Myriam Sánchez puso en venta su casa en villa Soledad. Con una hija que tiene su vida atada a medicamentos que no le llegan desde abril, no le quedó otra opción. A Vanina le diagnosticaron una cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar irreversible a los tres años. Su dieta es carísima, tiene anemia crónica y toma 400 pastillas por mes.
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Myriam Sánchez puso en venta su casa en villa Soledad. Con una hija que tiene su vida atada a medicamentos que no le llegan desde abril, no le quedó otra opción. A Vanina le diagnosticaron una cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar irreversible a los tres años. Su dieta es carísima, tiene anemia crónica y toma 400 pastillas por mes.
Su vida está atada a cuatro medicaciones. La más cara y crucial, Usenta (Bosentán), cuesta $155.000. La caja, de 60 comprimidos, le dura un mes. A la última se la consiguió Jorge David, el sandwichero más famoso de Salta, pero ni siquiera su inmenso corazón puede ya garantizarle a Vanina las pastillas que están por las nubes. Hoy tomará las últimas que le quedan.
Incluir Salud le cerró las puertas a su esperanza hace cuatro meses. Un amparo, resuelto en noviembre de 2015 por la Justicia Federal, obligó al programa estatal de salud a suministrarle el medicamento, pero las entregas fueron interrumpidas en marzo, pese al fallo.
Su madre, atragantada de angustia e impotencia, decidió vender el techo que comparten con Vanina desde hace más de 30 años. "No tengo opción: es la vida de mi hija!", exclamó Myriam.
Así son muchos de los calvarios que encierran cientos de causas tramitadas en la Justicia Federal por reclamos de medicamentos, prestaciones y prácticas médicas rechazados, recortados o demorados por obras sociales nacionales y sindicales.
Las demandas que se concentran en el fuero federal incluyen acciones de jubilados del PAMI y pensionados de Incluir Salud, el programa federal que suplantó al PROFE.
Oxígenodependiente
Analía Castro, de 34 años, padece hipertensión pulmonar. Pasa sus días conectada a una mochila de oxígeno. Pese a un amparo, Incluir Salud dejó de suministrarle hace seis meses los comprimidos de Bosentán. En las oficinas del programa federal le manifestaron que no podían gastar $2.400.000 por mes en una paciente. Su médico, Alberto Robredo, le recetó entonces Veletri Epoprostenol, un vasodilatador más accesible, pero desde hace dos meses tampoco lo recibe.
El pasado jueves, con una nueva presentación ante la Justicia Federal de Salta, Analía pidió que se haga cumplir el fallo del amparo. La joven denunció que en la oficina del programa le recriminaron que haya expuesto su situación en los medios. Ante los reproches, aclaró que ella es soltera y que no tiene modo de costear la mediación que, según advertencia médica, "no puede suspenderse porque existe riesgo de muerte".
En el IPSS
Los juicios de amparo presentados por afiliados del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) son resueltos por jueces provinciales.
En lo que va del año se interpusieron 82 recursos contra la obra social del sector público.
La cantidad de acciones notificadas hasta el pasado jueves duplicaba al total de las demandas del año pasado. Durante todo 2018 el IPSS enfrentó 41 demandas por remedios, prestaciones y prácticas médicas.
En el llamativo salto pesaron, fundamentalmente, reclamos por prestaciones a personas discapacitadas a valores ajustados a la Ley nacional 24.901. Esa norma, a la que adhirió la mayoría de las provincias, facultó al gobierno nacional a determinar valores de referencia, pero Salta tiene establecido un sistema de atención integral propio, a través de la Ley 7.600. Esta normativa contempla las mismas prestaciones del nomenclador nacional, pero a valores acordados por el IPSS con los prestadores.
En la masa de afiliados de la obra social hay 6.000 personas con discapacidad, de las que 3.700 figuran como consumidoras de prestaciones encuadradas en la Ley 7.600. El 98% de los prestadores factura sus servicios en función del marco normativo provincial, pero jueces salteños, ante algunos amparos, ordenaron al IPSS cubrir las prestaciones a valores nacionales, sin considerar los factores diferenciales ni la propia autonomía provincial.
En el fuero federal hay cientos de amparos de jubilados y pensionados. Archivo
En este contexto, desde enero se iniciaron 43 juicios por diferencias de valores en prestaciones por discapacidad.
En la grieta judicial, operadores de la región central del país parecen haber visto en Salta un terreno fértil para ampliar sus facturaciones con juicios que raras veces se rechazan.
Algunos magistrados, con un análisis lineal de tratados internacionales que Argentina incorporó a su Constitución, conceden los amparos de modo casi automático. Por eso, en las causas tramitadas resaltan, a la par de justas demandas, claros aprovechamientos.
En lo que va del año se presentaron 8 demandas de amparo para acceder a leche medicamentosa con un 100% del costo cubierto por el IPSS. Para la generalidad de los afiliados que tienen hijos con intolerancia a la lactosa la cobertura está establecida en el 80%.
Los demandantes que acceden a leches con formulación especial sin costo son, en la inmensa mayoría de los casos, profesionales o personas de alto poder adquisitivo, relacionadas con el Poder Judicial e incluso ligadas a éste.
Burocracia
La burocracia también resalta en los expedientes. Este año cinco amparos se interpusieron por deficientes respuestas o demoras administrativas. También se iniciaron acciones judiciales para contar con acompañantes terapéuticos las 24 horas en viviendas familiares (11 demandas), derivaciones (7), prótesis (5), medicaciones oncológicas (5), internaciones (3), cirugías (2), afiliaciones (2), requerimientos de cardiodesfibrilador (1) y neuroestimulador (1), pedido de estudios genéticos (1) y fertilización asistida (1). También salió un fallo judicial que obliga al IPSS a suministrar a un niño que padece atrofia muscular espinal (AME) un medicamento, Spinraza, de altísimo precio. Tiene un costo de 750 mil dólares, en el primer año de tratamiento, y de 300 mil dólares en los siguientes.
Preocupa el impacto de las demandas
La judicialización de la salud y su impacto preocupan cada vez más al Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra).
De hecho, serán el eje temático del II Congreso Nacional que se realizará el 5 y 6 de septiembre en Puerto Madryn (Chubut).
El Cosspra es una institución civil sin fines de lucro que nuclea a las 24 obras sociales provinciales. Todas suman 7,2 millones de afiliados. Martín Baccaro, el titular del Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPSS), preside el Consejo.
Reproducción asistida
Los tiempos en que la reproducción asistida ocupaba los primeros planos en los amparos quedaron atrás. Desde enero solo se presentó una demanda contra el IPSS.
La explicación de la merma se remonta a octubre de 2016, cuando la Corte Suprema falló sobre la cantidad de tratamientos de alta complejidad que deben cubrir las obras sociales y prepagas.
Aquel pronunciamiento confirmó una resolución de la Cámara Federal de Salta, que había adoptado el temperamento de que sean tres en total los tratamientos de alta complejidad.
Hasta entonces la Ley 26.862 se había prestado a interpretaciones discordantes.
Las demandadas planteaban que estaban obligadas a cubrir hasta un máximo de tres tratamientos de alta complejidad de por vida. Demandantes, por su parte, insistían en que el impreciso texto de la ley habilitaba a una mayor cantidad de intentos con técnicas de alta complejidad, lo que la Corte finalmente rechazó.