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Un proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia, que envió el Ejecutivo a la Legislatura, resalta en el acta de labor parlamentaria para la sesión de Diputados de mañana. El expediente 91-52.695/211, que contiene el mensaje y el proyecto de ley, se encamina al recinto sin dictámenes de las comisiones de Justicia y de Legislación General, pero su tratamiento quedaría definido hoy -a las 10.30- en una reunión plenaria con ministros de la Corte; el Procurador General, Pedro García Castiella, y el Defensor General de la Provincia, Martín Diez Villa.
En reuniones previas autoridades de los colegios de Magistrados y de Abogados y Procuradores de Salta expusieron ante diputados posturas y observaciones en torno de la iniciativa, de la que poco trascendió, salvo que tendría su eje central en la oralidad penal.
En realidad, la evolución del sistema acusatorio que rige en la provincia desde 2011 al modelo adversarial que persigue mayor celeridad en causas penales, tuvo su punto de inicio en febrero de 2023, con el Plan Piloto de Oralidad Penal que implementó la Corte, a través de las acordadas 13847 y 13915.
El máximo tribunal extendió progresivamente el Plan Piloto a diferentes etapas del proceso penal, juzgados y tribunales con varias acordadas más. El proyecto que envió el Ejecutivo apuntaría, en este sentido, a poner el articulado del Código Procesal a tono con las audiencias de flexibles y multipropósito que caracterizan a la oralidad penal con una ley.
Para agilizar la tramitación de distintas etapas del proceso penal, la Corte instrumentó el nuevo tipo de audiencias, como un espacio de deliberación y toma de decisiones. Además, la oralidad penal tiene como núcleo a la Oficina Judicial, área que tiene a su cargo la organización y distribución de las tareas relativas a la gestión oral del proceso, con la asistencia de personal calificado y el empleo de herramientas tecnológicas asociadas a una forma más moderna de administrar justicia. En cada instancia del proceso penal funciona una Oficina Judicial adaptada a las tareas que llevan adelante jueces, fiscales, asesores y defensores.
El Plan Piloto comenzó a implementarse inicialmente en el Distrito Judicial del Centro. En una primera etapa, empezó a aplicarse para la resolución de los pedidos de prisión preventiva tramitados ante los juzgados de garantías. El carácter flexible de las audiencias llevó a resoluciones tempranas en una gran cantidad de casos a través de juicios abreviados, el empleo de medios alternativos de solución de conflictos o la suspensión del proceso a prueba, con la conformidad de las partes.
En una segunda fase, las audiencias se extendieron a la admisión de la prueba en la etapa de juicio, siempre con la posibilidad de someter a la decisión judicial cuestiones diferentes para las que fueron fijadas, incluso la solución temprana del caso.
Una tercera y última etapa del Plan Piloto comprendió la organización de audiencias multipropósito para atender las apelaciones de las resoluciones de prisión preventiva y de otras vinculadas con la libertad del imputado.
Desde el Distrito Judicial del Centro la oralidad penal se extendió paulatinamente a tribunales del interior. En los de Metán el modelo empezó a aplicarse el 29 de agosto de 2023 y en los de Orán, desde el 26 de noviembre de ese año.
Resultados de la oralidad penal
En el primer año de vigencia del Plan Piloto de Oralidad, desde febrero de 2023 y febrero de 2024, se realizaron 2.145 audiencias flexibles y multipropósito en la provincia, un 45% con relación a las que se habían celebrado -bajo el régimen anterior- en un mismo lapso anterior al de su implementación.
La feria judicial de enero último dejó otro dato sobre los resultados de la oralidad en la agilización de procesos penales. Durante ese mes se llevaron a cabo 259 audiencias, lo que representó un 32,8% en relación con las 195 audiencias realizadas en enero de 2024.