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El Gobierno de Salta acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una acción de amparo para exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida judicial también busca que se devuelvan los montos retenidos en los últimos meses y que se disponga una auditoría sobre posibles otorgamientos irregulares.
El gobernador Gustavo Sáenz sostuvo que la Provincia no permitirá que se vulneren derechos adquiridos ni que se castigue a los beneficiarios legítimos por las irregularidades cometidas en el pasado. "No pueden pagar justos por pecadores", advirtió, al tiempo que insistió en que la suspensión masiva afecta a miles de familias salteñas que dependen de estos ingresos para cubrir gastos básicos de salud, movilidad y alimentación.
Por su parte el fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, precisó que la acción será presentada en las próximas 48 horas. "Buscamos que se restablezcan en forma inmediata las pensiones que fueron ilegítimamente anuladas y que se devuelvan los fondos retenidos. Al mismo tiempo, pedimos que se ordene la realización de auditorías serias y transparentes", explicó.
El funcionario cuestionó la metodología aplicada por Nación para notificar a los beneficiarios. Señaló que en provincias del norte, como Salta y Jujuy, la comunicación formal mediante cartas documento o correos electrónicos no llega a toda la población. "Se puso el carro delante del caballo. En vez de garantizar que todos pudieran defender su derecho, directamente las anularon", indicó.
Pérez Alsina sostuvo que la suspensión indiscriminada fue consecuencia de la falta de auditorías previas por parte del Estado nacional. "Primero se debió investigar quiénes tenían derecho a percibir la pensión y quiénes no, y recién después tomar medidas. Lo que ocurrió fue al revés: se cancelaron beneficios y recién ahora se habla de auditar", cuestionó.
Salta plantea que se vulneraron derechos básicos y desde el Ejecutivo nacional se argumenta que el objetivo es "ordenar" el sistema.
El fiscal también recordó que la Constitución de Salta establece la obligación de proteger la salud física, psíquica y emocional de la población, lo que justifica la presentación judicial como una "acción moral" además de legal. "No se trata solo de un tema administrativo, estamos hablando de la dignidad y la calidad de vida de miles de personas con discapacidad", remarcó.
Desde el Gobierno provincial insistieron en que el mandato constitucional obliga a preservar la integridad de los sectores más vulnerables. En ese marco, la acción de amparo busca garantizar la continuidad de las pensiones, proteger derechos adquiridos y evitar que se profundice la situación de vulnerabilidad social.
Se enfatizó que la decisión no es "una reacción intempestiva" sino el resultado de pedidos formales de información que el Ministerio de Salud de Salta elevó a Nación a través de la Secretaría de Discapacidad, sin obtener respuestas satisfactorias.
La Corte deberá resolver si corresponde restituir de manera inmediata las pensiones y ordenar una auditoría bajo supervisión judicial.
"Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan", concluyó el mandatario, subrayando que la Provincia avanzará por la vía judicial para asegurar que se respete la dignidad de personas con discapacidad.
La suspensión de pensiones no contributivas generó fuerte malestar en distintos sectores de la sociedad. En Salta, se multiplicaron los reclamos de familias que quedaron sin cobertura en medicamentos y tratamientos. Organizaciones vinculadas a la discapacidad advirtieron que el recorte afecta derechos fundamentales y denunciaron que los procedimientos de comunicación no contemplaron las particularidades geográficas y sociales de la región.