La historia latinoamericana registra fechas que, con el paso del tiempo, adquieren una carga simbólica difícil de pasar por alto. El 3 de enero es una de ellas. En 1990, ese día marcó la rendición de Manuel Antonio Noriega tras la intervención armada de Estados Unidos en Panamá.
Treinta y seis años después, el 3 de enero de 2026, Washington volvió a ocupar el centro de la escena regional con un ataque a gran escala en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro.
Dos países distintos, dos contextos políticos diferentes, pero una coincidencia temporal que invita al análisis.
En el caso panameño, la operación “Causa Justa” había comenzado a fines de diciembre de 1989. El objetivo declarado de Estados Unidos fue derrocar a Noriega, entonces hombre fuerte del país y antiguo aliado de Washington. El 3 de enero de 1990, acorralado y sin respaldo interno ni externo, Noriega se rindió. Para el gobierno estadounidense, la intervención se justificó en acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos. La imagen de Noriega entregándose puso fin a una etapa y abrió otra, marcada por la tutela política y militar de EE.UU. en Panamá durante los años siguientes.
El paralelismo con Venezuela surge, ante todo, por el argumento central utilizado por Washington. Al igual que Noriega, Nicolás Maduro fue acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico y de encabezar una estructura criminal desde el poder. Este 3 de enero de 2026, según lo informado por autoridades estadounidenses, un operativo militar de gran escala concluyó con su captura, en un contexto de máxima tensión regional y con fuertes reacciones dentro y fuera de América Latina.
Más allá de las diferencias evidentes, Panamá en 1990 no es Venezuela en 2026, la coincidencia de fecha expone una continuidad en la lógica de intervención estadounidense cuando considera que sus intereses estratégicos están en juego. En ambos casos, la lucha contra el narcotráfico fue presentada como el eje legitimador de la acción militar, aun cuando las consecuencias políticas, sociales y humanitarias excedieron ampliamente ese marco, según muchos analistas.
El 3 de enero, entonces, aparece como un símbolo involuntario de dos momentos en los que Estados Unidos decidió pasar del discurso a la acción armada en América Latina. Para algunos analistas, se trata apenas de una casualidad del calendario; para otros, de una señal que refuerza la idea de que la región sigue siendo un territorio sensible dentro de la política exterior norteamericana.
Entre Manuel Noriega y Nicolás Maduro, entre Panamá y Venezuela, median décadas de transformaciones globales. Sin embargo, la repetición de la fecha y del argumento central -el narcotráfico como justificación- reabre un debate histórico que sigue vigente: hasta dónde puede llegar la intervención externa y cuáles son sus costos reales para los países latinoamericanos.