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A la vera del río, lejos del ruido urbano pero no de las prácticas que lo ponen en riesgo, la pesca ilegal volvió a quedar al descubierto en el sur del Valle de Lerma. Esta vez ocurrió en cercanías de San Agustín, donde un operativo de control detectó una escena que se repite con preocupante frecuencia: redes prohibidas, especies protegidas y un sistema de sanciones que no logra disuadir.
Durante patrullajes preventivos en inmediaciones del río Arenales, efectivos de la Policía Rural y Ambiental de El Carril interceptaron dos vehículos que transportaban 63 sábalos sin vida, una especie cuya captura está expresamente prohibida en la provincia. Junto a los peces, se secuestraron dos redes tipo pollera de grandes dimensiones, un método altamente depredador que arrasa con ejemplares de distintas tallas y compromete la reproducción natural del recurso.
El procedimiento derivó en la infracción de dos hombres, acusados de atentar contra el ecosistema, en el marco del artículo 91 de la Ley Contravencional de Salta. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Contravencional, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 7.
Más allá del resultado puntual del operativo, el caso vuelve a exponer una problemática estructural: la pesca ilegal no se detiene, aun cuando los controles existen. En gran parte, advierten especialistas y ambientalistas, el problema radica en penas consideradas leves y multas irrisorias, que no guardan proporción con el daño ambiental que se genera ni con el valor comercial que alcanza la especie en circuitos informales.
Desde la Policía de Salta recordaron que está terminantemente prohibida la captura, extracción, tenencia y transporte del sábalo, tal como lo establece el Reglamento de Pesca Deportiva Temporada 2025–2026, vigente en toda la provincia y dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sin embargo, la reiteración de estos hechos evidencia que la norma, por sí sola, no alcanza.
El sábalo cumple un rol clave en el equilibrio de los ríos del norte argentino. Su extracción indiscriminada no solo reduce la población de la especie, sino que altera la cadena trófica, afecta a otras especies y degrada cursos de agua ya castigados por la contaminación.
En Salta, donde los ríos forman parte de la identidad, del paisaje y también de actividades productivas y recreativas, la depredación avanza en silencio, muchas veces lejos de la agenda pública. Cada operativo que logra frenar un cargamento ilegal deja al descubierto una pregunta incómoda que sigue sin respuesta clara: ¿hasta cuándo el saqueo del río será un riesgo de bajo costo para quienes lo practican?