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El Fondo de Reparación Histórica fue creado como una de las principales herramientas de inversión pública en Salta, con el objetivo de financiar obras estructurales en infraestructura, salud, educación, agua y conectividad en distintos puntos de la provincia. A más de una década de su implementación, una auditoría integral sobre su ejecución pone bajo la lupa no solo el destino de los recursos, sino también el grado de cumplimiento de las obras comprometidas.
El informe definitivo, que analiza el uso de los fondos desde 2012 en adelante, revela un escenario complejo: proyectos que no se concretaron, montos que se incrementaron por encima de lo previsto y, sobre todo, serias limitaciones para auditar una parte significativa del dinero ejecutado. El cuadro de la página 131 sintetiza ese diagnóstico y muestra el nivel de impacto económico de las inconsistencias detectadas.
El informe sobre el Fondo de Reparación Histórica fue elaborado por un equipo técnico de la Auditoría General de la Provincia de Salta (AGPS), encabezado por el auditor principal, el contador Julio Martínez Poma, e integrado por profesionales de distintas disciplinas, entre ellos contadores, abogados, ingenieros y arquitectos, como Walter David Valdivia, Diego M. Larrán Solá, María Regina Fabbroni, Ángela Mariela Cuenca, Gimena Emilia Andujar, Lourdes Medina Leavy, Walter Guaymás, René Ríos, Mauro Rottigni, Juan Carlos Medina, Miguel Andrés Gutiérrez, Fernanda Sajia, Juan Carlos Flores y Franco Sachetti.
Cuántas obras estaban previstas y cómo se distribuyeron los recursos
El programa contemplaba un total de 176 obras públicas, distribuidas entre distintos organismos ejecutores, principalmente la Secretaría de Obras Públicas, la ex Secretaría de Asuntos Municipales, CoSAySa, Vialidad y el Poder Judicial.
Estas obras abarcaban desde edificios escolares y sanitarios hasta infraestructura urbana y proyectos de saneamiento, con financiamiento proveniente del Fondo de Reparación Histórica. La magnitud del plan implicaba una fuerte inversión estatal y un impacto directo en distintas regiones de la provincia.
Sin embargo, la auditoría deja en evidencia que esa planificación no se tradujo plenamente en ejecución efectiva, lo que abre interrogantes sobre la gestión y el seguimiento de los proyectos.
Obras que no se ejecutaron y quedaron en el papel
Uno de los puntos más sensibles del informe es la detección de obras que, pese a haber sido incluidas en el plan y contar con financiamiento previsto, no llegaron a ejecutarse.
En la Secretaría de Obras Públicas, por ejemplo, se identificaron 5 obras no realizadas, mientras que en la ex Secretaría de Asuntos Municipales también se registran proyectos que quedaron inconclusos o directamente no iniciados.
Esto implica que parte de los recursos asignados no se tradujo en obras concretas, afectando el objetivo central del fondo: reducir desigualdades estructurales en la provincia.
Montos asignados vs. montos ejecutados
El análisis financiero muestra una diferencia significativa entre lo proyectado y lo finalmente ejecutado.
El monto estimado originalmente para las obras rondaba los $924 millones, pero la ejecución total superó los $2.810 millones, es decir, más del triple de lo previsto.
Este desfasaje no solo refleja actualizaciones de costos o ampliaciones de obra, sino que también plantea dudas sobre la planificación presupuestaria, los mecanismos de control y la evolución real de los proyectos a lo largo del tiempo.
Limitaciones para auditar y fondos sin respaldo
En cuadro de la página 131 expone el núcleo del problema en términos técnicos y económicos.
De acuerdo con ese resumen:
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62,92% de los fondos auditados presentan limitaciones al alcance, es decir, no pudieron ser verificados completamente
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3,97% corresponden a observaciones cuantificables, con irregularidades detectadas
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En conjunto, 66,89% del dinero analizado presenta problemas
Estas limitaciones se deben principalmente a la falta de documentación, expedientes incompletos o inexistentes y dificultades para reconstruir el circuito administrativo de las obras.
En términos prácticos, esto significa que una porción mayoritaria de los fondos no cuenta con respaldo suficiente para validar su correcta utilización.
Millones observados sin repaldo claro
El informe cuantifica irregularidades por más de $5,8 millones en observaciones concretas.
Sin embargo, el dato más relevante no es ese monto puntual, sino el volumen de recursos que no pudo ser auditado en profundidad. La falta de información impide determinar con precisión el destino final de esos fondos, lo que amplía el nivel de incertidumbre.
Irregularidades
La auditoría también identifica que los principales problemas se concentran en los organismos con mayor volumen de obras:
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Secretaría de Obras Públicas: más del 50% de los fondos con limitaciones u observaciones
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Ex Secretaría de Asuntos Municipales: cerca del 12% comprometido
En contraste, áreas como Vialidad y el Poder Judicial no presentan observaciones cuantificables, lo que marca una diferencia en los niveles de control y documentación.
El cruce entre cantidad de obras, montos ejecutados y nivel de control muestra un patrón claro: proyectos que no se concretaron, incrementos significativos en los costos y una elevada proporción de recursos sin respaldo documental suficiente.