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El abogado Pedro Arancibia, defensor de Pablo Pellegrino, acusado en su momento en el caso de trata de personas en el Nordelta, en Buenos Aires, salió a responder públicamente las acusaciones formuladas por trabajadores de Rosario de Lerma que denunciaron haber sido víctimas de condiciones laborales precarias en una obra de este complejo.
A principios de diciembre del año 2024, por un allanamiento realizado por la Dirección General Impositiva (DGI), en una causa de explotación laboral sobre 24 trabajadores de un desarrollo inmobiliario en Tigre, hubo varios detenidos, entre ellos Pablo Pellegrino, radicado en Rosario de Lerma al igual que Cristian Sajama, y Carlos Alberto Díaz Chilo. Fueron considerados presuntos responsables de la construcción y de las condiciones de esclavitud en las cuales fueron hallados alrededor de 20 trabajadores, la mayoría salteños. Sajama fue sobreseído meses después, y denunció junto a Oscár Quipildor, otro trabajador de ese proyecto, a Pellegrino de ser el responsable de trata laboral y fraude laboral.
Arancibia, letrado representante de Pellegrino en Salta, respondió a estas acusaciones: "Las afirmaciones que vinculan a mi cliente con trata de personas, narcos colombianos o explotación laboral son falsas, injuriantes y difamatorias". Arancibia aclaró que Pablo Pellegrino no tiene ni tuvo relación laboral directa con Cristian Sajama, Oscar Quipildor ni con el resto de los trabajadores denunciantes, y explicó que la contratación y el traslado de los obreros se realizó a través de una cooperativa llamada "Micoya Limitada", integrada por los propios Sajama y Quipildor.
Quién reclutó y contrató
Según el abogado, la cooperativa Micoya fue creada en Buenos Aires por los propios denunciantes para reclutar trabajadores en Salta y ofrecerlos a distintas empresas constructoras. En ese marco, los obreros fueron llevados a Buenos Aires para trabajar en diferentes obras, no sólo en Nordelta. La empresa que efectivamente los contrató para las tareas en Nordelta fue ODA SRL, que actuó como contratista directo, encargándose de indicar tareas, pagar salarios y definir condiciones laborales. "Si hubo precariedad, maltrato o irregularidades, eso debe investigarse respecto de quien los contrató, no de mi defendido", sostuvo Arancibia, remarcando que la eventual responsabilidad sería de competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación.
El rol de Pellegrino
El abogado explicó que Pellegrino no era dueño de las obras ni responsable de la contratación de personal. Su rol se limitaba al de fiduciario administrador dentro de un fideicomiso, encargado de la administración general de un complejo habitacional que cuenta con más de 2.000 unidades, pertenecientes a particulares, empresas, fondos de inversión y personas de distintos perfiles. "Pablo Pellegrino no dirigía las obras, no controlaba al personal, no sabía dónde dormían los trabajadores ni en qué condiciones estaban. Eso era responsabilidad del contratista", afirmó.
Sin pruebas
Arancibia recordó que, en el marco de una investigación penal iniciada en San Isidro tras una denuncia anónima, hubo allanamientos y detenciones múltiples, entre ellas la de Pellegrino. Sin embargo, tras más de un año de investigación, no se encontró ningún elemento que lo vincule con la trata de personas, lavado de dinero ni delitos conexos. Actualmente, a Pablo Pellegrino le dictaron la falta de mérito, está en libertad, y sin imputación ni restricciones, extremo que -según la defensa- puede comprobarse revisando el expediente judicial. Sin embargo, la causa continúa abierta por su complejidad. También desmintió las acusaciones sobre narcos colombianos relacionados con su cliente. "Es falso, irresponsable y agraviante. No existe ninguna prueba que relacione a Pellegrino con Antonio Yepes Gaviria ni con organizaciones narco. Mencionar nacionalidades para sugerir delitos es peligroso y falaz".
Arancibia cerró diciendo "cada persona debe responder por lo que hizo. Nadie fue engañado ni captado sin saber a qué iba. Si hubo abusos laborales, deben reclamarlos a quien los contrató. Lo que no se puede hacer es construir un relato falso y atribuir delitos gravísimos sin pruebas", concluyó.