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Durante más de un año, un hombre montó una operación simple pero efectiva: hacerse pasar por empleado del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), prometer casas sociales a familias necesitadas y cobrar dinero a cambio de supuestas gestiones que jamás existieron.
La maniobra comenzó casi por casualidad. En 2022 abordó como pasajero un remis conducido por una mujer. En esa conversación inicial se presentó como trabajador del IPV y, al conocer que la chofer aún no tenía vivienda propia, le ofreció "ayudarla" a inscribirse en los programas habitacionales del organismo.
A partir de allí construyó un relato que fue ganando credibilidad. Le pidió documentación personal para "armar la carpeta", la llevó hasta el barrio Pereyra Rosas -donde por entonces se levantaban nuevos complejos habitacionales- y le señaló una casa en construcción, asegurándole que esa sería para ella.
Con ese argumento logró que la mujer le entregara $70.000 en efectivo, supuestamente destinados a completar los trámites administrativos. Poco después volvió a contactarla para contarle que "varias personas se habían dado de baja" del programa y que había nuevas oportunidades de adjudicación.
Más damnificados
Fue entonces cuando amplió su red. Le preguntó si conocía a alguien más interesado y la damnificada presentó a su hermano y a una prima. El esquema se repitió: promesas de vivienda, pedidos de dinero y excusas vinculadas a gestiones internas del IPV.
En nombre del hermano, la mujer entregó otros $60.000 para una segunda supuesta carpeta. Luego vinieron nuevos requerimientos económicos: $20.000 para pintura y construcción de medianeras y $100.000 para la presunta compra de cubiertas de autos que, según el acusado, eran necesarias para avanzar con los trámites.
La prima también cayó en la misma trampa y le entregó $60.000 bajo idénticas promesas. Con el tiempo, las gestiones nunca se concretaron, las viviendas jamás aparecieron y el hombre comenzó a dilatar respuestas hasta desaparecer.
Maniobras engañosas y juicio
El denominador común fue siempre el mismo: invocar falsamente pertenecer al IPV, explotar la necesidad habitacional de las víctimas y valerse de excusas administrativas para seguir pidiendo dinero.
Frente a las denuncias, intervino la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC). Tras reunir testimonios y elementos de prueba, la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio consideró acreditado que el acusado realizó maniobras engañosas reiteradas para obtener sumas de dinero en beneficio propio.
Por ello, requirió al Juzgado de Garantías 8 la elevación a juicio de la causa contra el imputado por el delito de estafas reiteradas (dos hechos), en concurso real.
Según la acusación fiscal, quedó demostrado que el hombre nunca trabajó en el IPV ni tenía posibilidad alguna de gestionar viviendas sociales.