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Las serias incongruencias que constató el fuero federal de Salta en el padrón electoral del municipio de Aguas Blancas destaparon la punta de un iceberg, que bajo las turbias aguas de la frontera norte expone la entrega irregular de miles de documentos nacionales de identidad (DNI) argentinos a ciudadanos bolivianos, con certificaciones truchas. Ahora, el foco de la investigación que inició el fiscal federal Ricardo Toranzos a partir de denuncias presentadas en 2023 y 2024 se centrará en establecer las responsabilidades penales por el aluvión de asientos y residencias fraguadas que se desencadenó en 2011, tras una amnistía que se reglamentó con la supuesta finalidad de garantizar derechos a pobladores originarios indocumentados en el norte salteño y que terminó completamente desnaturalizada, como lo reflejaron innumerables casos que salieron a luz entre 2013 y 2018 a través de las páginas de El Tribuno.
Dado que 2.500 electores fijaron domicilio en cuatro calles que desembocan en el río Bermejo, Toranzos ordenó un relevamiento domiciliario y aéreo con el que se confirmaron las anomalías. De acuerdo con uno de los ejes que tiene la hipótesis procesal, una marea de ciudadanos bolivianos ingresó al país para gestionar DNI argentinos y acceder a subsidios a cambio de votos.
A través de la investigación que dirige el fiscal federal con competencia electoral en el distrito de la provincia de Salta se estableció que en el municipio de Aguas Blancas existen más de 2.000 inscripciones irregulares en el padrón electoral. La localidad, que tiene 3.648 habitantes según el censo 2022, cuenta actualmente con 5.736 electores habilitados para votar, lo que representa un 57,2% más de votantes que de habitantes.
A partir esa absurda inconsistencia, la fiscalía ordenó realizar el martes pasado un relevamiento casa por casa y hasta vía aérea con imágenes de un dron para la verificación domiciliaria del padrón de electores de Aguas Blancas. De la medida participaron 60 efectivos de la Policía de Salta, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad provincial, y 40 de Gendarmería Nacional.
"La hipótesis principal es que ciudadanos provenientes de Bolivia gestionan DNI argentino en Aguas Blancas para acceder a subsidios y beneficios sociales, además de quedar empadronados en la localidad. Esto distorsiona la representación democrática y el uso de recursos estatales", remarca un informe de la Fiscalía, que también subraya que hay en la localidad "más de 3.000 electores en domicilios ambiguos".
La investigación de las irregularidades denunciadas en el padrón electoral de Aguas Blancas, y la presunta entrega de DNI "truchos" subyacente, se inició a partir de una denuncia presentada en 2023 por Santiago Alberdi, dirigente político de una fuerza partidaria nacional, quien pidió que se investigue el supuesto ingreso irregular de personas provenientes de Bolivia, lo que sucedía en el paso fronterizo internacional de Aguas Blancas los días de elecciones. Según el denunciante, en esas fechas se registraban largas filas para cruzar a nuestro país con el fin de votar a cambio de dinero, con presunta residencia o nacionalidad fraguada.
A aquella denuncia se sumó otra de la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, en octubre de 2024.
Medidas de prueba
El fiscal Toranzos -asistido por los auxiliares fiscales Carolina Aráoz Vallejo e Ignacio Irigoyen y el investigador Lisandro Arranz- requirió informes a distintos organismos y dispuso una serie de medidas de prueba. Con esa base, ordenó un relevamiento del padrón. Para ello se cotejaron datos de la Secretaría Electoral, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En la calles 25 de Mayo, según el padrón electoral, residirían 729 votantes. En calle 9 de Julio, otros 700, y en calle Rivadavia, 324.
Como resultado, se pudo establecer que existen diferencias pavorosas entre la información aportada por los organismos competentes.
También se determinó que gran parte de los electores puestos bajo la lupa judicial tienen consignados domicilios imprecisos, los cuales, en número, son significativamente mayor a la cantidad de viviendas relevadas en esas calles. De esta forma, se concluyó que existe una grave y evidente irregularidad en los padrones electorales, ya que están integrados por mucha más gente de la que podría habitar allí.
Las cifras
En un primer análisis, la Fiscalía Federal tuvo en cuenta que Aguas Blancas registró en el censo de 2010 una cantidad de 2.395 habitantes, mientras que, en el relevamiento de 2022, ese número aumentó a 3.648, es decir, que el crecimiento en 12 años fue de 1.253 pobladores, un 52,3%.
Esas calles, además de tener una extensión de 300 a 600 metros, tienen pocas casas de familia y no cuentan no numeración oficial.
A través del cruce de información también se constató un aumento exponencial de votantes. En mayo de 2015, cuando Aguas Blancas fue declarada por ley municipio, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, la localidad tenía 3.286 electores, una cifra que ya entonces aparecía a todas luces desmedida. Hasta abril de este año el número trepó a 5.736 votantes, lo que implica un incremento en una década del 74,6 %. Insostenible, se lo mire por donde se lo mire.
Constatación
El crecimiento se concentró en cuatro calles que desembocan en el río Bermejo, límite con Bolivia. Allí se detectó que los registros electorales superan ampliamente la cantidad de viviendas relevadas. Por ejemplo, en la calle 20 de Febrero, que tiene una extensión de 619 metros, figuran 793 votantes. El relevamiento confirmó lo absurdo de esa cifra, ya que en esas cuadras hay varios espacios verdes y los escasos inmuebles son, en muchos casos, depósitos de mercadería, hoteles y terrenos baldíos. Parecida situación se constató en otras arterias de la localidad, como 25 de Mayo.