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En sesión extraordinaria presidida por el vicegobernador Antonio Marocco y con la presencia de 22 senadores, el Senado provincial aprobó por unanimidad el Decreto de Necesidad y Urgencia 32/2026, que establece la obligatoriedad de someterse a exámenes toxicológicos como requisito para asumir o permanecer en cargos públicos. No es necesario que la norma sea debatida en la Cámara de Diputados.
La norma alcanza a una extensa nómina de cargos: Gobernador y Vicegobernador; ministros, secretarios y funcionarios de alto rango; autoridades de organismos descentralizados y sociedades del Estado; Síndico General y Fiscal de Estado; ministros de la Corte de Justicia; integrantes del Ministerio Público; jueces, fiscales y defensores; auditores generales; diputados y senadores provinciales; intendentes y concejales, entre otros. También incluye a toda persona que ingrese a cualquiera de esos organismos.
El decreto dispone que los obligados deberán someterse a controles toxicológicos sorpresivos mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria competente y realizadas por personal habilitado en el lugar donde desempeñen sus funciones.
La iniciativa había tenido un antecedente legislativo. El proyecto original fue presentado tiempo atrás por el entonces diputado provincial mandato cumplido Juan Esteban Romero, pero no fue tratado en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el gobernador resolvió avanzar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, mecanismo que ahora fue convalidado por el Senado.
Las voces
Durante el debate, el senador Manuel Pailer explicó que el DNU no admite modificaciones en su tratamiento legislativo. "Un decreto de necesidad y urgencia no se puede modificar. O se lo aprueba o no se lo aprueba tal como viene", sostuvo. No obstante, indicó que quedó abierta la posibilidad de participar en la reglamentación y, eventualmente, impulsar una ley complementaria.
"El espíritu del decreto es que hay un llamado de la sociedad para que todos aquellos funcionarios que tenemos una responsabilidad pública debemos tener una conducta realmente positiva y no caer en flagelos como el consumo de sustancias prohibidas", afirmó Pailer. También remarcó que quienes ejercen cargos deben estar "en las mejores condiciones físicas, psíquicas y anímicas" y que la medida apunta a reforzar la transparencia en la función pública. En tanto, la senadora Leonor Minetti señaló que es clave que los funcionarios públicos se sometan a esta prueba.
Por su parte, el senador Roque Cornejo anticipó el acompañamiento de su bloque y vinculó la decisión con el concepto de ejemplaridad en la política. "La política tiene que dar el ejemplo. Ejemplaridad que exige la responsabilidad pública", expresó. Recordó además que en las últimas elecciones nacionales, los candidatos de su espacio presentaron antecedentes penales y exámenes toxicológicos como parte de sus compromisos de transparencia.
Con la aprobación unánime, el narcotest obligatorio para funcionarios ya es una exigencia vigente en Salta. Ahora resta la reglamentación que precisará la modalidad de los controles, los criterios de inadmisibilidad y las consecuencias ante eventuales resultados positivos.