Aguardan que Nación habilite el  procedimiento de crisis del ingenio

La espera de las últimas horas hizo más angustiante el clima que se respira en Campo Santo, donde el ingenio San Isidro ha paralizado la totalidad de sus actividades y envió un procedimiento preventivo de crisis que Trabajo de la Nación debe contestar en lo inmediato.

A partir de esa respuesta se activarán los mecanismos que prevé la ley para analizar la situación de crisis planteada por el ingenio y avanzar en una salida legal al conflicto.

Hasta el cierre de esta edición el Gobierno nacional no había corrido traslado al gremio de los azucareros el pedido de la empresa, pero el sector gremial esperaba esta comunicación para determinar puntualmente cual es el planteo de los industriales y a partir de allí definir las acciones.

En diálogo con El Tribuno, el secretario de Trabajo de la Provincia Alfredo Batule confirmó que se aguarda el traslado desde Nación. "No llegó nada todavía y las averiguaciones que pudimos hacer indican que el expediente ingresó el viernes a último momento y que tiene una demora dentro de la tramitación interna en las distintas oficinas", indicó.

El plazo de la notificación de un procedimiento preventivo de crisis es de 48 horas, según lo establece la normativa, pero dada las características y las implicancias de una medida de este tipo, ese plazo "podría extenderse un par de días", señalaron desde Buenos Aires.

Ocurre que este traslado resulta vital para determinar el planteo y el pedido que la empresa hizo a la Nación, argumentando la situación de crisis con la documentación respaldatoria que corresponde.

Trabajo de la Nación debe analizar este pedido, correr traslado al gremio y fijar una audiencia preliminar dentro de los cinco días de notificado el sindicato.

"La Nación puede rechazar este pedido, pero en principio lo que se hace primero es fijar lo que la ley denomina una audiencia preliminar antes de descartar o aceptar cualquier planteo" señaló Batule.

Las reuniones de la audiencia podrían ser en Buenos Aires o aquí en Salta, teniendo en cuenta que existen dependencias de ese organismo federal, pero eso quedará a criterio del Ministerio de Trabajo, que tiene en sus manos la dirección del proceso.

Con este panorama la situación se mantuvo tensa, tras la confirmación el fin de semana de que el grupo peruano Gloria decidió cerrar el ingenio debido a cuestiones económicas, productivas y laborales "insalvables".

Pero lo que en principio fue considerado por el sindicato como una "chicana" empresarial para despedir empleados y negociar una baja de sueldos, se trasformó con el correr de las horas en un riesgo de alta certeza.

La participación directa del propio gobernador Urtubey, quien desistió de viajar al Foro de Davos junto al presidente Macri, cambiaron el escenario y la opinión del gremio. Su intervención personal dio cuenta de la gravedad del asunto.

Ayer Urtubey encabezó otra reunión, esta vez con intendentes y legisladores del departamento Gemes, en la que evaluaron las consecuencias del cierre del ingenio. Estuvieron los intendentes de Campo Santo, Mario Cuenca; de General Gemes, Alejandra Fernández; el senador departamental Carlos Rosso y el diputado provincial Juan Emilio Fernández Molina. El análisis no fue para nada alentador.

Los números redondos dan cuenta solo del impacto laboral: la fábrica tiene 700 empleados, de los cuales se encontraban activos unos 400, ya que en esta época solo funcionaba el área de Destilería. El gremio asegura que en forma directa unas 1.200 familias se verán afectadas por el cese de las actividades.

 

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