Cerca del 80 % de los trabajadores rurales se encuentran en “negro”, según lo estimó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien adelantó un incremento en la fiscalización que se realiza en el sector para aumentar la registración.
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Cerca del 80 % de los trabajadores rurales se encuentran en “negro”, según lo estimó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien adelantó un incremento en la fiscalización que se realiza en el sector para aumentar la registración.
Tomada encabezó una conferencia de prensa en donde se informó acerca de los primeros seis meses de gestión del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), organismo creado tras la intervención del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre) en enero. Durante la conferencia de prensa -en la que participaron también el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, y el delegado normalizador del Renatre, Oscar Maffe- se denunciaron “innumerables irregularidades” por parte del Renatre, entre las cuales se mencionó la tercerización de cursos de capacitación a favor de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) por cuatro millones de pesos anuales.
La Uatre es comandada por Gerónimo “Momo” Venegas, hombre cercano al expresidente Eduardo Duhalde y, en la actualidad, al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, alejado de la Casa Rosada.
En lo que hace a la conferencia de prensa, se informó que “según estadísticas del propio Registro, se encontraban registrados 841.897 trabajadores, pero la cantidad de aportantes era inferior al 50% de esa nómina”, señaló Tomada.
El ministro destacó que “el 80% de los trabajadores no está registrado. Es inaudito que una actividad como la del trabajo rural tenga resabios de una forma de trabajo que no merece la Argentina, por lo que nuestro compromiso es trabajar muy duro para que se logre un cambio efectivo”.
Tomada anticipó la conformación de “un cuerpo de inspectores” dedicados a fiscalizar el empleo rural no registrado.
El titular de la cartera laboral destacó también que surgió que “los procesos de tercerización tenían como finalidad impedir el control”.