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Las serias irregularidades que saltaron a relucir en el padrón electoral de Aguas Blancas no son una singularidad que distinga a esa localidad -que tiene un 57% más de votantes que habitantes censados- de otros municipios fronterizos de Salta con Bolivia. Ese incongruente padrón, plagado de votantes "truchos", es apenas un reflejo de una descomunal maniobra ilícita que empezó a desencadenar denuncias hace 14 años, sin merecer la más mínima atención en las fiscalías y juzgados del norte provincial. De hecho, una de las denuncias más tempranas fue radicada por un jefe policial de Salvador Mazza, Miguel Osvaldo Sosa, en la semana previa a los comicios de 2011. El comisario advirtió que este municipio fronterizo tenía 4.000 ciudadanos bolivianos habilitados para sufragar con domicilios falsos y remarcó que en su propia vivienda, según el padrón oficializado, residían 20 de esos votantes extranjeros. La Fiscalía penal en la que recayó la denuncia ni siquiera se dignó a citar a Sosa para que la ratificara. Quienes sí se movieron fueron otros jefes policiales que, con presiones y hostigamientos, prácticamente lo obligaron a retirarse de la fuerza.
Dos años después, vecinos de Los Toldos denunciaron que en las primarias del 6 de octubre de 2013 habían sufragado en las mesas de esa localidad fronteriza cerca de 1.100 electores, de los que alrededor de 300 (el 27%) habían cruzado desde Bolivia para votar con residencias falseadas. La Justicia, otra vez, ausente.
La principal raíz de los irregulares padrones electorales de los municipios fronterizos y del monumental fraude al Estado que se esconden detrás de los votantes "truchos", lleva hasta el 3 de marzo de 2011, cuando el Gobierno de Cristina Kirchner prorrogó con el decreto de necesidad y urgencia 278/11 una amnistía para facilitar la inscripción de nacimientos de niños hasta 12 años. En esa amnistía, por una gestión del gobierno de Juan Manuel Urtubey, también se incluyó desde entonces a personas mayores que acreditaran pertenencia a comunidades originarias con dos testigos ante cualquier sede policial y el aval de caciques. La medida, con su reglamentación provincial y sucesivas prórrogas, se prestó en años posteriores a un aluvión de registros de nacimientos irregulares y la entrega de DNI argentinos a ciudadanos bolivianos que fueron asentados como supuestos originarios de las distintas etnias que habitan en el norte salteño.
El Tribuno expuso en los últimos 14 años las denuncias con las que vecinos de Salvador Mazza, Aguas Blancas, Los Toldos y otros municipios fronterizos insistieron sin ser escuchados hasta octubre de 2024, cuando la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, expuso las groseras irregularidades del padrón electoral de Aguas Blancas ante el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular Area de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
En vista de los antecedentes, este diario no dudó en afirmar el pasado 13 de septiembre que el caso federal de Aguas Bancas "destapó la punta de un iceberg que, bajo las turbias aguas de la frontera norte, expone la entrega irregular de miles de documentos nacionales de identidad (DNI) argentinos a ciudadanos bolivianos, con certificaciones truchas".
Y ahora, Los Toldos
Días atrás un equipo móvil del Registro Civil se instaló en el edificio municipal de Los Toldos para facilitar trámites de identificación y actualizaciones de DNI validados por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). El operativo desató fuertes cuestionamientos de vecinos toldeños, que denunciaron un ingreso masivo de ciudadanos bolivianos a los que solo ven cruzar para inclinar elecciones y conservar planes sociales o pensiones graciables, sin tener residencia real en ese aislado municipio del departamento Santa Victoria. "Somos una comunidad pequeña y nos conocemos todos. Estamos cansados de que solo vengan a cobrar beneficios y llenar las urnas de votos rentados", remarcó uno de los vecinos, que pidió reservas para evitar represalias, pero que expresó su total disposición a aportar como testigo información de interés para el expediente federal. De hecho, el fiscal Toranzos está en conocimiento de su identidad, porque la investigación que tiene medidas avanzadas en Aguas Blancas acaba de sumar un nuevo capítulo, a través de una ampliación que hizo días atrás la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras a su presentación de octubre de 2024.
Vecinos de Los Toldos entregaron a Virginia Cornejo dos listados con nombres y apellidos de ciudadanos bolivianos que figuran en el padrón electoral de ese circuito sin tener residencia real y efectiva. La funcionaria nacional acompañó su ampliación de denuncia con esos listados, poniendo de manifiesto ante el fiscal Toranzos que esos ciudadanos están dispuestos a declarar como testigos para ayudarlo a separar la paja del trigo y a establecer las responsabilidades penales confluyentes en la grave y variada gama de delitos investigados.
De mínima la adulteración de padrones electorales con domicilios falsos y sin verificación encierra delitos con serías implicancias institucionales. Y no todo se reduce al fraude electoral, porque con los DNI otorgados con asientos, certificaciones y avales espurios fortunas en impuestos se dilapidan con un continuado fraude contra las arcas públicas.
Dos listas con nombres denunciados ante el fiscal Ricardo Toranzos
En la ampliación de la denuncia que presentara ante el fiscal federal Ricardo Toranzos en octubre de 2024, por las notorias irregularidades detectadas en el padrón electoral de Aguas Blancas, la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, expuso nuevos hechos que configurarían en Los Toldos ilícitos similares a los que se ventilaron en el municipio fronterizo del departamento Orán.
La funcionaria que conduce uno de los organismos del Ministerio de Seguridad de la Nación integrados al Plan Güemes, señaló ante el fiscal a cargo del Area de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta que varios ciudadanos residentes de Los Toldos se comunicaron con ella y le informaron que en ese municipio fronterizo del departamento Santa Victoria el padrón electoral también tiene un alto porcentaje de votantes sin residencia real en los domicilios declarados.
Esos vecinos de Los Toldos le recordaron que desde 2013 ha sido público y notorio por sus insistentes denuncias y acciones de resistencia reflejadas en distintos medios de prensa que, cada vez que se celebran comicios provinciales o nacionales ingresan desde Bolivia cantidades considerables de personas que votan en las mesas de la localidad con residencias falseadas.
Frente a ello, Cornejo pidió que el Ministerio Público Fiscal de la Nación investigue la presunta falsificación ideológica de instrumentos públicos, delito previsto por el artículo 293 del Código Penal. La funcionaria de la cartera nacional de Seguridad manifestó que, a solicitud suya, vecinos de Los Toldos confeccionaron dos listas de personas que figuran en el padrón electoral, pero que no tienen residencia real, ni se los conoce en la localidad. Esas listas fueron acompañadas a la ampliación de la denuncia realizada en octubre de 2024 ante el Area de Casos Complejos del fuero federal de Salta con foco en Aguas Blancas.
Las irregularidades expuestas en el padrón electoral de Los Toldos parecen un calco de las que ya fueron constatadas en el municipio fronterizo del departamento de Orán que limita con la ciudad de Bermejo (Tarija) a través de distintas medidas de prueba impulsadas por el fiscal Toranzos. Esas actuaciones incluyeron pedidos de informes y cotejos de datos de la Secretaría Electoral, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También un relevamiento que se realizó el martes 9 de septiembre, casa por casa, con la intervención de 40 efectivos de Gendarmería Nacional y 60 de la Policía de Salta. De esa forma, se establecieron más de 2.000 inscripciones irregulares en el padrón de Aguas Blancas, ya que de 3.648 habitantes censados en 2022, tiene actualmente 5.736 electores habilitados para votar.
Saltos inexplicables en el padrón de los toldeños
Un simple vistazo a los padrones electorales disponibles en el sitio del Tribunal Electoral de la Provincia basta para advertir las llamativas inconsistencias que ahora tienen en el foco de la Justicia Federal a Los Toldos.
De 1.302 votantes que ese circuito tenía habilitados para las elecciones de septiembre de 2009, se pasó a un padrón de 2.149 electores para los comicios de mayo de 2023. El incremento de votantes entre una y otra elección fue del 65%. Lo absurdo de ese salto queda en evidencia al comparar la evolución que tuvieron los padrones de otros municipios, salvo los de frontera, donde desde 2011 se denunciaron miles de inscripciones irregulares, votos comprados y DNI argentinos entregados a falsos originarios del norte salteño.
El padrón de Salvador Mazza tiene incongruencias que aún no se investigaron, pese a que ya en 2011 se denunciaron 4.000 "votantes truchos".
Como dato que grafica el insostenible crecimiento demográfico expresado por el padrón de Los Toldos entre 2009 y 2023, cabe señalar que en el mismo período el padrón electoral de la capital salteña pasó de 331.094 a 424.354 votantes (un 28,1%). Más absurda se ve la evolución si se observa que entre 2011 y 2017 el padrón electoral de Los Toldos creció de 1.365 a 1.902 electores, casi un 40% más. La asociación de las inscripciones irregulares con los DNI fraguados que terminaron en manos de ciudadanos bolivianos asentados como falsos originarios del norte salteño desde marzo de 2011 reluce tanto que encandila. Sobre aquella desvirtuada amnistía, cabe recordar toda una confesión. Tras los innumerables casos que salieron a la luz en aquellos años -y con 2.500 expedientes trabados en ese momento en el Registro Civil de Salta- el 22 de octubre de 2015 el entonces presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), Miguel Siares, justificó sin rodeos los avales irregulares de caciques: "En el fondo, argentinos, bolivianos o paraguayos, todos somos hermanos". En esos términos, el vocal del pueblo Kolla defendió la entrega de documentos a extranjeros que fingieron pertenencia a comunidades originarias. Sus declaraciones fueron una notitia criminis perdida.