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La reducción del Impuesto a las Actividades Económicas, que desde julio disminuyó la alícuota en un punto para comercios, hoteles y restaurantes de Salta, comenzó a generar comentarios entre empresarios de la provincia. Si bien la iniciativa fue presentada por el Gobierno provincial como un alivio para la mayoría de los contribuyentes, desde la Cámara de Comercio e Industria reconocieron que existen sectores que quedaron excluidos y que ya empiezan a expresar sus quejas de manera reservada.
El presidente de la entidad, Gustavo Herrera, explicó en diálogo con El Tribuno que la medida significó que las alícuotas de este impuesto sobre los ingresos brutos pasaran del 5% al 4% en determinados casos. Para acceder al beneficio, la Ley N.º 8496 fijó como condición que los contribuyentes del Régimen General hayan declarado en 2024 una base imponible inferior a 8.250.000 Unidades Tributarias. En la práctica, Herrera señaló que el nuevo tope equivale a ingresos anuales cercanos a 171 millones de pesos durante el año pasado. Desde el Gobierno afirmaron que con ese nivel quedan alcanzados alrededor del 94% de los comercios.
Herrera aclaró que la Cámara no cuenta con datos propios para verificar esa proporción, aunque reconoció que la suba del tope respecto de la propuesta inicial que había anunciado el Gobierno permitió incluir a un número mayor de pequeños y medianos establecimientos.
"Con el límite anterior, prácticamente nadie iba a poder ingresar; con la modificación se sumaron más comercios, aunque otros que facturan más de ese monto siguen fuera", sostuvo.
La norma contempla otros beneficios
Además de la baja en Ingresos Brutos, la norma contempla otros beneficios. Entre ellos, la exención por 12 meses para nuevos contribuyentes que se inscriban en el impuesto y un régimen especial para quienes estén en el Monotributo Unificado, que podrán quedar exentos del componente provincial durante un año.
También se dispuso que los contribuyentes cumplidores reciban descuentos adicionales en junio y diciembre y que queden exceptuados de percepciones y retenciones bancarias.
"Si bien no estamos plenamente conformes, poner a Ingresos Brutos en la mesa de negociación fue un gesto importante. Por primera vez se abre la discusión sobre un tributo que en la cadena comercial tiene un peso significativo en el precio final de la mercadería", destacó Herrera.
El dirigente anticipó que la Cámara volverá a plantear una revisión para 2026, ya que el cálculo de la base imponible se hará en función de los ingresos de este año.
"El desafío es que más sectores puedan ingresar y que no se desaliente la formalidad, porque si no muchos optan por la informalidad al no poder sostener la carga impositiva", agregó.
Un esquema de transparencia fiscal
En ese marco, Herrera también remarcó la necesidad de avanzar hacia un esquema de transparencia fiscal. Propuso que, al igual que hoy ocurre con el IVA, los tickets de compra detallen de manera visible cuánto corresponde al impuesto provincial de Ingresos Brutos y a las tasas municipales.
"Es fundamental que la gente vea cuánto se lleva el Estado en cada operación", indicó, al considerar que esa información permitiría dimensionar el peso de la carga impositiva en el precio final de los bienes y servicios.
La Ley 8496 fue sancionada por la Legislatura el 10 de julio y promulgada dos días después. Establece que los beneficios estarán vigentes hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.