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El 7 de enero de 1785 el Cabildo de Salta designó a los primeros cinco "Alcaldes de Barrios" y ellos fueron: Francisco Vicente y Zebrían, Francisco González y San Millán, Antonio Ruíz Carvajal, Gregorio López y José Fernández. El 9 de enero de 1785 -escribe el Dr. José M. Marilúz Urquijo en un trabajo que publicó en un Boletín del Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta- el gobernador Andrés Mestre dictó un reglamento donde delimitó los distritos (barrios) y fijó las obligaciones y facultades de los alcaldes. Según este reglamento de Mestre, la ciudad de Salta quedó dividida en cinco distritos: el de La Misericordia, San Bernardo, San Felipe, La Merced y el de La Viña, los que serían presididos por los alcaldes designados en el orden ya enunciado.
Esta división de la ciudad se conservó hasta el 5 de febrero de 1840 cuando el gobernador Manuel Solá redujo a cuatro cuarteles, confirmando además, que los ríos Ancho y Vaqueros eran sus límites sur y norte respectivamente.
Obligaciones
Cada alcalde debía llevar al día un registro de los habitantes de su barrio, haciendo constar nombres, empleos u oficios así como el de los hijos y sirvientes si los tuvieran. Debían poner el mayor celo con los forasteros, averiguando procedencia, destino y compañía con que hubieran venido. Y si de esas indagaciones resultaba una cosa digna de mención o sospecha, se le ordenaba dar parte de inmediato al gobernador intendente.
Las normas sobre los registros previstos en el reglamento salteño se distinguían de las similares de otras ciudades por su gran amplitud, pues no solo se exigía registrar la población urbana, sino también la de todos los sirvientes y agregados que vivieran en las tierras de los hacendados radicados en la ciudad.
Vagos y mendigos
Una vez realizado el registro de los habitantes y detectados los vagos del barrio por robustos que fueran, debían comunicarse inmediatamente los nombres al gobernador intendente para que éste les diera destino o procediera a la deportación de la ciudad.
Si bien la mendicidad estaba permitida, sólo podían ejercerla aquellos que fueran verdaderamente pobres, enfermos o imposibilitados para todo tipo de trabajo y además, contaran con las licencias correspondientes, extendidas por los curas de la Iglesia Matriz y el alcalde de su barrio.
Una medida a destacarse, es que cuando los hijos de los pordioseros cumplían 4 años de edad debían ser puestos en manos de personas que les enseñaren oficios, "pues –decía- dejándolos en manos de sus padres aprenderán a ser vagabundos y más tarde seguirán su pernicioso ejemplo".
Los opas
Y como no podía ser de otra manera, no faltó en aquel primer reglamento de los alcaldes un apartado de harto sabor local. Según el Dr. Mariluz Urquijo, hubo un capítulo enteramente consagrado a los opas "que abundan -dice- en esta ciudad". Los opas, que para el gobernador Mestre solo tenían el defecto de la mudez, debían ser repartidos entre los vecinos para que estos los destinaran según su sexo, a guardar rebaños (pastores), cuidar sementeras o a hilar, cocinar u otras labores domésticas, sin otra obligación que la de ser alimentados y auxiliados en sus enfermedades. Ni sus amos ni ninguna otra persona debían maltratarlos "pues estos infelices –dice el gobernador Mestre- deben quedar bajo mi protección".
Parece ser, y es de lamentar, que Mestre no haya incluido en su puntilloso reglamento a los "oparrones" que, además de abundar en aquellos y en estos tiempos también, no poseen justamente el defecto de la mudez sino mas bien el de parlar harto y hasta poder alcanzar fueros.
Perros
Otro apartado que no podía faltar para nuestra benemérita ciudad es el de los perros. Y así fue que se los añadió en aquel reglamento de Mestre, animales que por entonces no se "operaban" como en la actualidad y quizá por ello los canes eran de desacatarse ante la autoridad y si no, leamos el argumento al que apeló el gobernador hace 240 años: "Como se ha notado –dice- que muchas veces los perros impiden que los jueces lleguen a las casas con el silencio que corresponde para sorprender a los delincuentes en sus guaridas y que por el ladrido de aquellos dejan de conseguir ese fin, siendo asimismo excesiva la cría que hay de estos animales que de ningún modo es útil pues para la seguridad de sus casas a más de no necesitarse hoy de dichos perros porque con las providencias que tomaran los alcaldes estarán bien resguardadas. Mandarán entonces dichos alcaldes, bajo multa de dos reales a todos los maestros zapateros, sastres y barberos de cada oficial (aprendices) de los que tuviesen a su cargo, mate un perro cada semana por espacio de dos meses, señalándose el día y lugar que deben presentarlos (ya ejecutados), haciendo igualmente que se abra un foso en los extramuros para que allí se entierren a fin que no den mal olor en la ciudad".
Haciendo cálculos, en esos sesenta días se mataron en la ciudad unos 40 perros si es que esos meses eran solo de cuatro semanas. Menos mal que esta faena estuvo en vigencia hace 240 años cuando aun no estaban el peluquero Chuchuy o Romerito, el zapatero Briones o el sastre Zilli. Cuesta imaginarlos andar en esos difíciles menesteres de "piyar" perros por la cola y ahí nomás, ejecutarlos de un solo sablazo. Y más aun, presentarse con el difunto perro al hombro, un determinado día frente al Cabildo…
Además, los flamantes alcaldes de barrios debían controlar la higiene y que las pulperías y tiendas iluminaran sus frentes en el horario establecido para verano e invierno. Con el paso del tiempo las originales obligaciones de los alcaldes pasaron a manos de la organización municipal. Por eso, hace un tiempo, hubo quienes propusieron que hoy se celebre el Día del Intendente.