La Provincia multó al colegio Santa María por un caso de discriminación  

El Ministerio de Educación de la Provincia impuso una multa de más de 100 mil pesos al colegio Santa María por el caso de homofobia que habían denunciado los padres de un alumno de 16 años y cuatro compañeros. También se determinó que los docentes y directivos deberán hacer capacitaciones sobre derechos humanos.
La resolución 10.202, que firmó ayer la titular de la cartera Analía Berruezo, “deja establecido que el colegio ha incurrido en un acto de discriminación”. El instrumento legal dispone que la institución deberá pagar una multa equivalente a diez veces el arancel que pagan los alumnos, que es de unos 10 mil pesos. 
También se determina que las autoridades del colegio Santa María deben implementar a partir del 2019 “un programa de capacitación en derechos humanos con especial énfasis en el principio de igualdad y no discriminación dirigido a directores, personal jerárquico, tutores y docentes, cuya ejecución deberá ser supervisada por la Dirección General de Educación Privada”. 
La familia de Santiago Coraita, de 16 años, expuso que autoridades del colegio lo citaron el 28 de septiembre para pedirle que se sacara una pulsera que representa la lucha por los derechos de la comunidad LGBT porque iba “contra los valores” de la institución.
El reclamo se hizo durante una reunión en la que el alumno se sintió intimidado porque indagaron en aspectos de su vida privada, de acuerdo a lo que se detalla en la denuncia.
Luego de este episodio, cuatro compañeros de Santiago difundieron en las redes sociales expresiones de repudio a la homofobia. En una de las imágenes que compartieron, se veía el símbolo del colegio y una señal de “fuck you”.
A los cuatro chicos que participaron de las publicaciones les pusieron 14 amonestaciones y les comunicaron que aplicarían el ‘derecho de admisión‘, por lo cual no los aceptarían como alumnos el año que viene. 

"Trató de ocultarlo”

Jorge Coraita, padre de Santiago, manifestó ayer que la familia está satisfecha con la resolución del Ministerio de Educación. “Se estableció que el colegio incurrió en un acto de discriminación y, además, trató de ocultarlo”, señaló a El Tribuno.
Coraita destacó que la institución tiene como norma llamar a los tutores cuando necesitan comunicar cualquier tipo de situación relacionada con los alumnos, pero en este caso las autoridades “abordaron directamente” a Santiago sin la presencia de sus padres.
“Él salió conmovido y ahí se dio la reacción de sus amigos. El colegio intentó borrar que eso había pasado y plantear que los compañeros habían actuado en base a una fantasía o mala interpretación de los hechos. Nos proponían dejar de lado la verdad. La resolución aclara cómo ocurrieron las cosas”, sostuvo el padre.
La semana pasada, las autoridades del colegio habían manifestado ante el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo) su intención de retrotraer la sanción y admitir a los chicos en 2019. Sin embargo, los padres no aceptaron la propuesta porque consideraron que el colegio no había admitido el hecho de discriminación.
En la resolución del Ministerio de Educación que se conoció ayer, se ordena que el colegio “en el plazo de cinco días hábiles adopte las medidas necesarias para garantizar la rematriculación de los alumnos sancionados” o concederles el pase a otra unidad educativa si así lo deciden sus padres. 

Consultaron si había sanciones similares 

Educación trató de averiguar si se permitía usar pulseras en el colegio.

Como parte de las averiguaciones que se hicieron sobre la denuncia, según se conoció, el Ministerio de Educación solicitó al colegio Santa María que informara a cuántos alumnos se les había llamado la atención en los últimos tres años por usar un accesorio como una pulsera.
La institución, según consta en la resolución, respondió que era complejo ofrecer esa información en el corto plazo porque había que revisar los legajos de cada alumno. 
Desde el Ministerio de Educación se planteó, en tanto, que las sanciones deben estar consignadas en un único libro de firmas y se consideró que las autoridades habían tratado de evadir o dilatar la respuesta sobre el tema.
Según trascendió, la cartera educativa requirió este detalle para aclarar si era una norma evitar que los alumnos usaran accesorios o si se le había llamado la atención a Santiago Coraita solo porque su pulsera representaba la lucha por la igualdad de derechos para la comunidad LGBT.
También se supo que la familia de Santiago Coraita ofreció como documento los anuarios de los últimos seis años, en los que hay fotos que reflejan que los alumnos habitualmente usan pulseras y otros accesorios para ir a clases.
Los directivos de la institución habían argumentado que ejercieron el “derecho de admisión” con los cuatro alumnos que hicieron publicaciones sobre el caso de Santiago Coraita por considerar que los estudiantes cometieron “una falta grave contra la institución al subir a las redes una foto con un gesto obsceno hacia el escudo del colegio y, por ende, al ideario institucional”.
El Tribuno intentó ayer dialogar con el representante legal del colegio Santa María sobre la resolución del Ministerio de Educación. Como ocurrió desde el día en que se conoció la denuncia en las redes sociales, los referentes de la institución optaron por no hacer declaraciones.

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