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La investigación por un presunto hecho de gatillo fácil ocurrido en el barrio porteño de Constitución fue remitida a la Justicia nacional, luego de que el magistrado interviniente declarara la incompetencia del fuero porteño. La causa analiza la muerte de Víctor Javier Vargas, quien falleció tras recibir un disparo de arma de fuego durante un procedimiento policial.
Según informó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el disparo que provocó la muerte de Vargas habría sido efectuado por el oficial de la Policía de la Ciudad Santiago Emanuel Barrientos, quien se encuentra bajo investigación.
En un primer momento, el expediente tramitaba en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad de Buenos Aires, donde había sido caratulado como "atentado contra la autoridad agravado por el uso de armas". Sin embargo, tras el análisis de las actuaciones, la calificación legal fue modificada a "homicidio cometido en función o cargo por un miembro de las fuerzas de seguridad pública".
En su resolución, el juez consideró que fueron los disparos efectuados por el agente policial los que produjeron el deceso de la víctima y que la conducta debe encuadrarse, de manera preliminar, en el artículo 79 del Código Penal, agravado por el artículo 80, inciso 9°, que contempla los homicidios cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.
El informe de la autopsia incorporado al expediente determinó que Vargas murió a causa de un proyectil que ingresó por la nuca y salió por la frente, a la altura de la ceja izquierda, un dato considerado clave para la reconstrucción del hecho.