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La prefecto Carina del Valle Torres fue la primera mujer en asumir, después de 82 años, como directora General del Servicio Penitenciario de Salta. Lo hizo en abril de 2022 y a partir de ese momento fue testigo directa de una serie de irregularidades en el servicio que le tocó dirigir hasta el año pasado, principalmente en la Unidad Carcelaria 1. Ayer pasó por los estrados del Salón de Grandes Juicios y durante más de dos horas expuso la denuncia que ella misma inició contra la red narcocriminal conformada por funcionarios, internos y familiares.
Además de la exdirectora, la tercera jornada de audiencias también declaró el jefe del Departamento de Inteligencia del Servicio Penitenciario, Reynaldo Herrera.
A través de su relato, la prefecto Torres comenzó describiendo el funcionamiento interno del penal en Villa Las Rosas, su estructura y quienes la conforman. Un auténtico submundo conformado por reglas/normas internas que al parecer hasta su llegada prácticamente no se respetaron ni cumplieron.
Fue justamente el jefe de Inteligencia del Servicio, Herrera, quien le acercó rumores acerca de que Francisco Bisceglia, imputado, recibía dinero a cambio de dádivas en el interior del penal. En ese momento el funcionario era jefe de pabellones, es decir tenía contacto directo con el internado y los celadores quienes a su vez estaban las 24 horas en el penal.
A raíz del sistema cerrado del penal, y teniendo en cuenta que los mismos funcionarios estaban involucrados, Torres decide informar de la grave situación a la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal desde donde en conjunto con la Dirección General del Servicio Penitenciario y el sector de Inteligencia llevan a cabo una investigación con allanamientos sorpresivos en las oficinas de los funcionarios en Villa Las Rosas y otros escenarios clave para las pesquisas.
La intervención de teléfonos celulares entre otras acciones investigativas comenzó exponer un círculo vicioso que corrompía el sistema penal en la UC1. "Tenemos un sistema vulnerable, sería efectivo si se trabajara con responsabilidad, responsabilidad y lealtad. Uno en esos lugares depende de la buena voluntad de otros funcionarios", apuntó Carina Torres.
Un sistema carcelario compuesto por funcionarios que entre ellos tienen amistad manifiesta, "comparten fuera de un penal asados, partidos de fútbol entre otros eventos", apuntaron. En ese sentido no es extraño suponer que en caso de confirmarse una organización ilícita en Villa Las Rosas, se tapaban unos a otros para no ser descubiertos.
Antes de la llegada de Torres los informes acerca de distintas situaciones dentro del penal, cuando estaba como director Leonardo Isasmendi, se realizaban de manera verbal. Uno de los órganos importantes como el Consejo Correccional, que estaba a cargo del ahora imputado, Rubén Antonio Guaymás, era totalmente irregular dado que durante un tiempo considerable no se efectuaron las actas correspondientes.
Campaña de Benjamín Cruz
Entre las irregularidades que expuso frente al tribunal de la Sala VII, la prefecto Torres contó que en agosto de 2023 el por entonces subsecretario de Políticas Penales, licenciado Javier Salgado, "me pidió que lo afectará al jefe Sergio Moya (imputado) para el área de la Municipalidad donde trabajaba el doctor Benjamín Cruz para trabajar en la campaña donde Cruz estaba como candidato a intendente de San Lorenzo".
Le dijo que no correspondía "porque estábamos con emergencia carcelaria", además de ser incompatible por el cargo que en ese momento ocupaba Moya en la cárcel, tenía a cargo la seguridad externa del penal (extramuros) y controlaba el ingreso y egreso de los funcionarios al penal.
Torres dijo desconocer si Moya terminó trabajando en la Municipalidad, pero sí confirmó que trabajo en la campaña política para Benjamín Cruz. Éste último, exsecretario de Seguridad de Salta, está imputado por tráfico de influencias vinculado a la causa Darío Monges, el falso asesor encontrado acribillado a balazos en esta capital.