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La titular del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) de Salta, Laura Caballero, explicó la realidad actual del organismo, en un contexto económico complejo y con cambios en la política habitacional nacional. Desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional dejó de financiar obras de viviendas, por lo que la Provincia debió reprogramar planes de trabajo y asumir con fondos propios la culminación de proyectos en marcha.
“Estamos ejecutando más de 1.700 viviendas en toda la provincia con un enorme esfuerzo de la Provincia, porque la Nación no aporta nada a este plan”, resaltó en diálogo con El Tribuno, Caballero.
Actualización de cuotas y morosidad
La funcionaria señaló que durante años el IPV mantuvo las cuotas congeladas, lo que generó un desfasaje con los costos reales de construcción. Desde 2020 hasta la actualidad, se aplicaron actualizaciones graduales basadas en el Coeficiente de Variación Salarial (CBF), aunque, aun así, “las cuotas no reflejan el valor real de una vivienda”.
Caballero indicó que aún existen cuotas que no superan los \$100 y que, en promedio, la morosidad se ubica en el 30%. “Trabajamos mucho en la personalización con las familias para que entiendan la importancia de sostener el pago, porque sin eso es imposible mantener el sistema solidario”, puntualizó.
Lista de espera y prioridad para casos especiales
Actualmente, el IPV cuenta con 15 mil fichas activas de inscripción, correspondientes a grupos familiares de distintos tipos. Dentro de la normativa vigente, un 5% de las viviendas se reserva para personas con discapacidad y trasplantadas, en articulación con el INCUCAI.
Además, se atienden casos especiales vinculados a situaciones de salud o violencia, donde se prioriza la asistencia inmediata.
Control de alquileres irregulares
Respecto a los casos de viviendas adjudicadas que son alquiladas sin autorización, Caballero fue categórica: “Durante los primeros cinco años, el control de habitabilidad es estricto. Si comprobamos que el titular no habita la vivienda, iniciamos un proceso de revocatoria”.
No obstante, advirtió que el procedimiento es complejo y que, en algunos casos, las resoluciones llegan hasta instancias judiciales. También aclaró que las denuncias de viviendas deshabitadas no generan prioridad para quien las realiza, aunque sí son investigadas.
Nuevos proyectos y articulación público-privada
En cuanto a los proyectos a futuro, Caballero explicó que el déficit habitacional sigue siendo alto y que los costos de construcción dificultan nuevos desarrollos. Por ello, el IPV analiza alternativas de financiamiento mixto: “Estamos incorporando la idea de trabajar con el sector privado para generar nuevas líneas de proyectos”.
En paralelo, continúan los sorteos de viviendas concluidas. Recientemente se entregaron unidades en Cachi y próximamente se finalizarán en Coronel Moldes, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma y Copo Quile.
Finalmente, la titular del IPV ratificó que las inscripciones siguen abiertas y que cualquier grupo familiar puede anotarse para acceder tanto a lotes con servicios como a futuras unidades habitacionales.
Datos clave del IPV en Salta
1.700 viviendas en ejecución actualmente en la provincia.
0% de aporte nacional desde diciembre de 2023 (la Provincia financia todas las obras).
30% de morosidad promedio en el pago de cuotas.
Cuotas vigentes: muchas no superan los \$100 mensuales, pese a las actualizaciones.
15.000 fichas activas de inscripción en toda la provincia (todas de grupos familiares).
5% de las adjudicaciones se destinan a personas con discapacidad y trasplantadas.
Control de habitabilidad: obligatorio durante los primeros 5 años posteriores a la adjudicación.
Próximas entregas de viviendas en: Coronel Moldes, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma y Copo Quile.