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El Ministerio Público Pupilar logró que se completara la vacunación obligatoria de una bebé salteña, luego de que sus padres se negaran a cumplir con el esquema establecido por las autoridades sanitarias. La intervención fue clave para garantizar el derecho de la niña a la salud, frente a la resistencia de los progenitores a inmunizarla.
El caso comenzó cuando la madre de la niña, quien nació en septiembre, retiró a la bebé de la sala de Neonatología sin que se le otorgara el alta médica, ya que no había recibido la vacuna BCG ni la de Hepatitis B, ambas obligatorias. Aunque los profesionales de la salud le informaron sobre la importancia de la vacunación, la madre se negó, argumentando que el padre de la bebé estaba en contra de las vacunas.
Ante esta situación, la Asesora de Incapaces 9, Martha Bustos, citó a la madre para dialogar sobre el tema, pero ella no se presentó ni justificó su ausencia. Fue entonces que Bustos presentó un recurso de amparo ante la Justicia, solicitando que se ordenara la vacunación de la niña, en resguardo de su derecho a la salud.
El resguardo legal de la bebé
La solicitud fue respaldada por la Convención de los Derechos del Niño, que reconoce el derecho de los menores a la salud, y por la Ley Nº 27491, que establece la obligatoriedad de la vacunación. Además, se destacó que el Estado debe garantizar los derechos de los niños cuando los padres no cumplen con su responsabilidad.
El juez Eduardo Barrionuevo, del Tribunal de Impugnación, falló a favor de la Asesoría de Incapaces y ordenó que los padres permitieran que se completara la vacunación de la bebé. También se les dio un plazo para presentar el carnet de vacunación ante el juzgado.
Se completó la vacunación
La semana pasada, la Asesoría verificó que los padres cumplieron con la vacunación y entregaron la documentación correspondiente. Este fallo asegura la protección del derecho a la salud de la niña, que ahora cuenta con su esquema de vacunación completo.
La Asesora resaltó que la Ley Nº 26.061 obliga al Estado a garantizar el acceso a servicios de salud, respetando los derechos fundamentales, y que la vacunación es un derecho colectivo que protege a toda la comunidad de enfermedades peligrosas.