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Una semana antes de los comicios de octubre de 2011, un comisario de Salvador Mazza, Miguel Osvaldo Sosa, advirtió que en su propio domicilio, según el padrón electoral, residían 20 votantes bolivianos. Su denuncia, que nunca fue investigada, expuso que en San José de Pocitos se pagaban los votos de 4.000 ciudadanos de Bolivia empadronados para sufragar en municipios fronterizos.
En marzo de 2011, siete meses antes de que la denuncia del exjefe policial de Salvador Mazza ingresara a la Fiscalía Penal, el gobierno nacional había prorrogado con el decreto 278/11 una amnistía para facilitar la inscripción de nacimientos de niños hasta 12 años y que, por una gestión del gobierno de Salta, incluyó desde entonces también a personas mayores que acreditaran pertenencia a comunidades originarias con dos testigos ante cualquier sede policial y con el aval de caciques. Esa medida, con su reglamentación provincial, se prestó en años posteriores a un aluvión de registros de nacimientos irregulares.
En 2012 a Luz Alvarado, paraguaya residente en Misión La Paz, dos funcionarios del Registro Civil le ofrecieron el acceso a un DNI argentino con la amnistía dispuesta para originarios. Ella los gratificó con una piel de yaguareté. Luego de que El Tribuno expusiera el caso, Alvarado obtuvo la residencia argentina por las vías legales.
El 13 de agosto de 2024 un paciente terminal que llevaba una semana internado en el Hospital San Bernardo falleció. Por su DNI, quienes lo asistieron dieron por sentado que estaban ante un originario wichi de La Puntana. Tras labrar el acta de defunción, se dio aviso al cacique de esa comunidad de Santa Victoria Este, quien aclaró que el fallecido no pertenecía a su pueblo. Así se supo que se trataba, en realidad, de Javier Herrera Pérez, un ciudadano boliviano oriundo de Tarija. Constada la verdadera identidad, sus familiares desaparecieron dejando el cuerpo en el hospital.
DNI con fallecidos
Mariela Barrientos fue condenada el 13 de diciembre de 2023 a tres años de prisión por seis DNI y pasaportes que gestionó para ciudadanos bolivianos, en el Registro Civil de Embarcación, con la identidad de personas fallecidas. Operaba con un cómplice profugado, Juan Ramón Aparicio. Por cada DNI y pasaporte fraguados cobraban en Bolivia entre 6.000 y 9.000 dólares.