Esta semana se tratará en el Congreso argentino el acuerdo sellado entre nuestro Gobierno y el de Irán para abordar, en Teherán el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994, en Buenos Aires, que mató a 85 argentinos y que ya fue ampliamente investigado por la Justicia argentina.

El régimen teocrático de Irán logró que Argentina acceda a someter el expediente de 120 mil folios a la consideración de una comisión de juristas que la evaluarán.

Casualmente, el martes pasado Bulgaria acusó ante la UE a Hezbollah y a Irán de perpetrar un atentado contra un ómnibus en la ciudad de Burgas, a orillas del Mar Negro, en el cual murieron 5 turistas israelíes.

El crimen ocurrió, exactamente, 18 años después del atentado en el barrio de Once.

También en el caso búlgaro, Teherán negó cualquier responsabilidad y acusó a Israel de planificar y perpetrar el atentado.

Se supone que el Congreso nacional aprobará el acuerdo. El parlamento iraní, en cambio, no tiene fecha ni perspectiva cierta para hacerlo.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que, de ninguna manera el país cederá soberanía.

Sin embargo, hay un problema. El juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman tienen pedido de captura del gobierno iraní por haber reclamado la extradición de los funcionarios acusados por el atentado. Cabe imaginar que no va a ocurrir, pero no está explícito que no serán detenidos al pisar suelo iraní. O antes de irse. Al no estar explícito, su poder aparece menoscabado.

Los iraníes acusados por el crimen son el exministro de Seguridad Alí Fallhijan; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; el actual ministro de Defensa, Ahamad Vahidi; el exagregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohnsen Rabbani; y el ex secretario de esa sede, Ahmad Reza Ashgari.

Ningún experto cree que los iraníes bajo sospecha por el atentado puedan ser sometidos a una declaración indagatoria que pueda llevar a un procesamiento. “Se trata de funcionarios de alto nivel", opinó Mehrzad Boroujrdi, especialista en política iraní en Syracuse University, Estados Unidos. “Puede que dejen que sean interrogados, pero no más”, dijo a la BBC de Londres.

Tampoco está seguro de eso el canciller Héctor Timerman. Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de que los sospechosos pudieran ser detenidos, el gestor del acuerdo respondió: “Yo no me voy a adelantar a los hechos”.

Natalio Cosoy, de BBC Mundo, señala que en Irán no se sabe a ciencia cierta cuándo tratará el parlamento iraní el memorándum y destaca “una lucha de poder entre Ahmadinejad y el presidente del Parlamento, Ali Larijani”.

Los judíos argentinos están en desacuerdo con el entendimiento y piensan que los interrogatorios, si se hacen, serán amables diálogos sujetos a la buena voluntad de los acusados. La palabra “indagatoria” no aparece en ningún párrafo.

Ese equívoco es el que salió a la luz luego de la reunión de las entidades de la colectividad con Timerman. Lo que se habló no aparecía en los papeles. Por eso pensaron que los habían engañado.

Irán, por su parte, solo entiende que el acuerdo servirá para archivar la causa y dejar sin mácula al régimen. El parlamentario oficialista Avaz Heydarpour ya adelantó que Irán “no permitirá que el juez y el fiscal argentinos viajen a Teherán a interrogar a los sospechosos”. Otro parlamentario, Ahmad Bakhshayeshi, dijo que estaría bien, “si eso sirve para aclarar cualquier malentendido y cerrar el expediente”.

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