El exobispo de Orán Gustavo Zanchetta, investigado en el fuero penal y por el derecho canónico por denuncias de abuso sexual, ahora está puesto bajo la lupa por desmanejos económicos con propiedades de la Iglesia y con fondos estatales mientras estuvo a cargo de ese obispado.

Los desmanejos económicos endilgados a Zanchetta son, por un lado por ventas de propiedades eclesiásticas a menor precio que el de mercado sin ser asentadas. Y por otro lado, se advierten los fondos estatales "manejados discrecionalmente". En este sentido, se presentó una denuncia formal ante el actual obispo de Orán, Luis Scozzina. En la acusación se advierte sobre las subvenciones estatales que recibía el Instituto Superior de Formación Docente N´ 8219 "Monseñor Muguerza", que instruía a seminaristas y maestras de religión.

La denuncia asegura que se recibían aportes estatales para un curso que nunca habría existido: el 4A. Las acusaciones involucran no solo al exobispo Zanchetta, sino a otros trabajadores del instituto: curas y laicos, quienes habrían cobrado por horas de enseñanzas que nunca habrían dictado.

"Eso tiene que hacerse una denuncia, robaron a carrada. Le robaban al estado y a la iglesia. Hay un libro que no coincide con lo que dicen que entregaron con lo que entró. Se llevaron la plata", aseguró un hombre cercano al obispado que apuntó además contra el exrector del instituto y la excoordinadora que fueron designados por Zanchetta.

El instituto Monseñor Muguerza fue fundado por el exobispo Colombo. Ofrecía la carrera en terciario para profesorado en ciencias religiosas y teología. "Nace para tener un instituto de formación, para capacitar a las maestras de religión y que puedan tener un título, porque hasta el momento solo había un curso. A su vez, el instituto servía para la formación de los seminaristas que iban a estar allí hasta tercer año", contó la mujer que expuso los desmanejos con los fondos públicos estatales ante el obispado de Orán y que pidió mantenerse en reserva.

Los seminaristas se formaban junto a los laicos que se preparaban para ser docentes de religión en las instalaciones del colegio del Huerto pero bajo la administración y enseñanza a cargo del Instituto Monseñor Muguerza. Los laicos estaban agrupados bajo la división B y los futuras curas en la A.

"Cuando viene Zanchetta a Orán, no quería que estén con los laicos, entonces hace un acuerdo con el gobernador que hace una bajada de línea con el ministro y autorizan la mudanza", contó la mujer refiriéndose al traslado de los seminaristas hacia el nuevo edificio, el seminario San Juan XXIII que construyó Zanchetta con fondos estatales. "La división A de los seminaristas comienza a trabajar por la mañana, en el seminario, pero los profesores seguían perteneciendo al instituto Muguerza", explicó la mujer.

Entre los cambios introducidos por el entonces nuevo obispo, se decidió cambiar a la representante legal, la coordinadora y el rector, el cual es reemplazado por un sacerdote.

La denunciante, que conoce los movimientos administrativos por ser trabajadora de los colegios del arzobispado, indicó que los fondos estatales asignados al Instituto Muguerza se destinan para el pago de sueldos del personal administrativo y los docentes, algunos de ellos también sacerdotes. Mientras que los demás costos se financian, señaló, con las cuotas que pagan los alumnos a un bajo costo, que hoy ronda los $400.

A pesar de los fondos estatales y privados recibidos, los números del instituto daban en rojo: "había que sacar de los otros colegios (a cargo del obispado) para poder pagar a los profesores del Muguerza porque no daban los números",contó la denunciante, al mismo tiempo que destacó que en algunas divisiones no habían más de dos alumnos: "Habían 5 chicos de los que quedaron 2, del otro grupo eran 4 y quedaron 2. Los cursos eran para 2 o 3 alumnos", resaltó.

Los seminaristas se formaban en Orán durante 3 años y luego continuaban sus estudios en el seminario de Salta o Tucumán.

Con la intempestiva salida de Zanchetta del obispado oranense, la iglesia realizó una auditoría en el instituto Muguerza del que habría surgido un importante faltante de dinero: "Era de casi 500 mil pesos, solo de las cuotas nada más, desde que se fue Zanchetta, hasta que vino el nuevo obispo Scozzina. Si eso se robaron en ese tiempo, no me quiero imaginar lo que se robaron antes”, advirtió un testigo de la auditoría eclesiástica, quien pidió también mantenerse en reserva. 

Fragmento de la denuncia formal que asegura que el curso subvencionado no existía. 

“Es verdad que faltó ese dinero en esa inspección. El casi medio millón de pesos saltó en 2017”, añadió la mujer que realizó la denuncia formal. La denunciante se había jubilado de la administración de varios colegios a cargo del Obispado cuando Zanchetta llegó a Orán y le ofreció un cargo en el Instituto Muguerza en el que duró un mes. Adujo que renunció por “la soberbia” de su jefe. 

Con Zanchetta lejos de Orán, la mujer regresó a trabajar al Instituto y detectó las primeras irregularidades: “Me entero que no se rendía el dinero de las cuotas. Administrativos del Obispado me mostraron los papeles y me dijeron que faltaban 490 mil pesos”.
Una vez que el exobispo estuvo instalado en Roma, se decidió cerrar el seminario y se comenzó a liquidar el sueldo a los docentes que trabajaron allí. En esa oportunidad, la mujer advirtió una segunda inconsistencia contable: que el Instituto percibía subvenciones estatales por un curso de seminaristas que “nunca existió”.

“Cuando me dicen que van a cerrar agarro las planillas para indemnizar a los profesores por el primer año que ya se cerraba, no me querían entregar las planillas”, relató. Con los papeles en mano, la mujer advirtió que había un curso 4A pero que solo existía de nombre. “No existía una división A”, aseguró la mujer en la denuncia oficial que obra en manos del obispo Scozzina. Según se especifica en el documento, en dicha división deberían haber asistido dos seminaristas que se encontraban estudiando en el seminario de Salta.

La mujer contactó a la contadora del Instituto, al exrector y al preceptor para cruzar datos. Con planillas de liquidaciones de sueldos y de pago firmadas, más la confirmación de otros trabajadores y autoridades de que ese curso nunca existió, decidió cursar la denuncia formal. 
“Cumplido esto, ante una evidente irregularidad administrativa y contable, y ante la posible existencia de dolo, dejé de investigar ya que no me correspondía a mí hacerlo, sino dejar a su criterio las determinaciones a tomar, debido a la gravedad de los hechos y las personas involucradas”, concluyó su denuncia. 

El obispo de Orán Luis Scozzina y el arzobispo de Tucumán Carlos Sánchez viajaron en los últimos días a Roma. 
“Yo le di una carpeta a Scozzina, que espero la haya llevado a Roma. Quiero creer en él de que vamos a solucionar esto”, señaló la mujer que asegura ser consciente de que debe ir a la Justicia, aunque antes, indicó, decidió darle “la oportunidad a la Iglesia. ¿Cómo hacés para no dañarla? Hay que sacar de la Iglesia a esta gente. Quiero que Zanchetta tenga el castigo que se merece , que Dios lo perdone, pero que la ley también actúe”, argumentó. 

Fuentes cercanas al Obispado aseguran que, además de esta última denuncia registrada, otra extrabajadora del Instituto Muguerza también había denunciado las irregularidades económicas. Habría puesto en aviso a los dos obispos que reemplazaron a Zanchetta, a Andrés Stanovnik primero y Luis Scozzina después.

La denunciante aseguró que enfrentó a algunos laicos por los supuestos pagos indebidos: “Algunos dijeron que no sabían que estaban cobrando por esas horas. Puede ser, porque algunos cobraban muy poco, como un cura que supuestamente iba a dar 3 horas de clases en un cuatrimestre. Yo le dije al padre que cobraba por 7 horas cuando eran 4. Algunos no lo percibieron, otros sí, los que cobraban 13, 14 horas y ahí sí se nota. Zanchetta también figuraba como profesor del 4A. Los que más cobraban eran los organizadores de esto, después le tiraban horitas a los demás que se hacían imperceptibles”, advirtió.
Las subvenciones estatales no se habrían direccionado exclusivamente a las carreras del Instituto, sino que además habrían financiado talleres extracurriculares que tampoco se habrían dictado: “Una laica me dijo: ‘¿Ahora que se va Zanchetta, qué haremos con los talleres?’. Le pregunté a otra persona que supuestamente daba el taller si cobró por dar el taller y me dijo que sí cobró, pero que no los dio. Le dije por qué no avisó, que puede haber malversación, que si viene la plata y la actividad no se hace, se puede usar para algo bueno y que yo ya había hecho la denuncia”, amplió la mujer de identidad reservada.

En las denuncias que promovieron en el 2016 cinco sacerdotes de Orán, se acusó a Zanchetta de abusos sexuales a seminaristas y desmanejos económicos: “Nos preocupa una relación demasiado estrecha y manifiesta del señor obispo con el Gobierno provincial y municipal. Este financia al obispado con grandes montos de dinero (manejados discrecionalmente por el señor obispo), por lo que, entre otras cosas, monseñor, en tiempo de elecciones provinciales, sugirió a los seminaristas ‘nosotros somos oficialistas y deben votar por el gobernador’”, advertían los religiosos en el documento que publicó El Tribuno en febrero. 

Luego de una segunda denuncia, en el 2017, se trasladó al exobispo a Roma y se le creó un cargo dentro de la inmobiliaria del Vaticano. Los abusos sexuales cursan su proceso en el fuero penal con la fiscal Soledad Filtrín a cargo, quien ya solicitó que se llame a Zanchetta a la audiencia de imputación. 
Mientras, se señala que en el proceso canónico se terminaron de recolectar las pruebas por las denuncias de abuso. Las actuaciones eclesiásticas ya habrían sido giradas a Roma para que la Congregación para la Doctrina de la Fe, en base a los elementos presentados, decida si se hará el juicio canónico por el que Zanchetta puede terminar expulsado de la Iglesia.

Concluida las investigaciones por abuso, el arzobispo de Tucumán Carlos Sánchez, designado por el Vaticano para investigar el caso, ahora se dispondría a desenmarañar los “manejos discrecionales” denunciados por sacerdotes y laicos. 
 

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