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El juez federal de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, envió a juicio a un empleado judicial salteño acusado por el transporte de más de 23 kilos de marihuana hallados en diciembre de 2024 en una camioneta de su propiedad durante un control realizado a la altura de la ciudad de Joaquín V. González. La acusación incluye a otros dos hombres, todos acusados por resultar coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.
En el caso intervino la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, que fue quién realizó el requerimiento de juicio para los tres implicados: Daniel Fernando Aponte, Ángel Guido Luna y Darío Antonio Peralta. Ello se formalizó en un audiencia de Control de Acusación, llevada adelante el 30 de junio de este año.
Según expuso la fiscal, personal de Gendarmería Nacional realizaba un control en la ruta provincial 5, a la altura de la ciudad de Joaquín V. González, cuando detuvo a una camioneta Kia Sorento. El vehículo era manejado por Luna, que informó que provenía de Pichanal, en el norte de la provincia, y se dirigía a Rosario de la Frontera, en el límite con Tucumán. Mientras revisaban los papeles del auto, uno de los gendarmes observó en el baúl varias monturas de caballos, por lo que solicitó al chofer que las corriera para ver que había debajo.
Luna se negó a hacerlo, lo que llevó al personal de Gendarmería a moverlos ellos mismos. En ese momento, descubrieron que los dos paneles laterales habían sido manipulados, lo que fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal, tras lo cual se avanzó con una requisa más profunda. Al abrirlos, encontraron ocultos y distribuidos en diferentes sectores del automóvil 24 paquetes, equivalentes a un peso total de 23 kilos y 663 gramos de marihuana con una capacidad suficiente para producir 438.304 dosis.
En función de ello, el 23 de diciembre de 2024, la fiscal formalizó la investigación penal en contra de Luna, para luego avanzar con una serie de tareas de campos e inteligencia, entre ellas el análisis del teléfono celular secuestrado al chofer.
Esa labor permitió establecer la participación en la maniobra de tráfico de Peralta, detenido el 25 de febrero de este año, y finalmente del empleado judicial Aponte, quien fue capturado el 18 de marzo, lo que llevó a la fiscalía a la imputación final de transporte agravado por el número de intervinientes.