El Congreso argentino ocupa el último lugar en el ranking de transparencia de los Parlamentos de la región. Así lo revela el último documento que elaboró la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, que mide el nivel de acceso a la información pública de los poderes legislativos de la Argentina, Chile, Colombia, México y Perú.

El estudio fue realizado aquí por la Fundación Directorio Legislativo; la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), y Poder Ciudadano, especializadas en la dinámica legislativa.

“En los últimos diez años no se hizo nada, absolutamente nada, en materia de transparencia en la Cámara de Diputados”, dijo María Barón, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo. Y agregó que “en el Senado se instrumentaron importantes avances a partir de 2001, pero ahora Amado Boudou puso el freno, sobre todo en la divulgación de las declaraciones juradas de los legisladores”.

Pese a que el país no sale bien parado en materia de transparencia legislativa, las cosas podrían mejorar en el mediano plazo. Esa es la expectativa de las ONG luego de firmar, el miércoles pasado, un convenio con el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Julián Domínguez, para trabajar en conjunto en un compromiso para facilitar el acceso ciudadano a la información pública de ese cuerpo.
“Este es un avance importante. Durante diez años ningún presidente de la Cámara baja nos quiso recibir”, expresó Barón.

La primera reunión para avanzar en este compromiso será la semana próxima. “La intención de Domínguez es revitalizar la labor parlamentaria; para eso va a convocar a todos los actores sociales, también a las universidades. Quiere poner al Congreso en valor”, aseguraron allegados de la Cámara baja.

El índice que se aplicó para medir qué nivel de transparencia legislativa tienen los países se elaboró sobre la base de 193 preguntas referidas a cuatro aspectos básicos de la actividad parlamentaria: normatividad; labor legislativa; presupuesto y gestión administrativa, y participación y atención ciudadana. En tres de esos cuatro ítems la Argentina figura última, según el informe.

En materia normativa, el país no cuenta con una ley de acceso a la información pública, clave para la transparencia y el control. “Tampoco tiene una ley que regule el lobbying, lo que incentiva la generación de intereses extraparlamentarios”, advirtió Sandra Elena, de Cippec.

En lo que se refiere a la labor legislativa, no hay información sobre los viajes de los legisladores, las asesorías que contratan, al tiempo que el acceso a las sesiones del recinto y de las comisiones es restringido.

El presupuesto legislativo también es un misterio: en Diputados no se sabe cómo se ejecutan sus gastos ni los detalles sobre la contratación de personal. Asimismo, no hay un canal de vinculación con la ciudadanía ni rendición de cuentas.
“Los políticos no entienden que la información es de los ciudadanos, no del Estado. Luchar por el acceso a la información pública es un desafío”, sostuvo Pablo Secchi, de Poder Ciudadano.
 

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