Inspectores municipales ingresaron el pasado miércoles al barrio San Benjamín, donde intimaron a quienes ya habitan en las dos primeras etapas del loteo de Benjamín Méndez a parar -en un plazo de dos días- las obras nuevas o de ampliación ejecutadas en sus viviendas. Los vecinos fueron notificados de que, en caso de proseguir con las obras sin habilitaciones técnicas aprobadas, las actas de comprobación serán elevadas al Tribunal Administrativo de Faltas para la aplicación de sanciones.
inicia sesión o regístrate.
Inspectores municipales ingresaron el pasado miércoles al barrio San Benjamín, donde intimaron a quienes ya habitan en las dos primeras etapas del loteo de Benjamín Méndez a parar -en un plazo de dos días- las obras nuevas o de ampliación ejecutadas en sus viviendas. Los vecinos fueron notificados de que, en caso de proseguir con las obras sin habilitaciones técnicas aprobadas, las actas de comprobación serán elevadas al Tribunal Administrativo de Faltas para la aplicación de sanciones.
La actuación cayó como baldazo de agua fría sobre muchas de las 90 familias que viven allí en paupérrimas condiciones. Diez años después de que Méndez empezara a vender las parcelas sin infraestructuras básicas, servicios esenciales, catastros individuales ni escrituras, esas familias siguen dependiendo de la luz de obra y del agua de construcción.
En octubre de 2018, ante su penosa situación, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza de excepción para que puedan construir un tendido eléctrico aéreo por su cuenta, cuando el difunto responsable del loteo les había ofrecido los terrenos con cableados soterrados, todos los servicios puestos y arterias consolidadas.
En época de lluvias las calles son intransitables. Hay dos medidores de luz para casi un centenar de viviendas. El agua les llega a través una manguera conectada a una finca vecina. De los pozos comprometidos en el proyecto, no existen ni sombras.
Hasta su fallecimiento, en noviembre de 2017, Méndez vendió cerca de 600 terrenos sin contar con las más elementales habilitaciones ni certificaciones de impactos ambientales y de no inundabilidad. Tampoco se interesó en formalizar las factibilidades de servicios, los desmembramientos catastrales y los compromisos escriturales asumidos ante los compradores de lotes estafados. Con las opacas empresas que reconoció en su testamento, evadió millonarias sumas y sorteó inhibiciones. Se burló de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Dirección General de Rentas (DGR), del Ministerio Público y del Poder Judicial en casi todos sus fueros.
También enredó al Municipio capitalino con un acuerdo que suscribió en diciembre de 2008 con los entonces procurador general, Luis Giacosa, y secretario de Planificación, Raúl Kalinsky. Méndez se aprovechó de ese amañado y caído convenio para vender los lotes de Valdivia de manera ilegal, sin cumplir un solo punto de los compromisos.
Ante semejantes antecedentes, el malestar de los estafados vecinos de San Benjamín es entendible. "Estamos desamparados y nunca tuvimos una ayuda de la Municipalidad. Cada vez que fuimos a pedir un árbol, un camión de ripio o una fumigación para prevenir el dengue, nos respondieron que nada podían hacer porque somos un barrio privado. Ahora, conociendo las deplorables condiciones en que vivimos a causa de Méndez y de quienes hoy administran su sucesión, nos intiman con sanciones. Se ve que ya no nos consideran un barrio privado, porque entraron sin pedir permiso. Qué podemos hacer si ni catastros tenemos y no paramos de sufrir abusos", se quejó Felisa Márquez, una de las afectadas.
“Hubo connivencia en esta estafa gigantesca”
Un estudio recomendó a estafados que no paguen hasta que los responsables cumplan.
Humberto Vázquez
El estudio jurídico de Humberto Vázquez, actual diputado radical, patrocina desde hace tres años a cien de las familias que fueron defraudadas con lotes en Finca Valdivia. “Estamos pidiendo al juez Pablo Muiños que intime al síndico de la quiebra de la empresa Ingeniero JFB Méndez a terminar el loteo, otorgando a cada comprador de un terreno un catastro individual. También reclamamos el cumplimiento de las demás obligaciones contraídas en los boletos de compraventa, como la instalación de los servicios”, puntualizó Vázquez.
El letrado precisó que las acciones entabladas ante el Juzgado de Quiebras se centran en las obligaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento por parte del vendedor. En esa dirección, su estudio asesoró a las familias que representa a “no pagar ninguna cuota hasta que la sociedad vendedora, a través del síndico, cumpla con las obligaciones pendientes en los contratos”.
Vázquez recordó que existe en el derecho civil una excepción conocida como “exceptio non adimpleti contratus”, que significa “yo no cumplo hasta que vos cumplas”.
“La gente afectada por esta gigantesca estafa, al ir a habitar los terrenos tuvo que procurarse por sus propios medios la energía eléctrica y el agua, hacer pozos ciegos, acondicionar las calles y brindarse seguridad. Todo lo hicieron agrupándose y reuniendo dinero como podían”, recalcó el abogado, y cuestionó que “los controles del municipio no funcionaron. No de ahora, sino de antes, desde el inicio de los lotes, hace una década atrás, porque no se puede permitir la comercialización de terrenos sin tener ninguna habilitación ni certificado de aptitud. Mucha gente que fue a comprar un lote de buena fe terminó estafada por la ausencia de controles, la inacción de la Justicia y la connivencia de funcionarios públicos”, sostuvo Vázquez.