procesales de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad del delito que se investiga y la magnitud del material secuestrado.
La imputación contra el policía federal
El acusado fue imputado como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años en múltiples hechos, previsto y reprimido por el artículo 128, primer y quinto párrafo, del Código Penal.
Durante la audiencia, el hombre optó por abstenerse de declarar, mientras su defensa solicitó medidas alternativas a la detención, algo que fue rechazado tanto por la fiscalía como por el juez de la causa.
Según consta en el expediente, la conducta investigada no se limitaría a la simple tenencia del material, sino que incluye la distribución e intercambio activo de imágenes y videos de abuso sexual infantil a través de redes del tipo P2P.
Cómo se detectó la actividad ilegal
La investigación se inició a partir de un sistema de detección internacional denominado Internet Crimes Against Children – Child On-line Protection System (ICACCOPS), una plataforma estadounidense utilizada para rastrear y combatir delitos vinculados a la explotación sexual infantil en entornos digitales.
Este sistema permitió detectar la actividad sospechosa desarrollada desde la ciudad de Salta, y obtener información precisa sobre:
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La dirección IP desde la cual se realizaban las conexiones.
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La empresa proveedora del servicio de internet.
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El titular del servicio.
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Fecha y hora del intercambio de archivos.
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Plataforma P2P utilizada.
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Hash identificador de los archivos.
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País y región desde donde se conectaba el usuario.
Estos datos fueron claves para individualizar al sospechoso y dar intervención a la Fiscalía especializada.
El operativo internacional y el allanamiento en Salta
El caso se enmarca dentro del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, que involucra a distintos países y provincias en la lucha contra la pornografía infantil y la explotación sexual en línea.
En ese marco, se realizó un allanamiento en el domicilio del investigado, en la ciudad de Salta, donde se secuestraron todos sus dispositivos electrónicos: computadoras, unidades de almacenamiento y teléfonos celulares.
Durante el análisis preliminar del material incautado, los peritos detectaron alrededor de 60.000 archivos, entre imágenes y videos, que contenían material de abuso sexual infantil. Según la fiscalía, estos archivos eran almacenados, intercambiados y distribuidos a través de redes P2P.
Más peritajes y líneas abiertas
La fiscal Sofía Cornejo informó que la investigación continúa y que se avanza en peritajes más profundos sobre los dispositivos secuestrados, incluyendo celulares y otros soportes digitales que aún están siendo analizados.
Además, no se descarta que puedan surgir otras personas involucradas, a partir del análisis de las conexiones, los intercambios detectados y las redes utilizadas para la distribución del material.
Preocupación por el perfil del imputado
Uno de los aspectos que más impactó en la opinión pública es que el detenido esté vinculado a una fuerza de seguridad nacional. Si bien se trata de un agente de bajo rango y con tareas administrativas, su rol como integrante de la Policía Federal generó una fuerte repercusión institucional y social en Salta.
Desde la investigación se aclaró que no se han detectado, por el momento, vínculos del hecho con su función específica dentro de la fuerza, pero la condición de efectivo federal fue considerada relevante para el análisis del caso.
Fundamentos de la prisión preventiva
Al dictar la prisión preventiva, el juez Antonio Pastrana sostuvo que:
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La magnitud del material hallado evidencia la gravedad del delito.
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Existe riesgo cierto de fuga.
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Hay posibilidad de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta el tipo de delito y el manejo de tecnología por parte del imputado.
Por ello, resolvió que el acusado permanezca detenido mientras continúa la investigación, que podría derivar en una elevación a juicio en los próximos meses.