En las últimas semanas se produjeron dos episodios que parecen insinuar un cambio de criterio en las políticas del país con respecto a los grupos indígenas genuinos y a las formaciones políticas que aprovechan la ambigedad de algunos criterios instalados para negocios propios.
inicia sesión o regístrate.
En las últimas semanas se produjeron dos episodios que parecen insinuar un cambio de criterio en las políticas del país con respecto a los grupos indígenas genuinos y a las formaciones políticas que aprovechan la ambigedad de algunos criterios instalados para negocios propios.
Entre esos criterios, el punto central está dado por la inconsistencia de los relevamientos, que en su mayoría no se hicieron, o se realizaron sin conocimiento de la realidad local. En consecuencia, el principio de "autoidentificación", aplicado con estilo clientelístico, genera dudas sobre la validez de las personerías otorgadas.
Al reclamar los derechos que la Constitución les reconoce a los pueblos originarios, comunidades de identidad dudosa generan un grave conflicto sobre la propiedad de las tierras.
"Las tierras que tradicionalmente ocupan", dice la Constitución: No podría aplicarse a un asentamiento reciente, ya que claramente el texto se refiere a herencias de sus antepasados precolombinos. En todo caso, no puede habilitar a nadie para que el verbo "ocupan" se utilice como legitimación para ocupar las tierras de los demás que ocasionalmente les interesen a los caciques.
La extradición de Jones Huala
La extradición del supuesto "lonko" Jones Huala a Chile, que lo reclama por actos de violencia en el sur del país, pone fin a un capítulo muy violento en nuestro territorio, cuya mayor manifestación se produjo con la muerte del activista Santiago Maldonado durante una protesta contra la detención del ahora extraditado Jones Huala y que derivó, a su vez, en el saqueo de la casa de Chubut en Buenos Aires, a manos de militantes "mapuches" encapuchados. En los meses siguientes, vale recordarlo, proliferaron las ocupaciones de tierras privadas todas, de interés turístico o productivo que los militantes denominaban sagradas. En esos episodios también murió, durante una refriega con la gendarmería, otro joven, Rafael Nahuel, en cercanías del Lago Mascardi.
La extradición de Jones Huala no produjo reacciones inmediatas. Casi en simultáneo, a pedido de la provincia de Neuquén, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad la nulidad de la personería jurídica otorgada en 2002 a seis comunidades mapuches por el Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La medida involucra a las comunidades Lof Maripil, Lof Gelay Ko, Lof Wiñoy Tayin Raquizuam, Lof Lonko Purran, Lof Lefiman y Lof Wiñoy Folil.
El máximo tribunal le dio la razón a la provincia de Neuquén, que alegó no haber sido consultada por el Gobierno nacional cuando le otorgó la personería jurídica a las seis comunidades mapuches afectadas por la medida.
El texto puntualiza que el INAI solo otorgó participación a la provincia cuando la decisión estaba tomada y de esa manera invirtió la "carga de la prueba": Neuquén debía demostrar que las personerías otorgadas por el INAI causaban un perjuicio concreto a los neuquinos. El problema, está claro, no es la personería en sí, sino la ocupación ilegítima de tierras que se realiza invocando tal personería.
El cambio de criterios, aunque no de jurisprudencia, se observa en el dictamen de 2014, donde la misma Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto 1184/02 de la provincia de Neuquén. Allí. La provincia sureña consideraba que asignar las personerías a las comunidades aborígenes no podía ser atribución de un organismo nacional.
Ahora parece darle razón, cuatro años después.
No tan lejos
Estos hechos, ocurridos a más de dos mil kilómetros de Salta, guardan similitud con los que se producen acá por la acción compulsiva de la recientemente creada comunidad Unión Diaguita Calchaquí en los valles de nuestra provincia, con repercusiones violentas en localidades del departamento capital, como Lesser.
Hace un par de meses, legisladores nacionales y provinciales recibieron a la Asociación de Productores de Fincas de los Valles Calchaquíes en el Senado salteño. Allí admitieron que el reconocimiento de las personerías había sido otorgado desde el desconocimiento de la realidad regional.
Los productores, cuyas fincas han sido ocupadas por la supuesta comunidad "kakan" consideran que el INAI se manejó en función de intereses ajenos a los verdaderos pueblos indígenas, que en Salta superan las 90 mil personas y que en su mayoría viven en la marginalidad.
"El INAI trabajó para los intereses de La Cámpora, les permitió inventar caciques y comunidades, y solo buscaron quedarse con tierras en base a engaños", dice Cristian Ammann, de Cachi, cuyo emprendimiento en Las Pailas fue abortado por la invasión de extraños, a pesar de que su propiedad está absolutamente documentada. "Esto fue clientelismo político y demagogia, a costa de los legítimos propietarios", dijo Ammann. (Sigue)
Asociación de Productores:Colque, Portal, Ammann, Bonifacio y Juan Cataldi.
Ahora, estos productores confían en que prospere una impugnación a la personería de la Unión de Diaguitas y Calchaquíes, a cuyo cacique, Armando Salva, le desconocen identidad originaria -pertenece a una familia de Finca Palermo que controla políticamente La Poma hace décadas-, pero también objetan su metodología.
Salva, testimonian numerosos vecinos de los valles, reemplazó el “principio identitario” que propone la ley para reconstruir las poblaciones aborígenes y los convoca a “afiliarse”, como si se tratara de un partido, aunque no para recuperar la lengua, las costumbres o la cultura, sino para ocupar tierras con las promesas de que les darán títulos individuales.
Como prueba de la dudosa identidad diaguita de Salva, muestran fotos del casamiento, plenamente occidental, en un templo católico, y su devoción por la Virgen de Urkupiña.
Quedarse con lo ajeno
El productor Guillermo Colque, cuya familia vive en El Potrero desde siempre, es decir, desde antes de la llegada de los incas primero y de los españoles, después, señala que el padre de Salva, Telmo, como senador y como intendente, intentó siempre quedarse con 13 hectáreas de su propiedad.
Para ofrecerla a sus votantes, dice Colque, Telmo Salva presentó un proyecto de expropiación, que no prosperó; luego intentó el recurso de la posesión veinteañal, que es inviable en este caso, y ahora, a través de su hijo, apela a la propiedad comunitaria.
Son algunos de los casos. Episodios de esta naturaleza se repiten en La Poma, El Rodeo, Payogasta, San Carlos, Cafayate, Cachi, Molinos, Tacuil, Churcal, Angastaco, La Aguada, entre otros.
En Lesser y en La Poma hubo hechos de violencia criminal en las ocupaciones.
Dogmas y negocios
No hace falta ser muy perspicaz para comprender que la violencia de grupos que invocan identidad originaria es el producto de la manipulación de la ley con finalidades clientelares.
Nadie cree que la familia Salva pertenezca a la etnia diaguita calchaquí. Y no lo creen porque esa entidad apareció de golpe en La Poma, Cachi, Molinos, y en distintos puntos de los valles. Y porque los jefes que convocan a la afiliación, a la ocupación de tierras de los vecinos, a las acciones patoteriles contra los que no se quieren afiliar, son dirigentes políticos que no hablan la lengua, no practican cultos ancestrales y no viven a la usanza antigua.
Los intérpretes
Los únicos intérpretes oficiales de Salta hablan wichi; ni siquiera hay de lengua guaraní, chorote, qom o cualquiera de las otras que se hablan en territorio salteño.
Los pseudo aborígenes se afilian y se desafilian de la comunidad como si se tratara de una obra social; las demandas de tierras confunden la propiedad comunitaria con supuestos loteos, de ese modo embaucan a los vecinos con “espejitos de colores” -como los colonizadores- y generan un estado de tensión cuyo límite se desconoce.
Y lo más curioso es que estos caciques asalariados del INAI jamás incluyen sus propiedades en el ambivalente régimen “comunitario”.
Mientras que en los valles Calchaquíes se genera un conflicto étnico inadmisible, el mismo INAI es incapaz de resolver los problemas de los aborígenes reales, que no necesitan autodefinirse porque son, como los fueron sus padres y sus abuelos, wichi, guaraní, qom, chané.
Hablan la lengua heredada, la disfrutan, honran sus tradiciones, sus cultos y sus danzas ancestrales. Les preocupa que sus hijos, poco a poco, vayan perdiendo esas tradiciones y, sobre todo, les preocupa que caigan en el vicio de la droga o que deban vivir de comercios ilegales. De hecho, la droga ya ha irrumpido en muchas comunidades, provocando verdaderos dramas.
El clientelismo
Por una parte, hay negligencia del Estado e impotencia de los jueces y fiscales; por otra, está la mezquindad del clientelismo.
Pero más sutilmente, el lenguaje indigenista reemplaza términos: población por pueblo; tierras por territorio. Poco a poco, se pone en juego la soberanía.
Basta medir el valor turístico, comercial o productivo de los lotes que estas comunidades apócrifas ocupan, en Salta, en Neuquén o en Chubut, para percibir lo que está en juego.
Los pueblos indígenas, así como los criollos, viven en un país donde la mitad de los niños y adolescentes son pobres.
El INAI debería apuntar en esta dirección y olvidarse un poco de los dogmas que instalan los antropólogos urbanos, más preocupados por las “etnias” que por los seres humanos que forman parte de esas etnias.