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Dentro de dos semanas, las elecciones legislativas nacionales marcarán el comienzo de una nueva etapa, para el gobierno de Javier Milei, y para el país; independientemente de quien gane y quien pierda.
La historia nunca vuelve atrás, pero su avance no es un unidireccional y depende de que quienes ejercen alguna forma del poder sean capaces de encontrar el camino correcto y sean capaces de transitarlo. La Argentina aún padece los sucesivos fracasos de los gobiernos, populistas o no, cuyas gestiones fueron erosionando no solo la evolución productiva y tecnológica del país, sino el financiamiento mínimo para garantizar la educación y la cobertura sanitaria. El triunfo de Milei, en 2023, fue el corolario de tantas obstinaciones con fórmulas fracasadas. Su discurso rupturista pareció consolidarse con los primeros éxitos en el control de la inflación y el retroceso del déficit fiscal.
El problema es que la estrategia que le permitió llegar a la presidencia, basada en denuncias contra "la casta" no es en sí misma un plan para afrontar todos los males que atraviesa nuestro país, exige respuestas tan contundentes en los hechos como en los discursos. Y los hechos exigen eliminar ataques verbales, moderar el estilo y el contenido del discurso, consolidar las alianzas y resolver los problemas con acuerdos.
Mostrar dureza con los discapacitados, los jubilados, el Hospital Garrahan y la universidad fue un error que costó muy caro por falta de percepción del sentimiento público.
El "ajuste" era una necesidad palpable en un país donde el dispendio de los recursos del Estado para financiar la política había generado un crecimiento exponencial de la pobreza. Un país con un sistema tributario regresivo y con malas políticas de comercio exterior explica el drástico retroceso en los indicadores de inversión extranjera directa. Eso no se resuelve en 22 meses, por supuesto, pero la construcción de confianza demanda generar credibilidad y seguridad jurídica y política, no de un gobierno sino de un país.
Y esa confianza se construye con alianzas y acuerdos sólidos, que se extiendan a lo largo del tiempo, y que aseguren que la alternancia democrática va a estar sustentada en un proyecto común y en compromisos básicos para que los inversores no se vayan a encontrar con sorpresas.
La reconstrucción de esos acuerdos es imprescindible para el país y para la gobernabilidad.
Los gobernadores no pueden gobernar sin presupuesto. La recaudación propia no le alcanza, porque el régimen tributario esta centralizado y porque el PBI per cápita varía mucho entre las regiones. La paralización de las obras públicas tiene un efecto nefasto en las economías regionales. Esos temas deben ser abordados en una mesa permanente de diálogo, donde planificar saneamiento fiscal enmarcado en un proyecto de desarrollo.
Está claro que el país no puede volver atrás. El escenario que ofrecen hoy los que abrazaron la ilusión bolivariana demuestra a donde se llega por el camino del estatismo. Tampoco es recomendable cifrar las esperanzas en el gobierno de Donald Trump, un presidente norteamericano, de pensamiento extremista, que piensa en su país antes que en ningún "amigo".
Para ir hacia adelante, nuestra única salida posible como Nación, es imprescindible dejar de lado los dogmas fundamentalistas y dar lugar a la flexibilidad necesaria para la convivencia democrática. Asimismo, es condición esencial asumir el respeto por la independencia de los poderes del Estado. Y el respeto no solo es de afuera hacia adentro: el Congreso de nuestros días, con sus peleas patoteriles, sus insultos y sus alineamientos irracionales ofrece un espectáculo bochornoso.
La Argentina juega sus últimas cartas. La solidez institucional, con una legislación inequívoca y sin margen para la discrecionalidad, es la gran tarea que deben poner en marcha y sin especulaciones todos los que tienen representatividad y alguna dosis de poder.