El resurgimiento de un conflicto que parecía terminado como el de la pastera ex-Botnia pone al Gobierno, justo en el tramo final de la campaña, ante un desafío de enormes proporciones: representar el descontento de los vecinos entrerrianos sin agravar un diferendo que puede volar por los aires las relaciones con uno de los principales socios de la Argentina.

¿Podía la Casa Rosada hacer otra cosa que ir al Tribunal de la Haya ante el anuncio uruguayo de que la pastera aumentaría su producción? No hacerlo hubiese sido una contradicción con la estrategia inicial, aunque hubo un grado importante de sobreactuación en la comunicación de la medida, lo que contribuyó al agravamiento de las relaciones.

No hacía falta chicanear al presidente uruguayo ni fogonear un sentimiento de confrontación binacional, ya que con la diplomacia debería alcanzar y sobrar para abordar temas de una complejidad tan sensible. Un ejemplo de ello fue el informe leído por Héctor Timerman sobre la presunta contaminación de la ex-

Botnia. De ser cierto lo que allí se dice, cosa que en Montevideo no admiten, Argentina habría esperado sin actuar un tiempo quizás desproporcionado para las presuntas distorsiones en el río Uruguay. Además, la información recién se conoció cuando la decisión de aumentar la producción de la planta ya era irreversible, lo que puede ser leído como un acto oportunista por parte del Palacio San Martín.

El anuncio de José Mujica de que la ex-Botnia producirá un 9% más de lo previsto es un cambio objetivo en las reglas de juego, y el país tampoco puede quedarse con los brazos cruzados. Hacerlo, como algunos piden para no “pelearse con Uruguay”, sería darle la espalda a una preocupación legítima de una provincia argentina: el Gobierno hizo bien en reaccionar rápido, aunque quizás no lo hizo de la mejor manera. La respuesta que debería primar ante eso es la elaboración de un estudio técnico bien detallado que explique el perjuicio real que tendría la Argentina y reuniones periódicas con los manifestantes para evitar males mayores.

Lo que Argentina no puede permitirse es convertirse en un anexo de la protesta ambientalista, ya que el rol oficial debería ir para el lado del diálogo y la negociación, algo que a esta altura parece casi cortado. ¿Cómo se explica que no haya habido una reunión interministerial entre los cancilleres para evaluar las consecuencias del hecho? Esa es una responsabilidad compartida que de ningún lado de la frontera parece estar incentivándose.

Toda la escalada verbal que sigue a partir de ahora, ineficiente por naturaleza, tiene más que ver con la política interna del país que con la defensa de los intereses nacionales. Una prueba de eso es que los gobernantes que hoy están a la cabeza de esta contraofensiva -tanto los provinciales como los nacionales- son los mismos que hasta la semana pasada habían dejado a los asambleístas de Gualeguaychú como unos terroristas del medio ambiente. Tanto es así que algunos de los manifestantes fueron denunciados ante la Justicia por los eternos cortes de la ruta 136.

El gobernador Sergio Urribarri, posible candidato a presidente por el kirchnerismo en 2015, está impulsando hasta una investigación judicial para determinar si una nena tiene malformaciones producto de la pastera. Querer averiguar algo así no tiene nada de malo, ya que de confirmarse sería algo de una gravedad inusitada, pero darlo a conocer justo cuando se agrava el conflicto no hace más que echarle nafta al fuego.

¿Cómo hará el Gobierno ahora para detener una eventual vuelta de los cortes de ruta si ya dio por probada la contaminación? Un escenario de esas características, más allá de la razón o no que tengan los manifestantes, podría dejar en estado de shock a todo el Mercosur en general.

Las consecuencias

La Presidenta tuvo hasta ahora una moderación en el conflicto que apaciguó algo el tema durante las últimas horas. Cristina, quien aún no se pronunció sobre el hecho, sabe que un discurso suyo de alto voltaje puede ser la excusa perfecta para que Gualeguaychú vuelva a las rutas. De ocurrir eso, cosa que aún parece algo lejana, el Gobierno deberá pagar el costo por su falta de tacto para contener la protesta.

El vínculo con Montevideo ya venía con altibajos por el cepo al dólar, lo que minimizó fuertemente la cantidad de turistas argentinos en Uruguay. Lejos de la armonía latinoamericana que se pregona discursivamente, Argentina mantiene también

un vínculo algo tirante con Brasil por las trabas comerciales, con Chile por la aerolínea LAN y con Paraguay por los desequilibrios económicos. La región, pese a las presuntas coincidencias ideológicas entre varios de sus miembros, aún sigue siendo un espacio con más diferencias que similitudes entre sus integrantes.

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