Desde la soledad de la única banca opositora en la Cámara alta, el 3 de mayo la senadora cafayateña Silvina Vargas se atrevió a cuestionar el precio y las condiciones de la licitación de las obras previstas en la ruta provincial 54 con el Fondo de Reparación norteño. Como el aleteo de una mariposa que provoca un maremoto al otro lado del mundo, su denuncia levantó un tsunami en ese inmutable mar de aguas oficialistas.

Pocos días después, 12 legisladores de la UCR, Propuesta Salteña, el Frente Salteño, Salta Somos Todos e Identidad Renovadora pidieron a la Auditoría General que intervenga ante un presunto sobreprecio del 90% y un direccionamiento en los pliegos a favor de las tres empresas que, cuatro meses después, se quedaron con la contratación de casi $525 millones.

Aunque el órgano de control no movió un pelo, la sospecha de irregularidades en la obra más costosa que haya licitado la Provincia pusieron el foco sobre el Fondo de Reparación, ya que esa contratación insumirá 160 de los $800 millones destinados a financiar las 176 obras comprometidas con 14 municipios de San Martín, Orán y Rivadavia, además de otros $365 millones de los próximos dos presupuestos.

Los manejos de los recursos destinados al norte se prestaron a otros serios cuestionamientos, ya que el Fondo de Reparación se constituyó con una colocación internacional de bonos a 10 años, por 187 millones de dólares, garantizados con las regalías hidrocarburíferas. Esa deuda en moneda estadounidense fue convertida a 800 millones de pesos y depositada en el Banco Macro, en plazos fijos, con tasas cercanas al 12,6%.

A través de una solicitada, que salió publicada el 27 de septiembre, legisladores de la oposición calificaron el modo en que se administraron esos dineros públicos de “sospechosa incapacidad”, en vista de que se pactaron con el Banco Macro tasas 3 puntos más bajas que las de la plaza financiera y un 50% menores que la inflación real.

El gobierno respondió a aquella solicitada con una conferencia de prensa en la que el coordinador del Fondo, Rodolfo Urtubey, aseguró que el gobierno ya tenía licitado el 50% del Fondo. Por esos días, diputados y senadores norteños sostenían que apenas se encontraba en ejecución el 15% de las obras. El pasado 6 de diciembre, el titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento, el senador Santiago Payo, un legislador cercano al gobierno, puso blanco sobre negro con la difusión de planillas oficiales que confirmaban, hasta ese día, solo 39 obras iniciadas. Esto es el 22% de los 176 proyectos comprometidos. La propia ruta 54, la obra más cuestionada del programa, terminó el 2012 sin trabajos y con la Auditoria siendo un garante ausente.
 

El Presupuesto les quita lo que el Fondo les da

El pasado 4 de diciembre, durante el debate del Presupuesto de 2013, diputados de diferentes bloques objetaron los fuertes recortes aplicados en las partidas de obras públicas para San Martín, Orán y Rivadavia. “Los pueblos del norte salteño están siendo estafados con el Fondo de Reparación Histórica, porque lo que debía ser un plus de obras se convirtió en una sustitución de partidas presupuestarias”, planteó Claudio del Plá. El legislador del Partido Obrero precisó que las asignaciones para San Martín, que fueron en 2012 de $138 millones, se fijaron para el año entrante en $120 millones, cuando conforme a la evolución inflacionaria debían superar los $200 millones.

Adrián Valenzuela, diputado renovador de ese departamento, denunció que San Martín “sufrirá una reducción de recursos para obras del 30%”, a contrapelo con los fundamentos reivindicativos que dieron lugar a la creación del denominado Fondo de Reparación Histórica.

El diputado Marcelo Bernad, de Orán, advirtió que ese departamento es uno de los más perjudicados del Presupuesto de 2013, ya sufrirá una reducción del 50% en las partidas para obras públicas. “Se dice que nos benefician con el Fondo de Reparación, pero por otro lado nos quitan recursos”, lamentó el diputado del Frente Renovador Federal.

Para San Martín, Orán y Rivadavia en 2011 se habían asignado $231 millones (el 20% del presupuesto total de obras públicas). En 2012, con 25% de inflación, la cifra bajó a $193 millones (el 15% del monto total para obras en provincia). Para 2013 las asignaciones se recortaron a $165 millones (el 12% del presupuesto global de obras públicas para Salta), con otro 25% de inflación.
 

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