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Enrique Torres, actual Director General del Servicio Penitenciario de Salta, declaró este jueves en el juicio a la red narcocriminal carcelaria y detalló que existieron beneficios a internos del penal Villa Las Rosas. Apuntó directamente contra Francisco Bisceglia, integrante de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, como uno de los que otorgaba salidas transitorias, cambio de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, ingreso de elementos prohibidos -celulares, cargadores, comida, bebidas- y sustancias estupefacientes. ¿Qué más dijo?
Durante su declaración ante el Tribunal de Juicio —presidido por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— y la Unidad Fiscal, encabezada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto; y los abogados de los veinte acusados, confirmó una serie de irregularidades cometidas por personal penitenciario, ya señaladas por otros testigos en el proceso.
El funcionario comenzó explicando que, durante 2022 y 2023, se desempeñó como Inspector General del Servicio Penitenciario y que. a mediados de 2023 se detectaron anomalías en los trámites vinculados al otorgamiento de beneficios a internos. Mencionó que los rumores apuntaban directamente a Francisco Bisceglia, funcionario de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, como uno de los que otorgaba beneficios a los internos (salidas transitorias, cambio de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, ingreso de elementos prohibidos -celulares, cargadores, comida, bebidas- y sustancias estupefacientes).
Torres señaló que el rumor fue inicialmente confirmado por el Departamento de Inteligencia, que ya tenía indicios sobre estas maniobras. Luego de revisar los informes pertinentes, la Dirección General —entonces a cargo de la prefecta Carina Torres— resolvió dar intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal.
Se optó por un organismo judicial externo
Consultado sobre por qué no se realizó una investigación interna, Torres respondió que, debido a la inusual gravedad del caso, las limitaciones estructurales del propio sistema investigativo del Servicio Penitenciario y el hecho de que los involucrados seguían en funciones dentro de la unidad, se optó por derivar el caso a un organismo judicial externo, con mayores garantías de imparcialidad y eficacia.
Entre las irregularidades detectadas, mencionó planillas de concepto y conducta sin firmas, ausencia de notificaciones a los internos sobre sus trámites y expedientes incompletos o sin documentación respaldatoria.
Para contextualizar la gravedad de estas fallas, Torres explicó el régimen de evaluación interna. Dijo que cada interno es evaluado en base a dos parámetros: conducta y concepto, ambos calificados del 1 (pésima) al 5 (muy buena). Estas calificaciones inciden directamente en el acceso a beneficios, como el trabajo en el sector extramuros o el avance dentro del régimen progresivo de la pena, compuesto por cuatro etapas: observación, prueba, tratamiento y confianza.
Detalló que los jefes de pabellón y sus encargados son quienes informan al Consejo Correccional sobre el comportamiento de los internos. A su vez, ese organismo, que está integrado por representantes de distintas áreas, emite dictámenes técnicos sobre los pedidos de beneficios. Sobre el trabajo extramuros, indicó que los requisitos son: haber cumplido al menos el 40 % de la condena, tener una calificación de conducta muy buena y contar con aptitud física certificada por Sanidad. El trámite se inicia con una nota del interno al jefe de pabellón y pasa por distintas áreas antes de llegar al Consejo Correccional, que emite la resolución.
Los ingresos de drogas son a través de las visitas, lanzamientos y el personal
Respecto al ingreso de drogas, celulares y otros elementos prohibidos al penal, Torres reconoció graves fallas en los controles y señaló que no cuentan con tecnología adecuada. Detalló que los ingresos ilegales ocurren principalmente a través de las visitas, lanzamientos desde el exterior y mediante personal penitenciario. Explicó que los objetos prohibidos suelen ser ocultados en cavidades íntimas del cuerpo, lo que dificulta su detección.
Expuso que, aunque el personal está instruido sobre lo que está y no está permitido, las requisas no siempre son realizadas de forma exhaustiva. En el caso del personal penitenciario, dijo que las revisiones son superficiales y no incluyen una inspección corporal completa al ingresar a cumplir funciones.
También describió los procedimientos de requisa dentro del penal: se realizan diariamente en sectores rotativos, sin aviso previo, como método preventivo. En caso de decomiso de elementos prohibidos, debe labrarse un acta firmada por quien realiza el secuestro, quien la redacta y el interno involucrado.
Durante el interrogatorio, la Unidad Fiscal le consultó sobre un tema clave: se le preguntó si los elementos secuestrados en las celdas -como celulares, cargadores o armas tipo "punta"- pueden quedar guardados en la oficina del jefe de pabellón. “No pueden quedar ni por un instante. Los elementos deben ser retirados por personal de la División Sumarios; no pueden permanecer en esa oficina”, respondió.
Cabe recordar que, durante el allanamiento realizado en el penal en diciembre de 2023, en el cajón del escritorio del jefe de pabellón fueron encontradas varias “puntas” y cargadores.
Transferencias de dinero de familiares al personal
Finalmente, al ser consultado si el personal penitenciario puede recibir transferencias de dinero por parte de familiares de los internos, respondió: “No, no está permitido”.
Luego prestaron declaración investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) que participaron en la investigación y en los allanamientos. Detallaron cómo, mediante un exhaustivo entrecruzamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales, lograron identificar al interno Manuel Méndez como proveedor de sustancias dentro del penal, y a su madre, María Inés Méndez, como la persona que le proveía.
La investigación se sustentó también en intervenciones telefónicas y un análisis de redes sociales, que permitieron reconstruir las comunicaciones y detectar maniobras para ocultar tanto el movimiento de dinero como la distribución de estupefacientes, evidenciando una estructura organizada que operaba desde el interior de la unidad carcelaria hacia el exterior.
Por último, el oficial de UFINAR, Oscar Ruiz Córdoba, encargado de analizar las grabaciones de video en el Servicio Penitenciario, presentó un registro donde se observa a un jefe de pabellón, identificado como Castaño, ingresando con una bolsa blanca a través de los controles sin que esta sea inspeccionada.
La ronda de testigos continuará mañana desde las 8 en la Sala de Grandes Juicios.