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En el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía de Distrito de Salta, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, condenó a dos exfuncionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) por una serie de irregularidades vinculadas al registro y al tránsito de animales en la localidad de Joaquín V. González, departamento de Anta.
La sentencia, dictada el 18 de diciembre, fue el resultado de la homologación de un acuerdo pleno y alcanzó, en primer término, a Sergio Miguel Achtar, quien fue condenado a 1 año y 4 meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con facilitación culposa de documentos pecuarios falsos.
La segunda condenada fue Natalia Gramajo, quien recibió una pena de 1 año de prisión en suspenso por el delito de facilitación culposa de documentos pecuarios falsos. Ambos se desempeñaban en la oficina del SENASA de Joaquín V. González al momento de los hechos.
Achtar cumplía funciones como inspector profesional y estaba a cargo de la oficina local del organismo, mientras que Gramajo se desempeñaba como secretaria administrativa de la misma dependencia, desde donde se habrían producido las irregularidades investigadas.
Por este mismo expediente continúa imputado Raúl Francisco Díaz Pardo, excoordinador de Sanidad Animal del Centro Regional NOA del SENASA. En su caso, la imputación es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, también en concurso ideal con facilitación culposa de documentos pecuarios falsos.
La investigación penal contra los exfuncionarios fue formalizada el 26 de septiembre del año pasado, a partir de actuaciones llevadas adelante por el fiscal general con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito de Salta, Eduardo Villalba, junto a la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.
El caso se originó en dos denuncias presentadas el 3 de enero de 2024. Una de ellas fue realizada por Fundación Ganaderos del Sur, entidad sanitaria encargada de campañas de vacunación y de la emisión de documentos electrónicos de tránsito de ganado, mientras que la segunda denuncia fue presentada por un familiar de una productora agropecuaria del sur de la provincia.
Según se expuso en la audiencia de formalización, una de las denunciantes advirtió que el stock de animales de una unidad productiva no coincidía con el registrado en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), donde figuraba un número menor al real. Al indagar sobre la situación, se detectó la emisión de Documentos de Tránsito Electrónico (DTE) de equinos y vacunos a su nombre, sin que se hubiera producido traslado alguno de animales.
Los registros indicaban supuestos movimientos de ganado hacia una unidad productiva ubicada en la provincia de Entre Ríos, lo que generó una disminución ficticia del stock. La investigación estableció que esta maniobra se habría repetido en al menos cuatro oportunidades.
En paralelo, el titular de la fundación Ganaderos del Sur denunció otros dos casos similares, uno de los cuales presentaba una particularidad relevante: se había gestionado un documento de tránsito a nombre de un productor fallecido en el año 2013, sin que existieran personas autorizadas para operar en su nombre.
Durante la etapa investigativa, la fiscalía solicitó informes tanto a la oficina local de Joaquín V. González como al Centro Regional del SENASA. Sin embargo, ambas dependencias demoraron en responder, lo que motivó requerimientos ante las autoridades nacionales del organismo.
A partir de esos informes, se verificó la participación de los imputados y se detectaron numerosos casos adicionales de cambios irregulares de stock y movimientos de animales. El propio SENASA realizó dos auditorías internas, en las que confirmó las anomalías denunciadas, incluyendo el uso de registros sanitarios de productores fallecidos y la emisión de documentación sin cumplir los requisitos formales exigidos.
Entre las irregularidades detectadas se encontraron documentos sin firmas, ausencia de datos personales obligatorios y la falta de controles sanitarios exigidos para la emisión de los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e). Según se consignó, estas anomalías se produjeron bajo la órbita de los tres imputados, sin que ninguno hubiera denunciado las irregularidades.
La fiscalía remarcó la gravedad de los hechos, no solo por la maniobra administrativa detectada, sino también por el riesgo sanitario, ya que se movilizó ganado cuyo origen y estado sanitario no pudieron ser acreditados, incluyendo la falta de certeza sobre el cumplimiento de controles contra enfermedades como la fiebre aftosa.
Además, se destacó el perjuicio económico generado a los productores afectados, quienes vieron reducido de manera ficticia el stock de sus unidades productivas, lo que puede derivar en la pérdida de beneficios vinculados a campañas de vacunación y otros recursos.
Concluida la investigación, el Ministerio Público Fiscal dio por acreditada la responsabilidad de los imputados por haber omitido cumplir las normas que regulan la expedición de documentos de tránsito de ganado, incumpliendo las funciones que les correspondían como funcionarios públicos del organismo nacional.
La causa dejó establecido que, por imprudencia o negligencia, los exfuncionarios no adoptaron las medidas necesarias para verificar la procedencia legítima de los animales, actuando en contradicción con el rol de control y garantía sanitaria que la ley le asigna al SENASA.