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La Universidad Nacional de Salta (UNSa) fue escenario de una manifestación encabezada por estudiantes y docentes que reclamaron previsibilidad en el financiamiento y rechazaron el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada en agosto.
La protesta, realizada en el campus universitario, estuvo marcada por consignas en defensa de la educación pública y advertencias sobre el riesgo que supone la incertidumbre presupuestaria de cara a 2026.
Con pancartas y cánticos, los manifestantes exigieron que se garantice la continuidad de la investigación, la extensión y la asistencia estudiantil, áreas que suelen verse afectadas cuando la mayor parte de los recursos se absorbe en el pago de salarios. “Necesitamos un presupuesto justo y una solución definitiva; no podemos seguir con parches”, expresaron representantes estudiantiles.
La voz del rector Nina
En paralelo a la movilización, el rector de la UNSa, Miguel Nina, analizó en Radio Salta el impacto del veto presidencial y planteó que el sistema universitario atraviesa tres posibles escenarios:
- Aprobación del Presupuesto 2026, que podría incorporar reclamos de las universidades.
- Insistencia parlamentaria en la ley vetada, lo que dependerá de las mayorías legislativas.
- Reconducción presupuestaria del último presupuesto aprobado (2023, con valores 2022), un mecanismo que calificó como “transitorio” y que “no puede transformarse en regla”.
- “La reconducción sirve para que la administración no se detenga, pero no reemplaza a una ley. Es de carácter excepcional”, subrayó.
Números en rojo
Nina detalló que la UNSa destina casi el 90% de su presupuesto a sueldos, con una masa salarial mensual de $4.600 millones. El presupuesto vigente proyectado para 2025 es de $62.700 millones, pero se maneja mediante “cuotas financieras” debido a la falta de presupuesto nacional aprobado.
En cuanto al sistema universitario en general, explicó que la ejecución actual ronda los $5 billones y que para 2026 se necesitarán, como mínimo, entre $7,3 y $7,5 billones. “Ese piso permitiría transitar con cierta holgura un año en el que la inflación proyectada está entre el 30% y el 35%, lo que pega de lleno en los salarios”, dijo.
El rector reconoció que existen fuentes alternativas de financiamiento, como convenios con empresas, posgrados y capacitaciones, pero aclaró que esas vías “no permiten cubrir sueldos ni sostener carreras completas”.
Frente político
Respecto de las gestiones con legisladores, Nina confirmó que ha mantenido reuniones y que prevé nuevos encuentros en los próximos días, aunque advirtió que la definición será política y nacional: “Se decidirá en Buenos Aires, más allá de lo que podamos conversar en la provincia”.
Recordó además que el artículo 9° de la ley vetada vinculaba el financiamiento a la coparticipación federal y a los Aportes del Tesoro Nacional, lo que complicaba la ingeniería fiscal para provincias y Nación.
Un reclamo que crece
La jornada de protesta en la UNSa se sumó a otras expresiones de rechazo que ya se registran en universidades del país frente al veto. Para la comunidad académica, lo que está en juego es la capacidad del sistema de sostener no solo salarios, sino también la formación, la investigación y la extensión universitaria, pilares de la universidad pública argentina.