Podrán discutirse las causas y los responsables, pero negar que Argentina es un país “enfermo de violencia” como denunció la Iglesia ubica al Gobierno en una incómoda posición política. La inseguridad y el narcotráfico ya son parte de la agenda cotidiana, los linchamientos y el bullying ya no sorprenden a nadie y crece día a día la cantidad de personas armadas. Polemizar sobre lo que todo el mundo percibe, tal como ocurre con los ocultos índices de pobreza e indigencia, solo conduce a profundizar el aislamiento político del kirchnerismo.

El discurso de ayer de la Presidenta en el aniversario por el padre Mugica, que tuvo un tono visiblemente irritado, demuestra hasta qué punto el comunicado de la Iglesia caló hondo en la Casa Rosada. Hacía tiempo que Cristina no confrontaba públicamente de la forma en la que lo hizo ayer. “Cuando hablan de una Argentina violenta, quieren reeditar viejos enfrentamientos”, dijo la mandataria en su intento por licuar los cuestionamientos eclesiásticas.

No es una casualidad la razón por la que Daniel Scioli le saca tantos cuerpos de ventaja a sus competidores internos de cara a la sucesión presidencial: planificadamente, el gobernador bonaerense transforma cada preocupación ciudadana en parte de su agenda cotidiana. Sus rivales, mucho más condicionados por buscar ser representantes del kirchnerismo duro, terminan siendo tan funcionales a la Presidenta que minimizan al extremo sus chances de instalación pública.

Los altos niveles de desigualdad que aún continúan en la Argentina son, obviamente, una causa central de esta violencia desmedida por la que parece transitar el país. Cristina ayer habló explícitamente de eso, aunque sin reparar en que su fuerza política ya tiene más de once años al frente del Estado. El menemismo y la Alianza profundizaron fuertemente la inequitativa distribución del ingreso hace más de una década, pero el kirchnerismo no logró dar vuelta la ecuación pese a las tasas chinas de crecimiento que tuvo a su favor.

Adjudicar la inseguridad y la violencia en las escuelas al oficialismo es un simplismo muy típico en el que cae la oposición: Argentina es violenta hace años, muchos más de los que tienen Néstor y Cristina Kirchner en el sillón de Rivadavia.

Enfrentarse con la Iglesia es hoy para el Gobierno muy distinto de lo que era hace poco más de un año. La asunción de Francisco en el Vaticano, quien siempre tuvo una visión crítica de la situación social argentina, le dio un aire inesperado al Episcopado local. El comunicado de anteayer no dijo nada que Jorge Bergoglio, el argentino que por lejos mejor imagen positiva ostenta, no haya enunciado con anterioridad cuando era cardenal porteño.

“Sabemos que polemizar con la Iglesia puede mostrarnos algo intolerantes a las críticas, pero tampoco podemos dejar que quede instalado que tras una década nuestra en el poder queda una Argentina más violenta de la que había”, reflexionó ayer, autocrítico, un cercano colaborador de la Presidenta que pidió reserva de su identidad.

En el Gobierno se perciben dos posturas internas bien diferenciadas entre sí: la de los llamados “blandos”, que tienden a admitir los problemas a lo Scioli, y la de los “duros”, quienes no se mueven del libreto oficial ni un milímetro. En el primer grupo se ubican el secretario de Seguridad Sergio Berni, el ministro de Transporte Florencio Randazzo y el de Educación Eduardo Sileoni; en el segundo, con Jorge Capitanich a la cabeza, se encuentra casi todo el resto del Gabinete cristinista.

Los índices

Es indudable que la pobreza en Argentina debe haber bajado considerablemente en comparación de 2003, aunque el dato se pone en duda si se lo mide con 2011. Tras la reelección de Cristina, a fines de ese año, toda la economía se desajustó: se implementó el cepo cambiario, se profundizó la inflación, se restringieron las importaciones, se devaluó fuertemente la moneda y desapareció el crédito al consumo. El ocultamiento de cifras, que parecía enterrado tras el blanqueo del IPC, vuelve a poner en tela de juicio los logros que el Gobierno dice que tuvo en materia social. Ese, claro está, no es un buen negocio para el oficialismo.

 

 

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