Argentina necesita que se generen nuevas fuentes de trabajo y producir bienes no solo para competir internacionalmente sino también para que no nos invadan bienes extranjeros con precios mucho más bajos.
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Argentina necesita que se generen nuevas fuentes de trabajo y producir bienes no solo para competir internacionalmente sino también para que no nos invadan bienes extranjeros con precios mucho más bajos.
Suponemos que en el corto plazo no se devaluará nuestra moneda respecto al dólar, pero observamos que el Gobierno, consciente de esta realidad, está buscando otros caminos para bajar costos y una forma para lograrlo es reduciendo impuestos.
Nuestro país tiene una de las presiones impositivas más altas del mundo y necesita un alivio fiscal reduciendo impuestos especialmente al consumo, razón más que válida para entender que la tasa de evasión ronda el 40%, cuando países en desarrollo intermedio (como el nuestro) ronda entre un 20 a 30% y en los países desarrollados la misma está cercana al 10%.
El impuesto al consumo más importante de Argentina es el impuesto al valor agregado (IVA), cuya recaudación junto a otros impuestos regresivos como los internos, a los combustibles, etcétera, representan el 34% de la recaudación total, todos estos gravámenes son trasladados directamente a precios, afectando directamente al consumidor y en mayor medida a sectores de menores ingresos que son los que destinan la mayor parte de sus recursos al consumo.
Si a estos gravámenes les sumamos el impuesto al cheque, la recaudación nacional supera el 40% de impuestos regresivos. Esto es sin computar los impuestos provinciales también considerados regresivos como; a las actividades económicas o lucrativas y los municipales como actividades varias en nuestra ciudad.
A modo de ejemplo, podemos citar que los alimentos están grabados con un 43% de impuestos, los automotores con un 45%, los productos alcanzados por los impuestos internos un 80%, descontando que estos porcentajes forman parte del precio final de cada uno de estos bienes.
Recordemos que la última reforma constitucional del año 1994 obligó a revisar el régimen de coparticipación federal de impuestos en un plazo máximo de 10 años y hasta la fecha aún no se hizo, pero también sabemos que existe la voluntad política de modificar cambios en varios impuestos especialmente los distorsivos.
Más empleo, menos costo
El presidente Mauricio Macri en su segunda apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el pasado 1 de marzo, anunció que desea modificar el marco legal vigente con tres proyectos claves pensados para que las empresas contraten más personal y reduzcan costos.
Ante la realidad de los despidos y suspensiones producidos por la contracción de nuestra economía, el Gobierno busca dar un fuerte impulso al mercado de trabajo. Macri expresó que pretende implementar un nuevo blanqueo laboral, con normas de flexibilización laboral acompañadas con una significativa disminución de las cargas sociales que deben abonar las empresas al contratar nuevos empleados.
Ante este anuncio, las opiniones de algunos analistas están divididas; hay quienes opinan que dará lugar a un retroceso y otros, en cambio, entienden que contribuirá a ponerle fin a un escenario adverso; también los sindicalistas hicieron sentir su opinión y endurecen sus posturas. Sabemos que los costos laborales son los más altos de la región y, de acuerdo a un informe del Word Economic Forum, la Argentina se ubica ultima en el ranking de impuestos al trabajo y en el puesto 130 lo que a productividad general se refiere.
Lo cierto y de acuerdo a publicaciones periodísticas, se entiende que el Gobierno al referirse al blanqueo tiene los siguientes objetivos:
a) Solventar los aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado laboral en los próximos tres años, objetivo: blanquear unos 900.000 trabajadores.
b) Subsidiar una parte de los salarios de quienes ingresan al circuito del empleo, en lugar de pagar subsidios a desempleados.
c) Reducir la informalidad en rubros que manejan altos porcentajes de empleos en negro (textil, campo, construcción, etc.), objetivo: incorporar a un millón de trabajadores en tres años.
d) Condonar multas y capital por cargas y contribuciones impagas a quienes regularicen dependientes.
e) Relanzar la ley de primer empleo, que incluye la reducción en el pago de aportes patronales.
f) Facilitar el "sinceramiento" a pequeñas firmas, de menos de diez personas que no tendrán que pagar multas o aportes incumplidos.
g) Contemplar la situación de empresas con más de diez trabajadores en cuyo caso abonaran cargas y contribuciones pero no multas.
h) Apuntar a sincerar la realidad en primer lugar de quienes integran el segmento informal y que reciben ingresos inferiores a $12.000.
i) Reducir la informalidad, creándose para tal fin el Repsal (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales), que identificará a empresas con empleados no registrados.
j) Proponer un plan simplificado para monotributistas que tengan empleados; pagarían una suma fija en lugar de cargas sociales, (norma similar a la aprobada por el kirchnerismo para entre 3 y 5 dependientes).
k) Rebajar los aportes patronales no solo para los jóvenes sino además cuando la empresa opta por sincerar personal en situación irregular.
El ministro Nicolás Dujovne está elaborando un plan para bajar la carga tributaria que recae sobre las empresas con el mismo objetivo de lograr una mayor propensión a que las empresas contraten personal en la medida que disminuyan los aportes y las contribuciones.
Entre los temas propuestos figuran:
a) La reducción de los aportes patronales con techo del 35%.
b) La reducción del IVA del 21% al 18%.
c) La reducción o rebaja del impuesto a los débitos bancarios.
d) Buscar eliminar los impuestos distorsivos que frenan la producción, el crecimiento y el consumo.
Ante estos anuncios sabemos que la discusión pasara al Congreso para ello es necesario que nuestros legisladores tengan presente los siguientes parámetros:
a) La economía funciona con elevados porcentajes de informalidad. b) Respecto a la eliminación o disminución de impuestos especialmente los coparticipables, ser muy cautos ya que perjudicarían las arcas provinciales. c) Elaborar una ley de coparticipación que priorice y de mayor porcentaje en la recaudación de impuestos a las provincias respecto a la Nación, como lo determina la Constitución nacional.
Se podrán implementar muchas leyes para atraer a los empresarios a invertir pero en la medida que no crezca nuestra economía con precios competitivos y reglas de juego claras, tampoco crecerá la creación de empleos.