El escándalo desencadenado por la agresión que sufriera el joven rugbier Gerónimo Saravia el 22 de diciembre pasado a manos de un grupo de policías revela serias falencias operativas de parte de la fuerza y de las autoridades políticas, así como un injustificable intento de ocultamiento de la verdad.
inicia sesión o regístrate.
El escándalo desencadenado por la agresión que sufriera el joven rugbier Gerónimo Saravia el 22 de diciembre pasado a manos de un grupo de policías revela serias falencias operativas de parte de la fuerza y de las autoridades políticas, así como un injustificable intento de ocultamiento de la verdad.
Las medidas adoptadas luego de que trascendiera el violento episodio, que incluyó una persecución alocada y muy peligrosa por la ruta 26, primero, y luego por varias cuadras densamente pobladas, fueron compulsivas. Las sanciones castigan a algunos agentes, aunque la penumbra que rodea al caso impide saber a ciencia cierta si se trata de aplicar la disciplina propia de la fuerza policial o, más bien, la búsqueda de chivos expiatorios ante un hecho bochornoso.
En primer lugar, es imprescindible recalcar que nada justifica los golpes que sufrió Saravia, más allá de que su conducta pueda configurar un desacato a la autoridad policial y más allá, también, de que los agentes creyeran estar frente a un asaltante o a un secuestrador.
La Policía tiene como función proteger la integridad de los ciudadanos y debe estar preparada para el caso en que una persona alterada -por el miedo, por el alcohol, por alucinógenos o lo que fuere- reaccione en forma peligrosa o imprudente, como parecería haber ocurrido en esta oportunidad.
Son muchos los casos de violencia policial en Salta; demasiados, y muy graves. No deben olvidarse las torturas a detenidos ocurridos en General Gemes entre mayo y julio de 2011. En un caso las víctimas fueron dos jóvenes con frecuentes detenciones en su prontuario; en el otro, el hermano de un oficial de la fuerza sindicado como “narcopolicía”. A éstos se suman numerosos atropellos denunciados en diversos puntos de la provincia.
Estos episodios plantean un problema de fondo: la violencia puede ser atribuida a supuestos excesos de parte de los agentes; esta es la mejor manera de dejar a las autoridades superiores fuera de cualquier responsabilidad, dejando caer la culpa en el eslabón más frágil de la cadena, el oficial de calle que pone el cuerpo ante el riesgo. No obstante, si la violencia es sistemática existe una responsabilidad política evidente.
Todo es confuso en el caso del rugbier, debido, entre otras cosas, a la falta de intervención de la División de Criminalística, al equívoco trámite fiscal posterior a la publicación del hecho en El Tribuno y a un aparente pacto de silencio entre los protagonistas, que no se pudo sostener debido a la información que publicaron en las redes sociales los amigos de Saravia.
De acuerdo con la documentación conocida, todo indica que en medio del operativo se produjo una intervención superior que evitó que el trámite siguiera su curso normal. Por alguna razón las víctimas fueron dejadas en libertad sin averiguar más nada y, a su vez, eludieron hacer pública la agresión.
Esto, de ser como parece, resulta inadmisible. En el sistema republicano, que es el adoptado por nuestro país, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Los relatos de los policías y de las víctimas dan cuenta de una persecución urbana que pudo terminar de la peor manera, con alguna persona muerta. Si los policías cometieron delito o si Saravia manejaba alcoholizado, en cualquier caso debió constar en actas transparentes e inequívocas.
Los tapujos y encubrimientos solo provocan entorpecimiento al accionar de la Justicia.
De todos modos, las sanciones compulsivas contra los policías, tomadas sin cumplir los procedimientos formales, dejan la impresión que solo se tratar de calmar la ira de quien las dispone. No se trata de otra cosa que de una señal de impotencia y de descontrol.
No solamente los salteños: todos los argentinos necesitamos recuperar la confianza en nuestras fuerzas de seguridad. Escándalos como los de los narcopolicías o los narcogendarmes, o los policías federales detenidos por el robo de mercadería en la terminal, minan esa confianza.
Es deber de las autoridades políticas actuar con ecuanimidad, que supone reglas parejas, exige la eliminación de cualquier forma de privilegio e impone respeto riguroso de los procedimientos formales, algo que estuvo ausente en todo este episodio que tuvo como víctima a Saravia y a sus acompañantes.