A partir de ahora,  pirotecnia sonora  cero en la ciudad

El Concejo Deliberante capitalino avaló ayer por unanimidad la ordenanza ad referéndum que envió la Intendencia para prohibir la venta de pirotecnia sonora en el municipio de la ciudad de Salta.

En el recinto, concejales oficialistas remarcaron que el tema fue analizado ampliamente en el Concejo Deliberante.

En esta línea, rechazaron que se trate de una decisión arbitraria la adoptada desde la Intendencia. Recordaron que la decisión de Sáenz respondió a numerosas peticiones de asociaciones que nuclean a pacientes con TEA y fibromialgia, de mascotas y vecinos en general.

Durante el debate se hizo notar que la ordenanza no prohíbe la actividad, sino que regula la venta sobre productos de alto estruendo.

De esta manera, no se menoscaban derechos de terceros, animales y del ambiente, y contiene basamentos de la Organización Mundial de la Salud y de estudios médicos y veterinarios de entidades con trayectoria reconocida.

La oposición apoyó y votó a favor de la ordenanza que envió el intendente Gustavo Sáenz. No obstante, ediles opositores plantearon inquietudes y remarcaron la necesidad de no dejar de lado la situación de los trabajadores.

La concejal Lihue Figueroa advirtió que la norma no especifica qué productos se podrán comercializar. "La prohibición es solo para pirotecnia sonora; es necesario que en la reglamentación se especifique cuáles serán los productos que se podrán comercializar", sostuvo.

La concejal del PO Cristina Foffani voto a favor, pero rechazó "el método". Consideró que desde la Intendencia "hubo un uso discrecional al enviar una ordenanza ad referéndum, que es como un decreto de necesidad y urgencia". El tratamiento fue seguido por entidades que apoyan la norma por las graves consecuencias que genera el alto estruendo en personas y mascotas.

Para el sector comerciante, que también siguió con interés el tratamiento, es una actividad autorizada en todo el país. A través del Departamento de Comunicación, la empresa Cienfuegos señaló que "la solución es controlar el uso y comercialización. No incurrir en prohibiciones declamativas y cuyo impacto real es negativo".

 

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