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La ruta nacional 34 se convirtió en el escenario de una protesta cargada de dolor. Mariana, una madre atravesada por una pérdida irreversible, caminó los kilómetros que separan General Mosconi de Tartagal para exigir justicia por la muerte de su hija Valentina, de 15 años, y de su pequeña nieta Evangeline.
El caso, que apunta a una presunta negligencia médica en una clínica privada de Tartagal, derivó en una causa judicial que, según denuncian los familiares, avanza con lentitud y sin responsables señalados hasta el momento.
La tragedia se remonta a fines de septiembre de 2025. Valentina, embarazada de 37 semanas, ingresó al centro de salud tras romper bolsa. Lo que debía ser un parto esperado por la familia terminó transformándose en una cadena de complicaciones médicas.
Según el relato de sus allegados, la intervención quirúrgica habría sufrido demoras porque el quirófano asignado había sido utilizado previamente. La familia sostiene que, pese a las advertencias sobre la necesidad de una correcta esterilización, el procedimiento se realizó y en ese momento se habría iniciado el contagio.
Evangeline nació con un peso de 3,10 kilos y, en principio, sin complicaciones visibles. Sin embargo, en las horas siguientes, Valentina comenzó a presentar fiebre y fuertes dolores. Para los familiares, la atención no fue inmediata ni acorde a la gravedad del cuadro.
Con el paso de los días, el estado de ambas empeoró. Tras reiterados pedidos, finalmente se concretó el traslado a la capital salteña, pero el daño ya era severo. En Salta, la adolescente fue sometida a cuatro cirugías en apenas nueve días para intentar frenar la infección. Falleció en terapia intensiva.
Cinco días después, la beba Evangeline también murió. Tenía apenas 14 días de vida. Las actas de defunción confirmaron que ambas murieron a causa de una sepsis provocada por una bacteria altamente agresiva.
La investigación judicial tuvo un recorrido complejo. Tras la inhibición de fiscales de Tartagal, el expediente quedó en manos de la fiscal Gabriela Souto, de la ciudad de Embarcación. A pesar del tiempo transcurrido, la familia asegura que no existen imputaciones formales.
El abogado Rambert Ríos asumió la representación legal y sostiene una hipótesis directa sobre lo ocurrido. Según el letrado, hubo demoras en la atención, fallas en los protocolos sanitarios y una derivación tardía que agravó el cuadro clínico. “Si se hubiera actuado antes, ambas estarían con vida”, afirmó el abogado, quien centra la investigación en la posible falta de asepsia y en los tiempos de respuesta médica.
Mientras la causa avanza entre pericias y actuaciones judiciales, la caminata de Mariana se convirtió en un símbolo de reclamo. A casi cinco meses de las muertes, la familia continúa pidiendo respuestas.