El caso de la niña de 10 años violada y embarazada por su padrastro en Salta repercutió en medios nacionales. Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), en tanto, volvieron a pedir que se derogue el decreto provincial que fija el límite de 12 semanas para aplicar el aborto no punible en casos de violencia sexual.
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El caso de la niña de 10 años violada y embarazada por su padrastro en Salta repercutió en medios nacionales. Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), en tanto, volvieron a pedir que se derogue el decreto provincial que fija el límite de 12 semanas para aplicar el aborto no punible en casos de violencia sexual.
Laura Postiglione, presidenta del OVcM, insistió en que la legislación nacional no estipula el plazo de 12 semanas que rige en Salta. Aseguró que los casos de violación a niñas no se descubren hasta que el embarazo está más avanzado.
Postiglione advirtió, además, sobre el riesgo que implica un embarazo y un parto para la salud física y psíquica de una niña.
El caso de la nena de 10 años que cursa un embarazo de 19 semanas tuvo repercusión en medios nacionales.
La agencia oficial de noticias Télam difundió ayer la noticia y enfatizó en la polémica que se generó en torno a la aplicación del aborto no punible en la provincia.
El tema también se instaló en medios como Infobae, Minuto Uno y Cosecha Roja.
Desde el Gobierno de la Provincia y el Ministerio Público aseguran, en tanto, que no se interrumpió el embarazo porque la niña y su madre "manifestaron su voluntad" de seguir adelante.
Laura Postiglione dijo que las niñas y mujeres embarazadas como producto de una violación deben acceder a información clara y saber que el aborto es un derecho en estos casos.
"Pedimos que se ofrezca el acceso a este derecho en los hospitales y no que se espere pasivamente que lo pidan las víctimas", manifestó Postiglione.
La presidenta del observatorio destacó, además, que en el protocolo que se aplica en estos casos en Salta, fijado por decreto, no se aborda la causal de salud. "Un embarazo es de alto riesgo para una niña, desde el punto de vista físico y psíquico", señaló.
Con respecto al límite de 12 semanas para realizar el aborto, Postiglione recordó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó, en una causa de La Plata, que obligar a continuar un embarazo en estos casos constituye "un trato cruel y degradante".
El 9 de mayo, en una reunión con el ministro de Salud de la Provincia, Roque Mascarello, representantes del OVcM pidieron derogar el protocolo que regula el acceso al aborto no punible, que se aplica en casos de violación o riesgo de vida para la madre.
Además del plazo de 12 semanas, se cuestiona que se les exija a las mujeres embarazadas como producto de una violación una denuncia penal o declaración jurada ante el Ministerio Público para acceder al aborto, requisito que no existe en otras provincias y que no se estipuló en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aclaró en 2012 en qué casos esta práctica es no punible.
La reacción de la niña y su madre
El embarazo de la niña se descubrió cuando fue con su mamá al Hospital Público Materno Infantil por un dolor de estómago. Los médicos le realizaron una ecografía y detectaron que cursaba un embarazo de 19 semanas.
Cuando la médica les dio la noticia ambas rompieron en llanto, tras lo que la nena le contó a su madre que su padrastro la había violado, lo que motivó la intervención de la Policía y la denuncia del caso.
La Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Federico Obeid, ordenó la detención del hombre, que está imputado de abuso sexual con acceso carnal, mientras que la niña quedó internada.
Además, se dio intervención a la asesora de Menores Patricia Gómez de González en turno y al médico forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
El Gobierno de la Provincia difundió que Gómez de González informó “la voluntad de continuar con el embarazo manifestada por la niña y su madre”.
El hecho de que las víctimas tengan que hacer una declaración jurada ante el Ministerio Público se cuestiona porque dilata el proceso y es similar a judicializar el caso, que es lo que no debería hacerse de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de 2012.