“El cambio climático trastoca todas las variables y tiene que ser tratado de manera transversal”

Hace dos semanas el Senado de la Nación, por unanimidad, dio media sanción a la Ley de Presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Este proyecto, presentado por el senador nacional Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), establece herramientas para que el país enfrente uno de los problemas más urgentes de la humanidad, y fija obligaciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El mismo día, la Cámara Alta declaró la emergencia climática y ecológica, un proyecto que presentó Solanas y que fue propuesto por la agrupación Jóvenes por el Clima y la AlianzaXelClima. La Argentina es el decimoséptimo país en lograr esta declaración y el primero en Latinoamérica.

“Para enfrentar un problema, lo primero que hay que hacer es reconocerlo”, expresó Enrique Viale, abogado ambientalista y asesor legislativo de Solanas, al hablar con El Tribuno. Desde hace muchos años acompaña como letrado distintas luchas socioambientales que se dan en el país. Como asesor del senador nacional, impulsa normas y legislaciones relacionadas con la protección de la naturaleza. 

Viale reflexionó sobre la importancia de que la Argentina cambiara sus modelos productivos, para que fueran compatibles con los ciclos de la naturaleza, y los modelos de generación de energía, para dejar atrás los combustibles fósiles y pasar a un paradigma de energías renovables. “Hay que repensar todo”, aseguró.

¿En qué consiste el proyecto de ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global?

El proyecto empezó hace un poco mas de tres años, cuando lo presentamos con el senador Pino Solanas, que es el autor. Venimos desde entonces tratando de lograr dar este debate. Pasó por asesores, se mejoró y terminó con esta media sanción. Como fue por unanimidad, tenemos confianza de que se pueda votar en Diputados.

¿Por qué decidieron hacer este proyecto?

Uno de los mayores desafíos de la humanidad y, por supuesto de la Argentina también, es el cambio climático. Está trastocando todas las variables y tiene que ser tratado de manera transversal. El cambio climático genera eventos climáticos extremos: sequías, inundaciones, cambios de clima y necesita urgente tener políticas de Estado que trasciendan las administraciones de turno. Por eso nos parecía fundamental una ley, que hace que se convierta en una verdadera política de Estado. Incluso que las provincias tengan su política. Esta es una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que está basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional y establece su obligatoriedad también para las provincias. Si sale esta ley van a tener que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático.

¿Qué significa que sea de presupuestos mínimos?

El segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución es el que, a partir de la reforma de 1994, estableció este tipo de normas. Presupuesto no hay que confundirlo con dinero, sino con una especie de estándares mínimos. Es un tipo de norma que es aplicable en todo el país y que es un piso de protección. Las provincias no pueden hacer leyes menos protectoras, sino más protectoras. La ley de bosques es una ley de presupuestos mínimos; la ley de glaciares también.

En el NOA y en Salta, en particular, ¿tienen detectados los problemas más urgentes en materia ambiental?

Sí, hay problemas muy graves, pero creo que, por excelencia, la deforestación. Salta tiene gravísimos problemas con el desmonte y la deforestación para la actividad ganadera o agrícola. La soja u otros cultivos terminan desplazando el bosque nativo y generando un impacto que es terrible. Esto es gravísimo en materia ambiental. La zona del Gran Chaco argentino, que incluye a Salta, es una de las zonas con mayor deforestación a nivel mundial. Es el hábitat del yaguareté, del cual en esa región quedan menos de 20 ejemplares: una muestra de la ruptura de los ecosistemas.

Este proyecto puede generar oposición de las empresas que dicen que necesitan producir más o generar más trabajo o desarrollo...

Creemos que es mentira el enfrentamiento entre ambiente y trabajo. Nosotros decimos: sin justicia ecológica no hay justicia social, y viceversa. Los mayores afectados por la degradación de los ecosistemas y de la naturaleza son los sectores más vulnerables de la sociedad. Son los que más sufren los embates de la sequía o de una inundación. Si queremos justicia social hay que también tener justicia ecológica. Hay que empezar a tener modelos productivos que sean compatibles con los ciclos de la naturaleza. Eso es fundamental, porque siguen siendo los sectores más excluidos los más perjudicados por la degradación ambiental.

¿Qué implica para la Argentina declarar la Emergencia Climática y Ecológica?

Para enfrentar un problema lo primero que hay que hacer es reconocerlo. El proyecto de declaración exhorta al Poder Ejecutivo a reducir los gases de efecto invernadero que produce la Argentina sobre la base de los lineamientos de un ente formado por miles de científicos de todo el mundo, que es el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), que en 2018 hizo un documento muy crítico, diciendo que hay que reducir los gases de efecto invernadero del mundo. Si no, vamos a una situación de absoluto descontrol, en la que el clima será totalmente impredecible. Las consecuencias las sufrirán miles de millones de personas... Hay que empezar a tomar medidas mucho mas drásticas en relación con el cambio climático.

¿Qué camino debe tomar la Argentina para disminuir los problemas relacionados con el cambio climático?

Tiene que repensar sus modelos productivos, para que sean compatibles con los ciclos de la naturaleza. Repensar el modelo de agronegocio, que avanza sobre bosques nativos, sobre territorio indígena y sobre territorio campesino, y empezar a producir. Volver a una agricultura con agricultores, salir de los agroquímicos, empezar a producir alimentos sanos, seguros y baratos. Repensar el modelo productivo en relación con la energía y empezar a pensar en una política de Estado muy fuerte en relación con las energías renovables, que no solo son compatibles con la naturaleza, sino que también puede generar cientos de miles de puestos de trabajo: una verdadera revolución de trabajo, pero, bueno, hay que repensar todo.

¿Cuál es su postura en relación con Vaca Muerta?

Yo soy muy crítico de Vaca Muerta desde hace mucho tiempo. Fuimos de los primeros que empezaron a señalar -ya por 2013- lo que significaba. Son hidrocarburos no convencionales que necesitan el “fracking”, la fractura hidráulica, una técnica muy controvertida y muy cuestionada en todo el mundo, prohibida en otras partes del planeta por lo altamente contaminante. Por el cambio climático, hay una tendencia mundial a empezar a salir de los combustibles fósiles y Vaca Muerta significa más quema de combustibles fósiles. Somos muy críticos por esas dos razones y, además, porque creemos que es una gran burbuja. Vaca Muerta no cierra ni ambiental ni económicamente. Está enormemente subsidiada. Las petroleras que están ahí reciben subsidios que podrían ir a las energías renovables o a otras zonas de la economía, lo que sería mucho más redituable.

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